META
MinJusticia llega a Villavicencio para recibir propuestas al Plan Nacional de Desarrollo
A pocas horas de iniciar el Diálogo Regional Vinculante de mañana martes a las 8:00 a. m. en el Parque de la Vida (Cofrem Calle 33ª #16ª-27) en la ciudad de Villavicencio, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) recordó a los llaneros la importancia de participar en el encuentro y presentar proyectos que promuevan y aceleren el desarrollo social, económico y cultural de la región y el país.
El director del DNP, Jorge Iván González, explicó que la entidad es la encargada de sistematizar, organizar y analizar cada una de las propuestas de los colombianos y las colombianas e incluirlas en la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Por tal razón, hizo un llamado a los llaneros a que propongan soluciones que reduzcan los altos niveles de pobreza, mejore la calidad de la educación e infraestructura en el departamento.
De hecho, el funcionario pidió a los líderes y lideresas, integrantes de organizaciones sociales, jóvenes, estudiantes, emprendedores y empresarios, trabajadores, miembros de juntas de acción comunal y comunidad en general, pensar en grandes estrategias, en proyectos con una mirada a 20 años. “Si logramos este objetivo, presentaremos un Plan Nacional de Desarrollo riguroso en beneficio de todo el país y sus regiones”, dijo.
Y agregó: “Nosotros recibiremos con mucha satisfacción las dos o tres páginas que ustedes nos entreguen con sus propuestas. Estén absolutamente seguros de que nosotros las organizamos, las sistematizamos y tratamos, en la medida de lo posible, para que esas páginas puedan reflejar aspectos fundamentales de la trasformación económica del país”.
Por su parte, el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, quien llegará a Villavicencio para presidir la realización de los diálogos, explicó: “Estos espacios tienen como objetivo convertir los intereses locales en proyectos estratégicos dentro de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, cuyas bases estarán inspiradas en las propuestas entregadas por los colombianos y las colombianas en cada uno de los Diálogos Regionales Vinculantes. Esta vez, los llaneros tiene la palabra”.
El ministro invitó, especialmente, a los habitantes de los municipios de Acacías, Barranca de Upía, Cabuyaro, Castilla La Nueva, Cubarral, Cumaral, El Calvario, El Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Granada, Guamal, La Macarena, Uribe, Lejanías, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto López, Puerto Rico, Restrepo, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama, San Juanito, San Martín, Villavicencio, y Vistahermosa. Así mismo, a los municipios de Medina, Paratebueno y Ubalá en Cundinamarca, a participar activamente en la jornada.
Los interesados pueden inscribirse en la página web del Departamento Nacional de Planeación (www.dnp.gov..co) y en la del Ministerio de Justicia (www.minjusticia.gov.co). El registro presencial se hará este martes en el Parque de la Vida – Cofrem- a partir de las 8:00 a. m. Solo es necesario presentar el documento de identidad.
Las temáticas de los diálogos
Los temas generales en los que los llaneros pueden participar y presentar sus propuestas son cinco: el ordenamiento territorial hacia la paz (¿cómo integrar los Planes de Ordenamiento Territorial entre las regiones?, ¿cómo conseguir el fin de la economía ilegal?, ¿cómo garantizar el derecho de propiedad a la tierra?).
El segundo tema es la seguridad humana y la justicia social (¿cómo fortalecer la seguridad física?, ¿cómo garantizar la seguridad social en salud, educación, empleo?).
El tercero es sobre soberanía alimentaria (¿cómo modernizar el sector agropecuario?, ¿cómo desarrollar vías terciarias?, ¿cómo lograr el fortalecimiento de la producción agropecuaria y la modernización de la agricultura?, ¿cómo evitar la concentración de la tierra?).
El cuarto tema es la transición energética y crecimiento verde con Justicia Ambiental (¿cómo generar una mayor economía verde y reducir la dependencia del petróleo y los minerales?).
El quinto es convergencia social – regional (¿cómo lograr que las brechas socioeconómicas entre las regiones se eliminen?).
¿Cómo inscribirse de forma virtual?
1.- Ingrese a www.dnp.gov.co y dé clic en la imagen Diálogos Regionales Vinculantes.
2.- Dé clic en la barra en blanco para desplegar el listado de los Diálogos con inscripción habilitada.
3.- Busque el diálogo en el que desea participar
4.- Dé clic en “Inscribirse”.
5.- Llene el formulario de registro. Importante seleccionar la temática en la que desea participar.
6.- Dé clic en “Enviar”
Fuente: Ministerio de Justicia
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
En Mapiripán, la Unidad de Restitución de Tierras implementó un proyecto productivo urbano en favor de Luis Enrique Rivera Forero, quien fue víctima de desplazamiento y abandono forzado en 1997, tras la incursión paramilitar que derivó en la masacre en ese municipio, uno de los hechos más dolorosos del conflicto colombiano.
Después de 20 años de desarraigo, y tras un proceso judicial, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia, ordenó la restitución del predio ubicado en el casco urbano. Posterior a su retorno, la Unidad implementó su proyecto productivo con una inversión de 40 salarios mínimos legales vigentes, destinados a la adecuación del local comercial y la dotación de equipos y mobiliario que fortalecen su actividad económica como tendero.
Con estos recursos, la URT le entregó una nevera, mostrador, vitrinas, estanterías, kit ambiental, báscula digital, congelador, horno microondas, surtido de víveres, insumos de cafetería y una vitrina de calefacción, además de realizar mejoras locativas en su vivienda, donde funciona la tienda.
El proyecto incluye acompañamiento técnico durante dos años, tal como capacitaciones en administración y manejo de recursos, fortaleciendo su economía. “Agradezco a la Unidad por este proyecto, que me permite sostenimiento y tener ingresos para mi subsistencia y mi vejez”, expresó Luis Enrique, quien hoy reescribe su historia desde el predio que debió abandonar hace más de dos décadas.
Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, destacó: “hemos destinado más de $3.300 millones de pesos para la implementación de 120 proyectos productivos para familias beneficiarias de restitución de tierras en el departamento, fortaleciendo sus capacidades y garantizando reparación integral”.
El caso de Luis Enrique Rivera es ejemplo de justicia restaurativa: tras haber sido víctima de desplazamiento, hoy su tienda de abarrotes es un ejemplo de superación y de cómo la restitución de tierras está cumpliendo con dignidad a las víctimas.
META
Ordenan compensar y reparar integralmente a familia que sufrió despojo de 3.400 hectáreas en Mapiripán
La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá reconoció que una familia fue víctima de desplazamiento forzado y despojo en la vereda La Cooperativa, en zona rural de Mapiripán (Meta), a manos de actores armados ilegales durante los años más crudos del conflicto armado.
El tribunal declaró su derecho fundamental a la restitución de los predios ‘La Rinconada’, ‘La Rinconada I’ y ‘La Rinconada II’, que suman más de 3.400 hectáreas, y ordenó que se realice por compensación económica y/o en equivalente ambiental, debido a las situaciones actuales de reserva forestal y exploración petrolera en la zona.
Los terrenos fueron adquiridos en 1981, cuando el jefe del hogar compró la posesión y mejoras del hato. Años después, el INCORA formalizó la adjudicación de estas tierras rurales a la familia y en 1997 expidió las resoluciones, que quedaron protocolizadas mediante escrituras públicas en febrero de 2000.
La sentencia relata que la familia vivió y trabajó los predios como una sola unidad productiva ganadera. Sin embargo, la violencia irrumpió en 1987 con la llegada de guerrilleros a la zona, quienes comenzaron a llevarse ganado. La situación se agudizó en 1997, tras la toma armada de Mapiripán y los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares, lo que obligó un desplazamiento inicial de la pareja y sus hijos hacia San Martín (Meta), si bien intentaron mantener la actividad ganadera,
el episodio más devastador ocurrió el 15 de octubre de 1999, cuando miembros del Frente 45 de las Farc, al mando de alias “Beto”, ingresaron a ‘La Rinconada II’, robaron el ganado y quemaron la casa, provocando el abandono definitivo de las tierras y el desplazamiento forzado de la familia hacia Cali.
El tribunal consideró que estos hechos configuraron también despojo, pues años después los terrenos fueron ocupados por terceros sin autorización de los propietarios legítimos. El fallo también dispuso que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) evalúe las adjudicaciones de los predios y determine si es necesaria su revocatoria para garantizar la reparación de las víctimas.
“Esta sentencia reivindica los derechos de los integrantes de esta familia, quienes fueron despojados y desplazados por la violencia en Mapiripán. Es el resultado de un trabajo jurídico riguroso de la URT, en articulación con el tribunal y las entidades del Estado, para garantizar que se haga justicia sin causar nuevos daños”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad en el Meta.
El fallo reconoce que, aunque algunos opositores no acreditaron buena fe exenta de culpa, otros campesinos en situación de vulnerabilidad deben recibir medidas de protección bajo el enfoque de “acción sin daño”, que busca no agravar los conflictos en el territorio.
Fuente: El Diario del Llano
