El Tribunal Administrativo de Casanare volvió a poner contra las cuerdas a las autoridades responsables de la disposición final de residuos en Yopal y la región. En un auto del 2 de octubre de 2026, dentro del proceso de acción popular que lleva más de una década, el despacho concluyó que las órdenes judiciales encaminadas a lograr una solución definitiva continúan materialmente incumplidas.
La preocupación central está en el agotamiento de la capacidad de El Cascajar, en la vereda La Niata, particularmente de la estructura actualmente activa. Corporinoquia reportó problemas relacionados con lixiviados, estabilidad y deficiencias en el cierre de algunas trincheras, mientras que dentro del expediente se advierte que la capacidad de la Trinchera 11 está próxima a agotarse.
Las órdenes concretas del Tribunal
1. Plan regional de contingencia en 15 días
El Tribunal ordenó a la Alcaldía de Yopal, EAAAY, Gobernación de Casanare y Acuatodos presentar, en un plazo máximo de 15 días calendario, un Plan Regional de Contingencia que garantice la continuidad de la disposición final de residuos si se agota la capacidad de la Trinchera 11 o de cualquier otra estructura activa. El plan deberá identificar rellenos sanitarios con capacidad disponible, negociar cupos, establecer qué municipios podrían ser redistribuidos y fijar responsables y fechas concretas para ejecutar las medidas.
2. Inspección sanitaria y ambiental inmediata en La Niata
El Municipio de Yopal, con su Secretaría de Salud y Corporinoquia, deberá realizar inspecciones sanitarias y ambientales en el sector de El Cascajar y elaborar un plan de mitigación frente a olores, vectores, lixiviados, disposición de residuos, estabilidad de las estructuras, cobertura, paisaje, vegetación y manejo de aguas lluvias y escorrentías. El informe deberá presentarse en un término de 10 días.
3. Un informe único sobre la solución definitiva
El Comité de Verificación, bajo la presidencia de la Gobernación de Casanare, tendrá cinco días para presentar un informe consolidado que precise cuál es la solución definitiva, qué predios están involucrados, en qué estado se encuentran los proyectos, cuáles permisos y licencias hacen falta, cuánto dinero se requiere y de dónde saldrán los recursos. Además, deberá establecer un cronograma cierto y verificable para ejecutar y poner en funcionamiento la alternativa escogida.
El Tribunal fue enfático en que ese informe no puede limitarse a relacionar reuniones, estudios, consultorías o trámites administrativos. La corporación exige decisiones concretas orientadas a identificar, financiar, ejecutar y poner en operación una solución permanente.