CASANARE
Ordenan a Corporinoquia restituir cauce del río Pauto afectado por un canal
En decisión de primera instancia, el Juzgado Promiscuo de Familia Paz de Ariporo ordenó a Corporinoquia, que en un término de 15 días restituya el cauce del río Pauto, afectado por el canal Asopauto II que dejó sin el vital líquido a los pobladores del sector conocido como El Garzón, de la vereda La Plata del municipio de Pore.
Señala la decisión judicial, que obedece a una Acción de Tutela instaurada por el Personero Municipal de Pore, Carlos Humberto Tibaduiza, que se debe garantizar el flujo de agua adecuado para la conservación del ecosistema y la garantía de los derechos de los mencionados pobladores, ubicados aguas abajo del mencionado canal.
Señaló el Personero Municipal de Pore en su demanada, que “esta situación siempre se ha colocado en conocimiento de las autoridades municipales y de Corporinoquia, sin que se haya recibido respuesta contundente frente a la vulneración de los derechos acotados”.
En la contestación de la demanda de tutela, Corporinoquia indicó que ha venido actuando ante tal situación, señalando que está aperturado un proceso sancionatorio contra ASOPAUTO, lo que evidencia que no existe omisión por parte de la Corporación ante la problemática presentada.
En visita técnica realizada el 10 de enero de 2020, Corporinoquia constató que la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de gran escala – ASOPAUTO, a través de la construcción de jarillones se encontraba realizando captación ilegal de las aguas del río Pauto para alimentar cultivos de palma y arroz, por lo que dicha entidad como máxima autoridad ambiental y garante de la protección al medio ambiente, aperturó el mencionado proceso sancionatorio contra ASOPAUTO.
Así mismo, el Juzgado le ordenó a Corporinoquia, que en un término de 20 días adelante un nuevo estudio técnico que conduzca a determinar los límites permitidos de captación de agua por parte de Asopauto.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Capresoca EPS informa a sus usuarios que se encuentran garantizados los servicios de mediana y alta complejidad contemplados en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), a través de Contrato suscrito con el Hospital Regional de la Orinoquía – HORO.
Con la firma de este contrato, más de 160 mil afiliados de los 19 municipios del departamento de Casanare cuentan con cobertura para el acceso a servicios de salud de segundo nivel de complejidad, conforme a la capacidad instalada y los servicios debidamente habilitados por el prestador, de acuerdo con la normatividad vigente.
La población afiliada a Capresoca EPS puede acceder a consultas especializadas, ayudas diagnósticas, servicios de laboratorio clínico y procedimientos médicos y quirúrgicos de segundo nivel de complejidad, incluidos únicamente dentro del portafolio de servicios habilitado ante la autoridad sanitaria competente, ratificando el compromiso de la entidad con la cobertura, oportunidad y calidad en la atención en salud.
Se invita a los usuarios a realizar el agendamiento de sus consultas y procedimientos, comunicándose al número de contacto habilitado por el Hospital Regional de la Orinoquía: 300913 26 63.
“Desde Capresoca EPS avanzamos en la consolidación de una red integral que responda a las necesidades en salud de nuestros afiliados. Muestra de ello, es que estamos garantizando los servicios de mediana complejidad con la red pública, dando continuidad a la atención médica”, expresó Betty Cecilia Anaya Nieto, Agente Especial Interventora.
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
