CASANARE
Gerente dice que “mafias de la salud” estaban desangrando al Hospital de Yopal
En un ejercicio de diálogo con las directivas del Hospital Regional de la Orinoquia, los parlamentarios electos por el departamento, los trabajadores y medios de comunicación, el gerente de la entidad, Ronald Roa Castañeda, informó que denunció ante la Fiscalía toda una serie de pagos irregulares que se venían haciendo de años atrás, y que estaban menoscabando el presupuesto del Centro Asistencial.
Según el funcionario, la principal situación se venía dando con pagos irregulares a un grupo de seis (06) especialistas médicos a quienes se les cancelaban días de hasta 36 y 48 horas laboradas, siendo esto a todas luces ilegal. Precisó Roa Castañeda, que estos profesionales ya no están en laborando en el Hospital Regional de la Orinoquia, y que se han venido nombrando Especialistas en todas las modalidades, en el personal de planta.
Aclaró que las quejas de algunos trabajadores se dan, porque se ha venido disminuyendo el pago de horas extras, recargos y otras bonificaciones salariales como el pago de dominicales y nocturnos, lo cual significaba una altísima carga presupuestal para la entidad. El pago anual de todo el personal del Hospital Regional de la Orinoquia asciende a $42 mil millones de pesos, para cerca de 800 personas entre funcionarios de planta y contratistas. Según análisis financieros adelantados por la nueva Gerencia, en el pago de horas extras, recargos y dominicales el Hospital estaba pagando $1.300 millones de pesos al año de más.
“Todo esto está avalado por la Junta Directiva y tenemos que hacerlo, porque el Hospital tiene que empezar a disminuir los gastos y los costos. Hamos bajado también los costos de todos los proveedores. En este momento tenemos proveedores a los que les estamos pagando menos de lo que se les estaba pagando hace cuatro años, y en algunos casos se les está pagando exactamente lo mismo, es decir, no han tenido incremento”, anotó el galeno.
ACTUALESDenuncian cartel de especialistas en el Hospital Regional de la Orinoquia que cobraban días de 36 horas laboradas, Ronald Roa, gerente del centro asistencial.
Posted by El Diario Del Llano on Thursday, May 17, 2018
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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