CASANARE
Negativa de aseguradoras de expedir pólizas al PAE también afecta comunidades indígenas de Casanare
En solicitud de los pueblos indígenas del Departamento, la Secretaría de Educación atendió una mesa de trabajo en el municipio de Orocué el pasado 22 de febrero de 2023, para revisar compromisos pactados en la Mesa de Concertación de la vigencia 2022.
La preocupación actual está en la falta de prestación del Programa de Alimentación Escolar – PAE para esta población, como una estrategia no solo de acceso y permanencia educativa, sino como un programa que apoya el bienestar y nutrición de 1.919 estudiantes de instituciones educativas indígenas ubicadas en los municipios de Hato Corozal, Orocué, Paz de Ariporo y Támara.
Lea también: Aseguradoras no quieren vender pólizas para los contratos del PAE de la población indígena
La comunidad está tratando de suministrar la alimentación, sin embargo desde el alcance de sus condiciones. Esta situación a causa de la negativa de expedición de pólizas o garantías contractuales por parte de las aseguradoras, que permita la legalización del contrato del PAE, son las mismas comunidades indígenas que han prestado el servicio en años anteriores en óptimas condiciones y con extrañeza manifiestan que no se les quiere expedir estas pólizas que les permite continuar prestando el servicio, estamos haciendo gestiones para que el gobierno nacional revise la situación, aseguró la secretaria de Educación del Departamento, Elisabeth Ojeda Rodríguez.
Por ahora, se espera la gestión de una mesa de trabajo por parte de Unidad Nacional de Alimentos para Aprender UAPA con la participación de actores nacionales como Ministerio del Interior, Ministerio de Educación Nacional y/o entes de control para poner en conocimiento las dificultades de los pueblos indígenas y tener esas garantías que exigen las aseguradoras y se busque una pronta solución.
Cabe aclarar que estas exigencias de garantías no son requerimientos del Departamento, sino de las empresas externas donde según lo manifestado a los pueblos indígenas, requieren de mayor solidez financiera.
Fuente: Gobernación de Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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