REGIÓN
Mujer cabeza de hogar será compensada por predios abandonados ante amenazas de las Farc
Una mujer cabeza de hogar y madre de ocho hijos será compensada tras años de sufrimiento a causa de la violencia. Esta historia, que se desarrolla en la inspección de Los Alpes, en Medina (Cundinamarca), tuvo un final feliz gracias al acompañamiento brindado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
Medina, un municipio conocido como la ‘Puerta al Llano’, ha sido escenario de dolor por la presencia de grupos armados, tal como lo padecieron esta mujer y su esposo, quienes adquirieron hace varios años dos predios con una extensión de más de 38 hectáreas. En ellos construyeron su hogar, con habitaciones, cocina y sala para vivir con sus hijos. También desarrollaron cultivos de café y maíz.
Pero su tragedia comenzó cuando el Frente 53 de las Farc hizo presencia en la zona y decidió convocar a los pobladores a reuniones para inventariar sus bienes. Además, grupos paramilitares conocidos como ‘Los Carranceros’ y ‘Los Buitragueños’ también sembraron el terror en la vereda.
El 4 de julio de 1998 marcó un antes y un después en la vida de esta familia: la pareja de esposos fue interceptada por miembros de las Farc mientras se dirigía a uno de sus predios. Aquel día fatídico, le dijeron al hombre que debía hacerles un mandado y se lo llevaron; desde entonces, su paradero permanece desconocido. Ante el temor y los rumores sobre la instalación de artefactos explosivos en la vivienda, la mujer huyó con sus ocho hijos hacia otra ciudad.
Tras años de dolor, llega la reparación integral
Con la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011, ella decidió acudir a la Unidad de Restitución de Tierras para que llevara su caso ante la justicia. Hoy, tras la decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, se ordenó la compensación por sus tierras dada su avanzada edad y el hecho de que ya no desea regresar a la vereda.
El director territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras, Robert Gabriel Barreto Lara, informó que “la URT comprará un nuevo terreno donde la beneficiaria elija vivir. Además, la justicia impartió otras órdenes para garantizar su reparación integral mediante acceso a la oferta institucional del Estado”.
El juez también ordenó que los predios abandonados pasen a ser administrados por el Grupo Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras y, además, solicitó a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) investigar el caso del esposo.
“Nos llena de satisfacción informar sobre esta nueva sentencia de restitución, porque nos permite avanzar en la construcción de paz y justicia para las víctimas del conflicto amado en este territorio”, puntualizó Robert Gabriel Barreto.
Fuente: Comunicaciones URT
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
