META
Más de 4 mil hectáreas han sido restituidas en el Meta durante primer año de Gobierno Petro
Al cumplirse el primer año de gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, la Unidad de Restitución de Tierras reportó que en el departamento del Meta han sido restituidas 4.056 hectáreas que corresponden a 22 sentencias emitidas por los jueces y magistrados especializados, lo que evidencia que la política en favor de las víctimas del despojo y abandono forzado tierras avanza a paso firme en esta región del país.
César Santoyo, director de la URT en Meta, señaló que en este periodo 72 personas han sido beneficiadas, 42 de ellas son mujeres víctimas del conflicto y quienes han recibido recursos del orden de los $119 millones para la implementación de sus proyectos productivos en líneas de ganadería y cultivos de café y cacao.
El compromiso del actual gobierno del cambio ha permitido que se avance en brindar atención oportuna a los solicitantes. En el último año, la territorial Meta, recibió 256 nuevas reclamaciones, de las cuales 163 se encuentran en trámite vigente. Mientras que en la etapa judicial, se han llevado 45 casos ante la justicia.
En ruta étnica se destaca, como principal logro, la admisión por parte de la justicia, de la demanda que pretende la restitución de 954.000 hectáreas a la comunidad Nukak, ubicada en los municipios de San José y El Retorno, en Guaviare. Además, se está dando impulso a casos étnicos establecidos en Meta y Guaviare, logrando la caracterización de los resguardos: Caño Negro y La Asunción y el asentamiento ASEIMPOME, que buscan el restablecimiento de derechos territoriales de 149 familias ubicadas en 3.927 hectáreas.
Finalmente, se destaca que por primera vez desde la implementación de la Ley de víctimas y restitución de tierras se logró el aval de la fuerza pública para iniciar la intervención de cerca de 47.000 hectáreas en los cascos urbanos de los municipios de Miraflores y El Retorno, en Guaviare, donde se existen más de 500 solicitudes; y con el acompañamiento de las fuerzas militares y de Policía, se adelantaron 101 salidas a terreno para labores de georreferenciación de predios solicitados en restitución en Meta y Guaviare.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
META
En el año 2000 el conflicto armado lo desterró, hoy le devolvieron el predio y montó un almacén de ropa
En cumplimiento de la sentencia de restitución y de las órdenes judiciales orientadas a garantizar la estabilización económica de las víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) implementó un proyecto productivo urbano de almacén de ropa para el señor José Roberto Hoyos, restituido y víctima del conflicto armado en Mapiripán (Meta).
Los hechos victimizantes tuvieron lugar en el año 2000, cuando Hoyos debió abandonar forzosamente su predio debido a los enfrentamientos entre paramilitares y la guerrilla de las Farc, así como a las presiones que estos actores armados imponían a la población civil, incluida la amenaza de reclutamiento. Esta situación obligó al solicitante a dejar su tierra.
Tras recuperar su predio mediante sentencia, Hoyos inicia ahora una nueva etapa de reconstrucción económica. La URT le otorgó un subsidio de 40 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) para la creación de un almacén de ropa, el cual funcionará directamente en el predio restituido, convirtiéndose en una fuente estable de ingresos para él y su familia.
La Unidad realizó recientemente el primer desembolso de recursos, destinados a la compra de vitrinas, estanterías, maniquíes, avisos tipo letrero, mostradores y mobiliario, elementos esenciales para la operación del negocio.
El director territorial de la URT en Meta, Robert Gabriel Barreto, señaló que “este tipo de proyectos materializan el restablecimiento económico y la autonomía de las víctimas, permitiendo que transformen su experiencia de despojo en nuevas oportunidades”.
Por su parte, José Roberto Hoyos agradeció el acompañamiento de la URT y destacó que este emprendimiento significa una oportunidad real para asegurar el sustento propio y el de su familia, aprovechando de manera productiva el predio restituido.
META
Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
