A través de una visita de inspección de control y seguimiento, una delegación de Corporinoquia encabezada por la Directora General Diana Carolina Mariño, recorrió el campo Bloque Llanos 34, operado por la compañía GeoPark, con el objetivo de verificar la gestión que esta compañía hace al sistema de residuos peligrosos generados por la industria de hidrocarburos.

El manejo, transporte y disposición de los residuos peligrosos, por ser corrosivos, explosivos, tóxicos o infecciosos, representan un riesgo para la salud humana y para los ecosistemas si no son tratados adecuadamente; por esta razón, la Autoridad Ambiental en la jurisdicción de Corporinoquia está revisando en detalle este tipo de prácticas.

La funcionaria envió un llamado generalizado a las empresas, para que el tratamiento de estos residuos se realice minimizando su peligrosidad y asegurando que no se generen impactos negativos sobre el ambiente y las comunidades vecinas.

Así mismo, la Directora resaltó que es deber de las compañías estar dispuestos a recibir visitas de Control y Seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, como parte de su rol de velar por la correcta gestión de estos residuos.

Fuente: El Diario del Llano

Con el anuncio de siete proyectos de Ordenanza para debatir, se instaló el tercer y último periodo de sesiones ordinarias del año 2025 en la Asamblea Departamental.

El director del Departamento Administrativo de Planeación Alfonso Cárdenas Silva, quien asistió en representación del gobernador César Ortiz Zorro, fue claro al reafirmar el mensaje central del gobierno, al señalar que “no venimos a improvisar, venimos a construir de la mano con la Asamblea, con transparencia y visión de largo plazo”.

“Este no es solo otro periodo de sesiones, es una oportunidad para cerrar el año con resultados, con decisiones que impacten la vida diaria de nuestros niños, nuestros adultos mayores, nuestros campesinos, nuestra gente”, expresó Cárdenas.

Estos son los siete proyectos de ordenanza: 

Durante la instalación, el Gobierno departamental radicó siete proyectos de ordenanza, que serán analizados y debatidos por la Asamblea durante las próximas semanas.

1.       Beneficios tributarios para deudores del impuesto vehicular

Busca ofrecer alivios a los contribuyentes morosos, y al mismo tiempo, mejorar la salud financiera del departamento. Se proyecta un recaudo adicional de $10 mil millones que ayudarán a cubrir necesidades urgentes.

2.       Monopolio de licores y alcoholes en Casanare 

Una medida que, de ser aprobada, permitiría que el departamento recaude más de $234 mil millones en diez años, destinando la mayor parte a salud, educación y deporte.

3.       Adición presupuestal de más de $29 mil millones para el 2025 

Entre los proyectos presentados, uno resalta por su impacto inmediato y directo: la propuesta de modificar el presupuesto general del departamento para incorporar más de $29 mil millones en recursos adicionales, los cuales permitirán garantizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) a más de 15 mil estudiantes, en su mayoría de zonas rurales, durante las últimas semanas del calendario académico.

Además, que permitirá apoyar el régimen subsidiado en salud, reforzando la atención médica de quienes más lo necesitan. También impulsar el deporte y la infraestructura vial, con proyectos en ejecución que no pueden quedarse a medias.

De otro lado, estos recursos también permitirán asegurar transferencias para instituciones como Unitrópico y la Contraloría Departamental, actores fundamentales para la formación y el control en el departamento y finalmente, cubrir mesadas pensionales, honrando compromisos con quienes dedicaron su vida al servicio público.

“No se trata solo de mover cifras, sino de dar tranquilidad a las familias, de que los programas llegan, de que el Gobierno departamental está presente, señaló Cárdenas.

4.       Autorización para enajenar vehículos del Fondo de Seguridad

Cinco vehículos que buscan ser entregados a las fuerzas militares, reforzando la capacidad operativa para blindar la seguridad y la capacidad operativa en el departamento.

5.       Apoyo al Festival Góspel: modificación a Ordenanza 015 de 2024 

Una respuesta directa a la solicitud de la comunidad cristiana, que busca institucionalizar y fortalecer este espacio de expresión cultural y espiritual.

6.       Ajustes a la Ordenanza “Casanare Palpita” 

Con la mira puesta en dinamizar la economía a través de eventos culturales que activan comercio, turismo y empleo.

7.       Actualización del salario del gobernador para 2025 

Proyecto de trámite obligatorio conforme a lo establecido por el Gobierno Nacional desde junio de este año.

Finalmente, Alfonso Cárdenas concluyó señalando que “confiamos en que esta Asamblea, con su experiencia y compromiso, respaldará estas iniciativas que no son del gobierno, sino del pueblo casanareño”. La invitación queda planteada a trabajar juntos, sin cálculos políticos ni excusas, porque Casanare lo merece y espera que tanto el ejecutivo como el legislativo actúen de la mano para que las oportunidades lleguen al territorio sin contratiempos.

Fuente: El Diario del Llano

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con función de control de garantías enviara a la cárcel a dos migrantes señalados de participar en una violenta riña ocurrida en el municipio de Trinidad (Casanare), que dejó una persona muerta y otra herida.

Los hechos se registraron el pasado 20 de septiembre en una vía pública, donde, al parecer, Járrison José Rodríguez Rodríguez y Yhovanny Smith Grimon Paredes atacaron con arma cortopunzante a un ciudadano durante una discusión. Sebastián Enrique León González logró huir y ser atendido en un centro asistencial. Posteriormente el hermano de Sebastián, Deyver Exnith Vargas González, llegó al lugar y les reclamó a los  presuntos atacantes, siendo también agredido con un cuchillo y un machete, causándole heridas de gravedad que le provocaron la muerte.

Rodríguez y Grimon fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional, tras la alerta de la comunidad, y presentados ante la justicia. La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, cargos que no aceptaron.

El juez determinó que los procesados representaban un riesgo para la sociedad, por lo que impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.

Fuente: El Diario del Llano