META
Más de 51 mil hectáreas han sido restituidas a víctimas del despojo en el Meta
La URT destaca que lograr el restablecimiento de los derechos territoriales de quienes fueron víctimas del conflicto armado, es un efecto transformador que contribuye a la ‘Paz total’.
En el departamento del Meta se han devuelto 51mil 189 hectáreas y 9 mil 607 metros cuadrados en beneficio de 979 campesinos.
La Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras prorrogada hasta 2031, contempla que el proceso tiene una etapa administrativa, otra judicial y una última de cumplimiento, con la cual se busca restablecer los derechos de las víctimas de abandono forzado y/o despojo de tierras. En la fase administrativa se recibe la solicitud, se identifica al reclamante, su núcleo familiar y el predio. Luego se determinan las circunstancias de abandono y/o despojo, se recoge información institucional, así como las pruebas con las que finalmente se determina si el predio puede ser o no inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF).
En la etapa judicial, la Unidad podrá ejercer la representación judicial de manera gratuita de la persona solicitante; si se presentan opositores el juez transfiere el caso al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. En Meta se han llevado mil 334 casos ante la justicia.
En la etapa de cumplimiento, se realiza la entrega material y jurídica del predio. A la fecha, en el Meta, la justicia ha proferido 278 sentencias que ordenan la devolución de 290 predios. Así mismo, 112 sentencias proferidas por los jueces en este departamento ordenan compensación. Ésta se entrega con predio equivalente o dinero cuando el juez así lo determine ante la imposibilidad del retorno.
La política de restitución de tierras del Gobierno Nacional permite que el beneficiario pueda retornar al campo en condiciones que garanticen su estabilidad socioeconómica, con este propósito, 101 familias restituidas han sido atendidas con proyectos productivos con una inversión cercana a los 2 mil 900 millones de pesos, en líneas como ganadería, porcicultura, y cultivos de cacao, aguacate, plátano, cítricos, entre otros.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras, Territorial Meta
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
