META
Meta, señalado por feminicidio de su pareja es investigado por desaparición de otra mujer
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Héctor Jeny Guayabo Bernal, de 50 años, presuntamente responsable de la muerte de su compañera sentimental, de 32. Los hechos ocurrieron en el barrio Hierbabuena de Villavicencio.
Información entregada por una fuente humana permitió que el pasado 6 de julio la policía de vigilancia, con apoyo de los bomberos encontró a orillas del río Guatiquía de la Vereda San José las bolsas que contenían el cuerpo de la mujer.
Según el informe entregado por Medicina Legal, la víctima falleció entre las 10:30 y 11:00 p.m. del 4 de julio anterior por asfixia mecánica, previo a esto habría recibido múltiples golpes en su cuerpo. Estos maltratos vendrían ocurriendo de manera continua.
Bajo la coordinación de un fiscal seccional de la Unidad de Vida, investigadores del CTI de la Fiscalía allanaron la vivienda donde la pareja convivió por seis meses. Allí, recolectaron elementos materiales de prueba que fueron expuestos durante las audiencias.
Al parecer, la agresión que terminó causando la muerte de la mujer obedeció a que ella no quería continuar la relación sentimental con el ahora procesado.
Guayabo Bernal fue capturado por la Policía Nacional en un puesto de control ubicado cerca a Calarcá (Quindío). Al realizarse la verificación de su identidad se determinó que tenía orden judicial en su contra.
Por estos hechos la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado, el cual no fue aceptado.
Otra mujer desaparecida
La Fiscalía señaló que investiga si el procesado está implicado en la desaparición de otra mujer identificada como Norly Julieth Perdomo, con quien sostuvo una relación sentimental; esto luego que familiares de la desaparecida vieran a Guayabo Bernal en una entrevista y lo relacionaran como la expareja de la mujer que desapareció hace más de tres años.
La familia de la desaparecida pidió a las autoridades que investiguen a fondo lo ocurrido con la mujer.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
