CASANARE
Concejo de Yopal negó objeciones del Alcalde al Proyecto de alivios tributarios
La plenaria del Concejo de Yopal negó las objeciones presentadas por el alcalde Leonardo Puentes, al Acuerdo mediante el cual se modifica el Estatuto de Rentas y se adoptan alivios tributarios para los contribuyentes de la capital casanareña.
El acuerdo que tiene como propósito aumentar el recaudo a través de la disminución de las sanciones e intereses moratorios de los impuestos municipales (predial, impuesto industria y comercio, entre otros) fue objetado por el Alcalde de Yopal por presuntos vicios de legalidad e inconsconstitucionalidad.
La Comisión Accidental, designada por el presidente de la corporación, rindió informe negativo a las objeciones; argumentando que el espíritu del Proyecto es beneficiar al municipio porque se obtendría mayor recaudo y a la comunidad porque se vería incentivada a ponerse al día con las obligaciones tributarias
¿Qué dicen los Concejales?
“En medio del estudio que se realizó nuevamente al Acuerdo, encontramos que otros Concejos aprobaron acuerdos similares en ciudades como Barranquilla, Cartagena y Popayan; estos no fueron objetados ni por los Alcaldes, ni enviados a revisión constitucional por los respectivos Gobernadores de los departamentos a los que pertenecen los municipios en mención”, manifestó el concejal José Luis Avendaño.
A su turno, el presidente del Concejo, Christian Rodrigo Pérez, mostró preocupación debido a que la esencia del proyecto fue desviada, indicó: “Es notoria la contradicción de la Administración, pues no solo objetó las proposiciones presentadas por los Concejales de gobierno (Partido Verde y Polo Democrático), también objetó partes de la iniciativa original. Desafortunadamente el Acuerdo ha sido mal interpretado, se enfocaron en explicar beneficios tributarios y no en la esencia del Acuerdo, que es la depuración contable”.
Por su parte el concejal Fabio Suárez manifestó estar de acuerdo con las objeciones, e invitó a la Administración Municipal a presentar un nuevo proyecto con modificaciones de fondo al Estatuto de Rentas del municipio.
¿Qué viene ahora?
Teniendo en cuenta que las objecciones al Proyecto se dan por presunta ilegalidad e inconstitucionalidad, el documento deberá ser remitido por parte del Alcalde al Tribunal Administrativo de Casanare dentro de los diez días siguientes, para que sea este cuerpo colegiado el que decida si viola o no la Constitución y la Ley.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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