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Municipios del Meta le apuestan a preservar las abejas

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Cormacarena con el apoyo del proyecto “Mascapaz” favoreció a 64 productores de los municipios de Mesetas, Vista Hermosa,  San Juan de Arama y Puerto Rico en el Meta, a través del proyecto de apicultura.

Estos productores se beneficiaron con capacitaciones en el manejo de abejas africanizadas, además  recibieron herramientas básicas para el manejo de apiarios, guía ambiental, libro técnico de literatura de apicultura, indumentaria y material biológico.

Mascapaz es un proyecto interinstitucional que se realizó con el apoyo de la Unión Europea que se comenzó a ejecutar en el Meta, el cual busca promover y dinamizar la actividad económica y la productividad de aquellos territorios afectados por el conflicto armado bajo criterios de sostenibilidad, fortalecer la presencia del Estado, reconstruir el tejido social y apoyar a la reincorporación social y económica de los excombatientes.

El proyecto se realizó durante el primer semestre del 2019 y con este se buscaba la preservación de las abejas, cerciorándose que haya conservación de la polinización de las especies de flora que se encuentran en los bosques y el aumento de la producción de los cultivos comerciales ya verificada en diferentes estudios.

Durante las capacitaciones se enfatizó en la conservación de la especie, donde las personas beneficiadas reconocieran la importancia de las abejas en los ecosistemas, mejoramiento de su dieta alimenticia y aprovechamiento de los predios que son utilizados para instalar las abejas.

Cormacarena manifestó que por medio de la apicultura, el productor se da cuenta que el árbol no solamente sirve como madera sino que puede ofrecer otros productos como la miel, polen y propóleos. De esta manera estos insectos se vuelven conservadores de bosques y protectores de la flora del departamento del Meta.

Con este tipo de iniciativas se fortalece otro renglón productivo en el departamento del Meta, gracias a que esta región del país posee diversos bosques y gran cantidad de fuentes hídricas que se pueden aprovechar con la actividad del manejo de las abejas, buscando posicionar al Meta como una potencia en este campo.

Fuente: Prensa y Comunicaciones Cormacarena

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A la cárcel por maltratar e intentar asesinar a sus dos hijas de 8 meses y 12 años

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Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.

Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.

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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López

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La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.

La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.

A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.

El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.

El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.

Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.

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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía

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La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.

La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.

A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.

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