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Meta, 16 municipios se benefician con 30 proyectos de ganadería sostenible
Cormacarena ejecutó 30 proyectos de ganadería sostenible, de los cuales 13 proyectos piloto fueron en 2023, con el objetivo de mitigar el impacto negativo que genera la ganadería extensiva, logrando sensibilizar a los propietarios de los predios en los municipios de Puerto Rico, Vista Hermosa, La Macarena y Mapiripán.Para promover buenas prácticas, desde Cormacarena se han entregado cercos eléctricos, paneles solares para el procesamiento de energías limpias, un biodigestor para el buen aprovechamiento de heces que produce gas para el hogar, además, capacitaciones en fábrica de bioabonos, de esta manera se aporta a la productividad de la ganadería mediante procesos de desarrollo sostenible.Cormacarena junto con Biocarbono Orinoquia y la Gobernación del Meta, lideran el proyecto que desarrolla modelos sostenibles bajos en carbono, a través de la planificación del uso del suelo, la rotación o gestión de las praderas y la revegetalización por medio de los sistemas silvopastoriles. Eso se traduce en conservación de las áreas estratégicas, cuidado del recurso hídrico, mantenimiento y conservación de la biodiversidad.De acuerdo con la Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) de Ganadería Bovina Sostenible, proyectos como estos anualmente pueden generar cerca de 0.2 toneladas por hectárea por gestión del pastoreo, entre 8 y 12 toneladas por sistemas silvopastoriles y 20 toneladas por liberación de áreas para conservación o regeneración de bosques.Estos proyectos amigables con el ambiente serán implementados en más fincas de diferentes municipios del Meta, reafirmando el compromiso de la Corporación con los habitantes de las zonas rurales para la conservación de áreas estratégicas, generando mayor productividad para el ganadero y conservando los recursos naturales.
Fuente: Cormacarena
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
