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Meta, justicia ordena compensar a mujer despojada de su finca por alias ‘Pirata’
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, ordenó compensar a una mujer cabeza de hogar que fue despojada por grupos paramilitares liderados por Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’.
Se trata del predio ‘San Javier’, de 1.041 hectáreas y 4.478 metros cuadrados, ubicado en zona rural de San Martín de los Llanos, en el departamento del Meta.
La historia de esta mujer se remonta a 1984, cuando ella y su expareja adquirieron el terreno tras una adjudicación por parte del extinto INCODER. Sin embargo, su vida dio un giro drástico con la llegada de los paramilitares a la vereda Santa Teresa del Camoa. En ese momento, ocuparon su tierra y le propusieron comprarla. En 2005, el predio fue vendido por $20 millones de pesos sin su autorización, configurándose así el despojo.
Tiempo después, el terreno pasó a manos de Manuel Pirabán, quien a la postre se acogió a la Ley de Justicia y Paz tras su desmovilización en 2006. Por entonces, el exjefe paramilitar entregó parte del predio ‘San Javier’ para resarcir a las víctimas. Este fue utilizado para la construcción del internado ‘La Bendición’.
El director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Meta, Robert Gabriel Barreto Lara, indicó que tras años de sufrimiento y desplazamiento, incluyendo amenazas que obligaron a la mujer y sus hijos a huir primero a Villavicencio y luego a Bogotá, la entidad llevó este caso exitosamente ante los tribunales especializados y se logró hacer justicia.
La reciente decisión judicial no solo reconoce el despojo sufrido por la mujer, sino que también ordena que parte del terreno donde se construyó el internado se ceda al municipio, como donación de la víctima.
Dado que la mujer tiene 70 años y complicaciones de salud, no podrá retornar, por lo que recibirá una compensación y sus derechos serán protegidos mediante la oferta institucional del Estado para garantizar su reparación integral.
Entre tanto, el predio ‘San Javier’ pasará a ser administrado por el Grupo Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras.
“La URT reafirma su compromiso con las víctimas del conflicto armado, buscando no solo justicia reparadora sino también un camino hacia la dignidad y el reconocimiento de sus derechos”, recalcó Barreto.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras – Dirección Territorial Meta
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Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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