REGIÓN
Más de 56 mil millones serán invertidos en la provincia de La Libertad
Más de 56.000 millones de pesos serán invertidos durante el cuatrienio 2024 – 2027 en la provincia de La Libertad por parte del Gobierno departamental.
Así quedó establecido durante el ‘Encuentro por la Boyacá Grande’ que se llevó a cabo en el municipio de Paya.
Durante la jornada de participación ciudadana, el gobernador Carlos Amaya enfatizó en que, a pesar de su historia, se trata de una región con altos índices de necesidades básicas insatisfechas.
“Labranzagrande, Pajarito, Paya y Pisba conforman más de 1.800 kilómetros cuadrados. Allí, la mayor parte de la red vial requiere intervenciones que faciliten la garantía de derechos fundamentales, teniendo en cuenta que existen veredas distantes hasta ocho horas de las zonas urbanas”, destacó el mandatario.
Aseguró que los cuatro municipios cargan tantos siglos de olvido estatal y décadas de violencia armada, que el acceso a servicios básicos como la energía eléctrica o placas huellas, es una novedad.
Por esa razón, en La Libertad todos los sectores serán prioritarios para la administración Boyacá Grande.
El gobernador afirmó que la vía Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal será terminada con el apoyo de su homólogo de Casanare, César Ortiz, y del Gobierno nacional. Se trata de un proyecto que empezó seis años atrás cuando el mismo Amaya logró pavimentar los primeros 12 kilómetros, con una inversión de 46.000 millones de pesos.
Luego, con la conmemoración del Bicentenario de La Libertad, la vía fue priorizada y a su favor quedaron comprometidos $160.000 millones de vigencias futuras. Ahora, ambos departamentos buscarán la forma de conseguir esos recursos.
Según el gobernador Amaya, su equipo apoya el anhelo de Pajarito de mantener el tránsito de tráfico pesado por la Transversal del Cusiana, en las mejores condiciones posibles, y habilitar un corredor alterno que active el turismo en Labranzagrande, Pisba y Paya; además, adecuará el tramo Labranzagrande – Alto del Oso y la vía a Morcote, en Paya.
Estos municipios, al pertenecer a la categoría Zomac (Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado), pueden recibir recursos de obras por impuestos desde el sector privado, al cual el mandatario convocará.
En cuanto a educación, será edificada una nueva sede de la Institución Educativa de Morcote. Al respecto, el gobernador solicitó a los gobiernos municipales de La Libertad hacer esfuerzos por la infraestructura de otras sedes rurales, causa a la que la Gobernación se sumaría con contrapartidas.
Por otra parte, la provincia contaría con algunos programas presenciales y virtuales de educación superior impartidos por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).
Para los hospitales de Paya, Labranzagrande y Pajarito, entre tanto, serán destinados recursos para infraestructura, dotación y ampliación de servicios como sala de partos, pediatría y rayos X.
Fuente: Gobernación de Boyacá
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
