CASANARE
Ministro de Salud visitó Yopal y destacó avances en el Hospital Central manejado por la ESE Salud Yopal
El departamento recibió la visita del Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, junto al Viceministro, Jaime Urrego, la representante de la Superintendencia Nacional de Salud, Patricia Lozano, la subdirectora de Prestación de Servicios, Martha Chaparro, entre otros profesionales.
Los funcionarios adelantaron recorrido por la ESE Salud Yopal y posteriormente al Hospital Regional de la Orinoquía, con el objetivo de identificar desde los territorios las necesidades que tiene el sector salud.
Durante su paso por la ESE Salud Yopal, el Ministro destacó la gestión que ha realizado su gerente, Edwin Barrera, en cumplimiento de los estándares y lineamientos de calidad en cada uno de sus servicios, siendo este uno de los más representativos a nivel país.
Tras su recorrido por el Hospital Regional de la Orinoquía, el Ministro observó aspectos positivos que se han logrado bajo la dirección de la gerente, Arledy Alvarado, también evidenció la necesidad de invertir recursos para ampliar el hospital, dada la sobre ocupación que hoy presenta.
A grandes rasgos, la Secretaria de Salud, María Constanza Vega Orduz, informó que el departamento necesita que se realice el pago de la cartera pendiente que se tiene por atención a población migrante, la cual asciende a los 20 mil millones de pesos, pagos por vacunas de Covid- 19, que aún no se han realizado, además de los giros que debe el ADRESS de las personas que no tenían un seguro después de accidentarse y las deudas de las EPS con la Red de Prestadores de Servicios de Salud.
Ministerio aprobó nuevos recursos
La Gobernación venía realizando gestiones para conseguir más recursos por parte del Ministerio para los equipos de Atención Básica en Salud- APS. Es así, que el Ministerio aprobó 97 equipos de APS para el departamento, lo que equivale a un valor de más de 24 mil millones de pesos que vienen a ser ejecutados por las 4 ESES del primer nivel.
Entre otros aspectos positivos, el próximo 14 de septiembre, se estará presentando ante MinSalud dos proyectos, el Hospital de Maní y el de Villanueva, donde se espera recibir la viabilidad de los mismos y seguir avanzando para su ejecución.
Fuente: Gobernación de Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
