CASANARE
Ordenan suspender contrato firmado entre el IFC y REASERFIN para cobro de créditos educativos
El Tribunal Administrativo de Casanare decretó la suspensión provisional del contrato firmado entre el Instituto Financiero de Casanare y la empresa REASERFIN, mediante el cual se realizó el inventario, depuración, organización y cobro de cartera del convenio suscrito entre el Departamento y el ICETEX para financiar el Fondo de Educación Superior FESCA.
Dentro de la misma decisión se ordena al Gerente del IFC que adopte de inmediato las medidas administrativas necesarias para suspender la ejecución del mencionado Contrato, así como suspender el pago de las cuentas de cobro presentadas por el contratista. Se ordena de igual manera, compulsar copias de todo la actuación contractual a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación.
La demanda del mencionado y polémico Contrato fue instaurada por el Procurador 182 judicial Administrativo de Yopal, por considerar que el mismo desconoce el ordenamiento jurídico, ya que se trata de un contrato de prestación de servicios que se suscribió con un particular para la recuperación de los créditos educativos, en el cual se pactó el pago del 20% del dinero recuperado, sin tener en cuenta que la fuente de dichos créditos eran regalías petroleras, por ende tales recursos no pueden ser destinados para pagar gastos de funcionamiento, como sucedió en este caso.
Considera de igual manera el Procurador 182 judicial Administrativo de Yopal, que dicho negocio jurídico pone en riesgo la viabilidad financiera del IFC, por cuanto al no poderse pagar el contrato con el dinero recuperado, la entidad tendría que asumir el pago con cargo a sus recursos propios, pese a que los créditos fueron colocados por el Departamento.
Actualmente el IFC no ha cancelado las cuentas presentadas por el contratista REASERFIN por valor superior a $200 millones de pesos, teniendo en cuenta que como lo señala la demanda, estos son recursos de regalías con los cuales no se podrían cancelar gastos de funcionamiento. El contrato con REASERFIN fue firmado en el año 2015.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Capresoca firmó contrato con el HORO para servicios de mediana y alta complejidad
Capresoca EPS informa a sus usuarios que se encuentran garantizados los servicios de mediana y alta complejidad contemplados en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), a través de Contrato suscrito con el Hospital Regional de la Orinoquía – HORO.
Con la firma de este contrato, más de 160 mil afiliados de los 19 municipios del departamento de Casanare cuentan con cobertura para el acceso a servicios de salud de segundo nivel de complejidad, conforme a la capacidad instalada y los servicios debidamente habilitados por el prestador, de acuerdo con la normatividad vigente.
La población afiliada a Capresoca EPS puede acceder a consultas especializadas, ayudas diagnósticas, servicios de laboratorio clínico y procedimientos médicos y quirúrgicos de segundo nivel de complejidad, incluidos únicamente dentro del portafolio de servicios habilitado ante la autoridad sanitaria competente, ratificando el compromiso de la entidad con la cobertura, oportunidad y calidad en la atención en salud.
Se invita a los usuarios a realizar el agendamiento de sus consultas y procedimientos, comunicándose al número de contacto habilitado por el Hospital Regional de la Orinoquía: 300913 26 63.
“Desde Capresoca EPS avanzamos en la consolidación de una red integral que responda a las necesidades en salud de nuestros afiliados. Muestra de ello, es que estamos garantizando los servicios de mediana complejidad con la red pública, dando continuidad a la atención médica”, expresó Betty Cecilia Anaya Nieto, Agente Especial Interventora.
CASANARE
Deuda de Enerca con Sayop sigue creciendo, ya son cerca de $9 mil millones de pesos
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.


