En un hecho que ha causado conmoción en el municipio de Aguazul, fueron hallados tres cuerpos sin vida —dos hombres y una mujer— en la vereda Río Chiquito, sobre el eje vial que comunica con Tauramena. Las víctimas presentaban heridas por arma de fuego y signos de tortura.

El primer hallazgo se produjo en la noche del 17 de octubre, cuando fue encontrado un cuerpo masculino en el kilómetro 69+900 de la vía nacional. Horas después las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de otros dos cadáveres en puntos cercanos. Los tres cuerpos estaban atados de manos y evidenciaban violencia extrema, entre ellas fracturas, heridas de bala y lesiones en el cráneo.

Una de las víctimas fue identificada como Leidy Jazmín Rodríguez Camelo, de 22 años, natural de Villavicencio, quien registraba antecedentes judiciales por delitos como homicidio, hurto calificado y tráfico de moneda falsa. Los otros dos cuerpos, ambos masculinos, permanecen sin identificar, de acuerdo con la información entregada por el Coronel Pablo Javier Galindo, Comandante del Departamento de Policía Casanare.

De acuerdo con información de la comunidad, los tres habrían estado exigiendo dinero en modalidad de extorsión en la zona, presuntamente en nombre del grupo Renacer – ERPAC, además de estar vinculados con hurtos a residencias en la vereda Palo Solo.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del crimen y determinar si las víctimas fueron asesinadas en otro lugar antes de ser abandonadas en la vía.

La Empresa de Energía de Casanare (Enerca) atraviesa desde hace más de una década una difícil situación financiera y presupuestal. Así lo dio a conocer el gerente administrativo y financiero, Wilson Alirio Rodríguez García, quien explicó que desde el año 2013 la entidad ha registrado déficit presupuestal de forma consecutiva, es decir, los gastos han sido superiores a los ingresos en cada vigencia fiscal.

Rodríguez precisó que, a diferencia de las entidades territoriales, Enerca no puede aplazar gastos esenciales, ya que debe garantizar la compra de energía y gas, el uso de redes de transmisión y distribución, la operación y mantenimiento de sus sistemas, el pago de impuestos —que supera los 25 mil millones de pesos anuales— y otras obligaciones regulatorias. La situación se agravó con la Resolución 015 de 2018, que impuso inversiones obligatorias a las empresas del sector, incrementando la presión presupuestal.

Negocio del gas no es rentable

Solo en 2024, Enerca registró un déficit presupuestal de 88 mil millones de pesos, con una pérdida final de 15.455 millones, de los cuales 10.942 millones correspondieron al negocio del gas. El directivo señaló que en los últimos seis años este segmento ha acumulado pérdidas por más de 36 mil millones de pesos, lo que representa uno de los mayores retos financieros de la empresa.

En cuanto a los resultados históricos, los registros desde 2011 muestran una alternancia entre años con pérdidas y utilidades, siendo el 2021 uno de los más críticos con una pérdida de 21 mil millones de pesos, y los años 2022 y 2023 los únicos con utilidades destacables (10.583 y 14.518 millones, respectivamente). No obstante, estas utilidades no se originaron en la operación normal, sino en recursos extraordinarios recibidos por ajustes regulatorios del ADD (Área de Distribución).

Actualmente, las pérdidas acumuladas de Enerca ascienden a 26.037 millones de pesos, lo que impide la redistribución de utilidades a sus socios hasta que se enjugue dicho saldo negativo. Pese a este panorama, la empresa adelanta estrategias de austeridad, reorganización administrativa, reducción de gastos y gestión de cartera, además de la búsqueda de vigencias futuras para garantizar la compra de energía y gas a precios más estables.

Rodríguez concluyó que Enerca mantiene su compromiso con la sostenibilidad y el servicio, pero enfatizó que el negocio del gas continúa siendo estructuralmente deficitario, por lo que urge revisar su modelo de operación para evitar que siga impactando negativamente las finanzas de la compañía.