REGIÓN
Organización delincuencial expedía licencias de conducción de manera irregular en Boyacá
La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el actuar de una organización delincuencial que a través de un centro de enseñanza automovilística, ubicado en Villa de Leyva (Boyacá), al parecer, expedía de manera irregular certificados de idoneidad para obtener licencias de conducción.
Por estos hechos, fueron judicializadas siete personas por los delitos de acceso abusivo a medio informático, obtención de documento público falso y fraude procesal. Ninguno de los procesados aceptó cargos.
Se detectó que la organización, al parecer, utilizó métodos fraudulentos para certificar a personas que no habían recibido la capacitación necesaria, poniendo en riesgo la seguridad vial y la integridad del sistema de tránsito.
Los involucrados, incluyendo la representante legal, instructores y personal administrativo, habrían aprovechado su acceso al sistema informático del Ci2 y del RUNT para certificar personas que no cumplían con los requisitos legales.
Las investigaciones iniciaron desde 2023, luego de que 14 estudiantes acudieron ante las autoridades a verificar la autenticidad de sus licencias de conducción, allí se establecieron las posibles irregularidades y los roles de los involucrados.
Viviana Marcela Sánchez Morales, la representante legal, presuntamente ofrecía los servicios, programaba las horas teórico-prácticas y certificaba que los aspirantes habían cumplido con la capacitación. Por su parte, el instructor ejercía su función sin cumplir con los requisitos legales para hacerlo.
Entre las modalidades con las que atraían a los posibles aprendices se encontraba la denominada ‘Venga una vez’, con la cual los aspirantes solo dejaban su fotografía y huella digital por una sola vez y no tenían que completar la intensidad horaria.
De igual manera, ofrecían la posibilidad de que los aspirantes asistieran a colocar su huella en un lector biométrico y la posibilidad de ser certificados en una sucursal diferente a la que corresponde a ese centro de enseñanza.
Con esta maniobra la escuela de conducción evitaba el pago de gastos fijos como mantenimiento de los vehículos, impuesto de rodamiento, gasolina y pago a instructores.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en lugar de residencia a Viviana Marcela Sánchez Morales, mientras que los demás procesados continuarán vinculados al proceso.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
