META
Mañana inician mesas de concertación para resolver situación del peaje de Puente Amarillo
Por gestión de la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, el martes, 27 de agosto, iniciarán las mesas técnicas entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), las comunidades de Cumaral y Restrepo, y sus respectivas autoridades, junto al gobierno departamental, en busca de una solución sobre la situación del peaje de Puente Amarillo.
“Hoy logramos avanzar. El día martes la ANI enviará un equipo técnico para poder seguir con las mesas de concertación frente al tema de la situación de Puente Amarillo. Trabajando unidos Gobernación del Meta, alcaldías, y comunidad en general para lograr este propósito”, manifestó la gobernadora del Meta.
Por su parte Jerson López, vocero del Comité Cívico ‘No más peaje de Puente Amarillo’ expresó: “le agradecemos a la gobernadora y a los alcaldes el propiciar estos espacios de concertación y esperamos llegar a un acuerdo este martes”.
Lo anterior en el marco de una reunión, liderada este domingo por la gobernación, en la que los integrantes del comité expusieron los argumentos sobre los cuales piden el levantamiento definitivo del peaje, cuya protesta hoy lleva ya 24 días.
En esta participaron los alcaldes de Restrepo, Dani Linares, y de Cumaral, Albeiro Serna, quienes resaltaron la voluntad del comité por encontrar una solución pronta, el acompañamiento de la gobernación, y la afectación a la comunidad por cuenta del pago de este peaje.
Esta no es la primera reunión liderada por la mandataria sobre este tema, pues desde julio comenzó a escuchar a las comunidades de Restrepo y Cumaral, al igual que ha entablado diálogos con autoridades locales y entidades del orden nacional (ANI, Invias y ministerio de Transporte).
Precisamente, el 13 de julio, luego de conocerse la marcha que hacía la comunidad a este peaje dando a conocer su inconformidad por el alza en el cobro a $12.000, inmediatamente organizó una mesa de diálogo que se llevó a cabo el 19 de julio, bajo su liderazgo y con la participación de todos los actores.
Posterior a este encuentro, la gobernadora ha liderado cinco acercamientos más, a los cuales se ha sumado la Defensoría del Pueblo en calidad de garante, escuchando a las comunidades y a sus líderes, quienes han sido enfáticos en pedir el levantamiento de este peaje, argumentando la afectación turística que trae el cobro del mismo. Actualmente las comunidades están en el punto, evitando su cobro, sin que se presenten hechos de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
META
Ordenan compensar y reparar integralmente a familia que sufrió despojo de 3.400 hectáreas en Mapiripán
La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá reconoció que una familia fue víctima de desplazamiento forzado y despojo en la vereda La Cooperativa, en zona rural de Mapiripán (Meta), a manos de actores armados ilegales durante los años más crudos del conflicto armado.
El tribunal declaró su derecho fundamental a la restitución de los predios ‘La Rinconada’, ‘La Rinconada I’ y ‘La Rinconada II’, que suman más de 3.400 hectáreas, y ordenó que se realice por compensación económica y/o en equivalente ambiental, debido a las situaciones actuales de reserva forestal y exploración petrolera en la zona.
Los terrenos fueron adquiridos en 1981, cuando el jefe del hogar compró la posesión y mejoras del hato. Años después, el INCORA formalizó la adjudicación de estas tierras rurales a la familia y en 1997 expidió las resoluciones, que quedaron protocolizadas mediante escrituras públicas en febrero de 2000.
La sentencia relata que la familia vivió y trabajó los predios como una sola unidad productiva ganadera. Sin embargo, la violencia irrumpió en 1987 con la llegada de guerrilleros a la zona, quienes comenzaron a llevarse ganado. La situación se agudizó en 1997, tras la toma armada de Mapiripán y los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares, lo que obligó un desplazamiento inicial de la pareja y sus hijos hacia San Martín (Meta), si bien intentaron mantener la actividad ganadera,
el episodio más devastador ocurrió el 15 de octubre de 1999, cuando miembros del Frente 45 de las Farc, al mando de alias “Beto”, ingresaron a ‘La Rinconada II’, robaron el ganado y quemaron la casa, provocando el abandono definitivo de las tierras y el desplazamiento forzado de la familia hacia Cali.
El tribunal consideró que estos hechos configuraron también despojo, pues años después los terrenos fueron ocupados por terceros sin autorización de los propietarios legítimos. El fallo también dispuso que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) evalúe las adjudicaciones de los predios y determine si es necesaria su revocatoria para garantizar la reparación de las víctimas.
“Esta sentencia reivindica los derechos de los integrantes de esta familia, quienes fueron despojados y desplazados por la violencia en Mapiripán. Es el resultado de un trabajo jurídico riguroso de la URT, en articulación con el tribunal y las entidades del Estado, para garantizar que se haga justicia sin causar nuevos daños”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad en el Meta.
El fallo reconoce que, aunque algunos opositores no acreditaron buena fe exenta de culpa, otros campesinos en situación de vulnerabilidad deben recibir medidas de protección bajo el enfoque de “acción sin daño”, que busca no agravar los conflictos en el territorio.
Fuente: El Diario del Llano
En el marco de la ofensiva nacional contra el narcotráfico, la Policía Nacional incautó 1,2 toneladas de marihuana pertenecientes a las disidencias de las Farc, durante un operativo realizado en el eje vial Bogotá–Villavicencio.
Según el informe policial, el cargamento era transportado en un furgón que cubría la ruta desde Popayán hacia Venezuela, y fue detectado gracias a labores de inteligencia y control desplegadas por unidades de la institución.
El Director General de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, informó que en el procedimiento fue capturado el conductor del vehículo, quien presenta antecedentes judiciales por homicidio, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego. Además, el automotor utilizado para el transporte del estupefaciente fue inmovilizado.
Según las autoridades, la marihuana incautada tenía como destino final el mercado venezolano, donde sería distribuida por redes criminales asociadas a las disidencias. Con este resultado se evitó la circulación de aproximadamente 2,4 millones de dosis, representando una afectación a las finanzas ilegales por más de 773 millones de pesos.
La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de control en los corredores estratégicos del país, con el propósito de desarticular las estructuras narcotraficantes y reducir el impacto del crimen organizado en los territorios.
Fuente: El Diario del Llano
Por disposición de un Juez de Control de Garantías, a la cárcel fueron enviados Junior Arango Díaz y Juan Pablo Castillo Neira, señalados de disparar contra un establecimiento comercial para que sus propietarios pagaran una extorsión, en el municipio de Granada.
Un fiscal de la Seccional Meta les formuló imputación por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y terrorismo, extorsión en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; todas las conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron la noche del pasado 29 de septiembre en el centro de Granada, donde, los hoy
procesados, al parecer, dispararon en varias oportunidades al local comercial. Se evidenció que los propietarios del lugar venían siendo víctimas de extorsión, por parte de supuestos integrantes de ‘ERPAC Renacer’.
Los procesados fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional, en vía pública de la vereda Alto Iracá del municipio de San Martín. Se logró la incautación de una motocicleta, un revólver, panfletos extorsivos y equipos móviles.
Fuente: El Diario del Llano
