NACIONALES
Más de 1,5 millones de migrantes están afiliados al sistema de salud colombiano
El Ministerio de Salud y Protección Social presentó el balance de las acciones desplegadas por el Gobierno nacional en materia de atención a los más de 1,5 millones de migrantes residentes en el país, la mayoría de ellos procedentes de Venezuela.
Además de población proveniente de Venezuela, Colombia registra un flujo constante de migrantes de países como Ecuador, Haití, China, India, Bangladesh, Chile, Afganistán y Perú.
Según la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en este año 2024 han transitado 369.850 migrantes irregulares por el territorio nacional.
Migración con enfoque en derechos humanos
“El 20% de los más de 1’500.000 venezolanos migrantes aportan el 50% a la salud en el régimen contributivo, donde el Estado aporta el otro 50%. El 80% restante está dentro del sistema de salud y ha venido recibiendo una protección importante en general. Los hospitales del país tienen la obligación de atender por urgencias a las madres gestantes de la población migrante y refugiada”, afirmó Jaramillo.
Evolución en la atención a migrantes en Colombia
Según cifras de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), al mes de noviembre de 2017 se tenía registro de 6.441 migrantes venezolanos incluidos en el sistema de salud colombiano.
En el mismo mes de este año (2024), el número aumentó a 1’552.041, de los cuales 299.130 están afiliados al régimen contributivo y 1’252.911 al régimen subsidiado. Además, de este total 853.495 (54,9%) son mujeres y 698.546 (45%) hombres.
Para la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud de la población migrante, específicamente la venezolana, Colombia ha destinado más de 2,7 billones de pesos (entre el año 2017 y el mes de septiembre de 2024), provenientes del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones y las rentas territoriales.
Adicionalmente, por concepto de atención a población migrante sin vocación de permanencia o que no ha logrado regularizar su situación migratoria, a quienes se les presta servicios de urgencias a cargo de los departamentos y distritos, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), han presentado facturas (entre 2020 y septiembre de 2024) por valor de 2,2 billones de pesos.
De este total, las entidades territoriales departamentales y distritales solo han cancelado una parte, por lo que el Gobierno nacional ha apoyado el pago con un aporte de 0,9 billones de pesos.
Respuestas de Colombia a la atención de la población migrante y refugiada
Sumado a lo anterior, el Ministerio, en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, adelanta las siguientes acciones para garantizar el derecho a la salud de la población migrante y refugiada a nivel nacional:
—Acompañar psicosocialmente a la población migrante, a la población colombiana retornada y a las comunidades receptoras o de acogida, para mitigar los impactos emocionales, sociales y culturales ocasionados por la migración, así como promover la integración social, la resiliencia y el fortalecimiento de las capacidades individuales, familiares y comunitarias.
—Asignar recursos del Presupuesto General de la Nación para la conformación y operación de Equipos Básicos de Salud, a fin de acercar los servicios de salud a los territorios, disminuir barreras de acceso y contribuir a garantizar el derecho fundamental a la salud física y mental, en especial de la población materna e infantil.
—Implementar, con la cooperación internacional, el Proyecto PAISS, orientado a mejorar los índices y resultados de salud de las personas migrantes y comunidades de acogida en los territorios, haciendo énfasis en cursos de capacitación en temas como vida en la infancia, atención en salud materno perinatal, violencias de género y sexual y salud mental.
—Garantizar la vacunación de la población migrante a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones.
—Continuar con el trabajo relacionado con la atención a la población migrante en tránsito y la población con estatus migratorio irregular.
—Cabe destacar que el Ministerio de Salud y Protección Social giró en el pasado mes de septiembre más 675 mil millones de pesos para la cofinanciación de las atenciones de urgencias de la población migrante irregular.
Fuente: Ministerio de Salud
La Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) oficializó la formulación de esta política estructural, que convierte el PAE en una política de Estado y no solo en un programa gubernamental. El objetivo: blindar su operación más allá de los ciclos políticos y asegurar que cada niño, niña y joven reciba una alimentación balanceada y pertinente durante su formación escolar.
“Después de 60 años, este Gobierno le dejará a Colombia su primera política pública de alimentación escolar. El Gobierno del Cambio tomó la decisión de elevar el PAE a política de Estado”, afirmó Sebastián Rivera, director de la UApA.
La nueva política se basa en cinco ejes estratégicos que buscan fortalecer el impacto del programa en las aulas y las comunidades:
- Garantía de derechos: la alimentación escolar se reconoce como un derecho fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes.
- Financiamiento sostenible: se establecen mecanismos financieros a largo plazo para asegurar la continuidad y expansión del PAE.
- Calidad y nutrición mejoradas: las minutas alimentarias serán revisadas y actualizadas con base en criterios técnicos, nutricionales y participación comunitaria.
- Participación ciudadana: estudiantes, familias y comunidades educativas participarán en la toma de decisiones, promoviendo transparencia y pertinencia local.
- Monitoreo y evaluación rigurosos: se implementarán sistemas de seguimiento robustos para garantizar eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
La formulación de esta política responde a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, donde se reconoce la seguridad alimentaria como un problema estructural. Para ello, la UApA ha habilitado un espacio de participación abierta a través de un formulario en línea y sus redes sociales.
“Esto va más allá de entregar alimentos en la jornada escolar. Hablamos de soberanía alimentaria, de nutrición saludable y de una política construida entre todos: sector público, privado, ONG, comunidad educativa y familias”, explicó Rivera.
La consolidación del PAE como política pública enfrenta retos en la gestión descentralizada, la infraestructura y la capacitación, pero representa un avance determinante para proteger los derechos de la niñez y la juventud.
Con esta decisión, el Gobierno nacional fortalece su compromiso con la equidad y el desarrollo humano, sentando las bases para una Colombia donde la alimentación escolar sea un derecho garantizado, no una excepción.
Fuente: Comunicaciones Mineducación
NACIONALES
Antes del 30 de mayo, entidades públicas a reportar empleos de carrera que estén en vacancia
Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) solicitaron a las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, orden territorial y Corporaciones Autónomas Regionales, reportar los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva.
Las entidades deben proporcionar esta información a Función Pública antes del viernes 30 de mayo de 2025 para la elaboración del Plan Anual de Vacantes que será enviado a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).
El Plan Anual de Vacantes es un instrumento técnico de medición que permite conocer a la Comisión y ciudadanías el número de cargos de carrera administrativa que se encuentran vacantes en el sector público y cuáles hacen parte de procesos de selección.
Función Pública aclaró que el diligenciamiento de esta información no exime a las entidades del reporte de vacantes en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) y la inscripción o actualización del Registro Público de Carrera Administrativa (RPCA).
El cumplimiento de este reporte debe ser verificado por el o la jefe de control interno o quien haga sus veces en las entidades, ya que en caso de incumplimiento u omisión deben reportar a la Dirección de Vigilancia y Registro Público de Carrera Administrativa de la CNSC.
Las entidades están obligadas a diligenciar la información de los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva con corte al 31 de diciembre de 2024 a través de este enlace.
Fuente: Comunicaciones Función Pública
El desempleo en marzo de 2025 disminuyó 1,7 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado y se ubicó en 9,6 % desde el 11,3 % de 2024. Esto significa una variación absoluta de 1’057.000 personas ocupadas, reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE.
De acuerdo con la entidad, se trata de la tasa más baja desde 2017, resultado que se explica por la menor desocupación en las 13 principales ciudades del país y sus áreas metropolitanas que para el tercer mes de este año se ubicó en 9,3 %, que representa una disminución de 1,4 p.p. respecto del año pasado (10,8 %).
La tasa global de participación se ubicó en 67,4% (en marzo de 2024 fue de 67,1 %) y la tasa de ocupación quedó en 61,1 % (59,9 % en marzo del año pasado).
El estudio revela que la población del país en edad de trabajar llegó en marzo pasado a 40’514.000 personas, de las cuales 23’702.000 es la población ocupada (1’057.000 más que el año pasado); 2’522.000 es la población desocupada (con una disminución de 359.000 personas) y 14’289.000 personas están fuera de la fuerza laboral (amas de casa, estudiantes, pensionados, etc.) que se redujo en marzo último en 138.000 personas.
Por dominio geográfico, mientras en el total nacional la variación de población ocupada fue de 4,7 p.p., en Otras cabeceras llegó a 9 %, la cifra más alta desde 2018, y en las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas la variación fue de +3,4 p.p.
Ocupación por actividades
El DANE informó que por ramas de actividad económica, el sector Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aportó 381 mil nuevos ocupados y representa 15,5 % del total nacional; le siguen Industrias manufactureras con 218 mil nuevos ocupados (11,1 %); Alojamiento y servicios de comida con 153 mil nuevos ocupados (7,3 %); Transporte y almacenamiento con 132 mil nuevos ocupados (7,5 %); Construcción aportó 125 mil ocupados (7 %); Comercio y reparación de vehículos 101 mil ocupados nuevos (17,6 %) y Actividades artísticas entretenimiento y recreación con 100 mil nuevos ocupados (8,4 % del total nacional).
Por sexo, la población masculina ocupada creció en 543 mil personas, mientras la femenina en 514 mil.
Por rangos de edad, la franja de 25 a 54 años entre los hombres redujo la desocupación en 152 mil personas, mientras en las mujeres la variación fue de 47 mil personas en el mismo rango etario.
Desempleo por ciudades
El informe del DANE también da cuenta de que por encima del promedio nacional de desocupación (9,6 %) en marzo pasado estuvieron: Arauca con 29,2 %; Quibdó 29 %, Buenaventura 26,3 %, Mocoa 24,7 %, Barrancabermeja 24,6 % y Tumaco 23,3 %, entre las que da mayor tasa de desempleo.
Y las que registraron menor variación fueron Inírida 7,6 %, Mitú 6,7 %, Rionegro 6,1 % y Leticia 4,7 %.
Informalidad y juventud
El sector informal de la economía para el tercer mes del año se ubicó en 57,7 % en todo el país; en los centros poblados y rural disperso llegó a 84,3 %; en las 23 principales ciudades del país fue de 45,2 % y en las 13 ciudades con área metropolitana se ubicó la informalidad en 43,9 %.
El DANE también midió la brecha de género en tasa de desocupación. Para el trimestre enero – marzo de 2025 la brecha de género en materia de desempleo fue de 9,8 puntos porcentuales, pues mientras los hombres registraron una tasa de desempleo de 13 % las mujeres registraron 22, 8 %.
En este mismo periodo, la población más joven (15 – 24 años) la desocupación a nivel nacional se redujo en 2,9 p.p., mientras que en las 23 principales ciudades del país se redujo en 3 p.p. En Quibdó este indicador subió 8,4 %, y en Cartagena se redujo 6,7 %.
Fuente: Comunicaciones DANE
