META
Más de 55.000 hectáreas se han devuelto en el Meta a víctimas del despojo y abandono forzado
Paula Andrea Villa, directora encargada de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, reveló que a la fecha y durante los 12 años de vigencia de la Ley de víctimas, se han resuelto 486 solicitudes y entre los municipios del departamento con mayor número de sentencias se encuentran Puerto Gaitán con 71 fallos, 84 familias beneficiadas y 39.993 hectáreas restituidas; Mapiripán con 44 sentencias, 42 familias beneficiadas y 1.983 hectáreas restituidas.
Le siguen El Dorado con 24 sentencias, 37 familias beneficiadas y 751 hectáreas restituidas; El Castillo con 23 sentencias, igual número de familias beneficiadas y 5 hectáreas devueltas.
Acacías con 17 fallos y familias beneficiadas y 784 hectáreas restituidas; San Martín con 16 sentencias, 17 familias beneficiadas y 954 hectáreas; Puerto López con 16 sentencias y 455 hectáreas devueltas; Puerto Lleras con 11 sentencias y 190 hectáreas restituidas; Villavicencio con 10 fallos, 13 familias beneficiadas y 1.316 hectáreas, y finalmente, Granada que cuenta con 9 sentencias y 23 hectáreas restituidas.
Por otra parte, ante la imposibilidad del retorno por razones de seguridad o desarraigo, la justicia ordena la compensación como medida reparadora a quienes han sido víctimas del despojo y abandono forzado de tierras. En el departamento del Meta, se han impartido 148 órdenes de compensación, de las cuales 90% han sido atendidas mediante pago en dinero, el 6% con compra de predio, el 3% mediante predio equivalente.
Finalmente, como complemento a la reparación de las víctimas en Meta, la Unidad ha implementado 102 proyectos productivos en predios restituidos con una inversión superior a $2.800 millones y en línea como ganadería, porcicultura y cultivos de aguacate, cacao, plátano y frutales.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio profirió un fallo que reconoce a una familia integrada por una pareja de esposos y sus dos hijos, como víctimas de abandono forzado tras la masacre paramilitar ocurrida en el corregimiento de Puerto Alvira, municipio de Mapiripán (Meta), en mayo de 1998.
La decisión judicial ordena que los solicitantes reciban compensación por la pérdida de un predio de 671 metros cuadrados, donde funcionaba una cafetería y se ofrecía arriendo de habitaciones. Este fue abandonado por la violencia que azotó al caserío durante aquel año.
El fallo también reconoció a dos mujeres, que ingresaron años después con autorización de la Junta de Acción Comunal de Puerto Alvira, como segundas ocupantes vulnerables, debido a que carecen de otra vivienda y dependen del inmueble para subsistir, por lo que estableció que podrán continuar habitándolo bajo medidas de protección.
El fallo resalta que la restitución de tierras, en el marco de la Ley 1448 de 2011, es un derecho fundamental y que la justicia debe garantizar soluciones que no generen nuevos conflictos, aplicando el principio de acción sin daño.
Robert Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, entidad que llevó el caso ante el juzgado, señaló que “este fallo es un avance en la reparación a las víctimas y refleja la complejidad de la restitución: se reconocen los derechos de quienes fueron despojados, sin desconocer la vulnerabilidad de quienes hoy habitan el predio”.
La URT, a través del Grupo Fondo, compensará a la familia víctima con un nuevo predio en el lugar de su residencia actual.
Con esta providencia, la justicia busca equilibrar derechos y garantizar reparación, en un municipio donde hay 1.660 solicitudes de restitución relacionadas con hechos del conflicto armado.
Fuente: Comunicaciones Restitución de Tierras
Con el fin de aplicar medidas fitosanitarias para control y erradicación de la mosca del Mediterráneo, contribuir a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico de la región, el ICA realizó una jornada de supervisión y toma de muestras de las frutas que llegan para comercialización a la Central de Abastos de Villavicencio, actividades dirigidas a evitar la dispersión de la plaga y protección del estatus fitosanitario en áreas libres y de baja prevalencia de la mosca.
En la central de abastos de esta ciudad, se adelantaron actividades en 28 puntos de monitoreo, así como en predios traspatios del anillo vial circundante. El área tratada fue de cerca de 18 hectáreas con 538 árboles, entre mango, guayaba, pomarrosa, cítricos y una gran variedad de especies nativas y forestales.
Se utilizaron los insumos autorizados para las acciones de control, botellas plásticas para trampeo masivo y paneles amarillos para captura de adultos de mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata). Adicionalmente, y para reforzar las acciones de vigilancia, se realizó muestreo de frutos para determinar hospederos de la mosca de la fruta.
El ICA en el Meta trabaja para proteger los cultivos de exportación de fruta fresca como mangostino, rambután, papaya y cítricos en las zonas productoras de frutales del piedemonte, altillanura, Bajo y Alto Ariari y otros cultivos frutícolas como sandía, mango y piña, entre otros, que hacen parte de la economía campesina en los municipios de estas provincias.
Estas acciones contribuyen al fortalecimiento en la prevención de la mosca de la fruta mediante el trabajo en equipo con productores y comercializadores en implementación de acciones de manejo para contribuir al mejoramiento en la calidad e inocuidad de la fruta para consumo interno y permitir el acceso a nuevos mercados de exportación.
Fuente: Comunicaciones ICA
La Fiscalía General de la Nación judicializó a una mujer identificada como Vanessa Alexandra Contreras Nieto, como responsable de hurtar a un ciudadano extranjero en la ciudad de Villavicencio, en agosto de 2024.
Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Meta le imputó el delito de hurto calificado y agravado. La procesada aceptó su responsabilidad en el hecho.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando Contreras Nieto contactó por una página web de citas a la víctima, con quien se encontró en el lugar donde se hospedaba.
Se conoció que esta mujer le suministró una sustancia tóxica que lo puso en estado de indefensión, para después apoderarse de sus pertenencias, avaluadas en más de 24 millones de pesos.
Un juez de control de garantías le impuso a Contreras Nieto medida de aseguramiento en el lugar de domicilio.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
