META
Más de 51 mil hectáreas han sido restituidas a víctimas del despojo en el Meta
La URT destaca que lograr el restablecimiento de los derechos territoriales de quienes fueron víctimas del conflicto armado, es un efecto transformador que contribuye a la ‘Paz total’.
En el departamento del Meta se han devuelto 51mil 189 hectáreas y 9 mil 607 metros cuadrados en beneficio de 979 campesinos.
La Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras prorrogada hasta 2031, contempla que el proceso tiene una etapa administrativa, otra judicial y una última de cumplimiento, con la cual se busca restablecer los derechos de las víctimas de abandono forzado y/o despojo de tierras. En la fase administrativa se recibe la solicitud, se identifica al reclamante, su núcleo familiar y el predio. Luego se determinan las circunstancias de abandono y/o despojo, se recoge información institucional, así como las pruebas con las que finalmente se determina si el predio puede ser o no inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF).
En la etapa judicial, la Unidad podrá ejercer la representación judicial de manera gratuita de la persona solicitante; si se presentan opositores el juez transfiere el caso al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. En Meta se han llevado mil 334 casos ante la justicia.
En la etapa de cumplimiento, se realiza la entrega material y jurídica del predio. A la fecha, en el Meta, la justicia ha proferido 278 sentencias que ordenan la devolución de 290 predios. Así mismo, 112 sentencias proferidas por los jueces en este departamento ordenan compensación. Ésta se entrega con predio equivalente o dinero cuando el juez así lo determine ante la imposibilidad del retorno.
La política de restitución de tierras del Gobierno Nacional permite que el beneficiario pueda retornar al campo en condiciones que garanticen su estabilidad socioeconómica, con este propósito, 101 familias restituidas han sido atendidas con proyectos productivos con una inversión cercana a los 2 mil 900 millones de pesos, en líneas como ganadería, porcicultura, y cultivos de cacao, aguacate, plátano, cítricos, entre otros.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras, Territorial Meta
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
