CASANARE
Negativa de aseguradoras de expedir pólizas al PAE también afecta comunidades indígenas de Casanare
En solicitud de los pueblos indígenas del Departamento, la Secretaría de Educación atendió una mesa de trabajo en el municipio de Orocué el pasado 22 de febrero de 2023, para revisar compromisos pactados en la Mesa de Concertación de la vigencia 2022.
La preocupación actual está en la falta de prestación del Programa de Alimentación Escolar – PAE para esta población, como una estrategia no solo de acceso y permanencia educativa, sino como un programa que apoya el bienestar y nutrición de 1.919 estudiantes de instituciones educativas indígenas ubicadas en los municipios de Hato Corozal, Orocué, Paz de Ariporo y Támara.
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La comunidad está tratando de suministrar la alimentación, sin embargo desde el alcance de sus condiciones. Esta situación a causa de la negativa de expedición de pólizas o garantías contractuales por parte de las aseguradoras, que permita la legalización del contrato del PAE, son las mismas comunidades indígenas que han prestado el servicio en años anteriores en óptimas condiciones y con extrañeza manifiestan que no se les quiere expedir estas pólizas que les permite continuar prestando el servicio, estamos haciendo gestiones para que el gobierno nacional revise la situación, aseguró la secretaria de Educación del Departamento, Elisabeth Ojeda Rodríguez.
Por ahora, se espera la gestión de una mesa de trabajo por parte de Unidad Nacional de Alimentos para Aprender UAPA con la participación de actores nacionales como Ministerio del Interior, Ministerio de Educación Nacional y/o entes de control para poner en conocimiento las dificultades de los pueblos indígenas y tener esas garantías que exigen las aseguradoras y se busque una pronta solución.
Cabe aclarar que estas exigencias de garantías no son requerimientos del Departamento, sino de las empresas externas donde según lo manifestado a los pueblos indígenas, requieren de mayor solidez financiera.
Fuente: Gobernación de Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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