CASANARE
Negativa de aseguradoras de expedir pólizas al PAE también afecta comunidades indígenas de Casanare
En solicitud de los pueblos indígenas del Departamento, la Secretaría de Educación atendió una mesa de trabajo en el municipio de Orocué el pasado 22 de febrero de 2023, para revisar compromisos pactados en la Mesa de Concertación de la vigencia 2022.
La preocupación actual está en la falta de prestación del Programa de Alimentación Escolar – PAE para esta población, como una estrategia no solo de acceso y permanencia educativa, sino como un programa que apoya el bienestar y nutrición de 1.919 estudiantes de instituciones educativas indígenas ubicadas en los municipios de Hato Corozal, Orocué, Paz de Ariporo y Támara.
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La comunidad está tratando de suministrar la alimentación, sin embargo desde el alcance de sus condiciones. Esta situación a causa de la negativa de expedición de pólizas o garantías contractuales por parte de las aseguradoras, que permita la legalización del contrato del PAE, son las mismas comunidades indígenas que han prestado el servicio en años anteriores en óptimas condiciones y con extrañeza manifiestan que no se les quiere expedir estas pólizas que les permite continuar prestando el servicio, estamos haciendo gestiones para que el gobierno nacional revise la situación, aseguró la secretaria de Educación del Departamento, Elisabeth Ojeda Rodríguez.
Por ahora, se espera la gestión de una mesa de trabajo por parte de Unidad Nacional de Alimentos para Aprender UAPA con la participación de actores nacionales como Ministerio del Interior, Ministerio de Educación Nacional y/o entes de control para poner en conocimiento las dificultades de los pueblos indígenas y tener esas garantías que exigen las aseguradoras y se busque una pronta solución.
Cabe aclarar que estas exigencias de garantías no son requerimientos del Departamento, sino de las empresas externas donde según lo manifestado a los pueblos indígenas, requieren de mayor solidez financiera.
Fuente: Gobernación de Casanare
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
