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Más de 40 años de cárcel para sujeto que asesinó a comerciante de Granada
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 40 años y 10 meses de prisión a Diego Andrés Peña Ramírez, de 26 años, como responsable de la muerte de un comerciante asesinado el 8 de mayo de 2022 en la vereda Aguas Claras de Granada (Meta).
La investigación, coordinada por un fiscal especializado Gaula, evidenció que el sentenciado acabó con la vida de la víctima por negarse a continuar pagando las sumas que le eran exigidas desde marzo de 2022. El procesado fue encontrado responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
Según la investigación, el crimen fue cometido por Peña Ramírez quien hacía parte de una organización ilegal que delinquía para el Clan del Golfo en San Martín (Meta). La red criminal era comandada por los hermanos Poveda Quintero, alias Juanito, Meneo y Jordi, quienes desde los centros carcelarios donde están recluidos, realizarían llamadas telefónicas amenazantes y ordenarían homicidios de ganaderos, comerciantes y empresarios del alto y bajo Ariari (Meta).
El día de los hechos, la víctima y su esposa se encontraban en un establecimiento comercial de su propiedad al que el condenado entró dos veces a comprar dulces. Luego le disparó en la cabeza al comerciante. Una vez cometido el crimen Peña Ramírez huyó del lugar.
El sentenciado fue capturado por la Policía Nacional el 1 de agosto de 2022 en el municipio de Fuentedeoro (Meta), desde entonces está privado de la libertad por petición de la fiscalía.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
