CASANARE
¿Han sido mal liquidadas las regalías de Casanare durante todo este tiempo?
Las regalías en el departamento de Casanare han sido mal liquidadas durante todo el tiempo que se han recibido y ello ha generado que tanto el departamento como los municipios productores hayan dejado de percibir billonarios recursos, denunció el ingeniero geólogo Fabio Velandia, en presentación ante la Asamblea Departamental.
Según el experto, lleva diez años tratando de demostrar esta situación de acuerdo con la información suministrada y recaudada de fuentes fidedignas, por instituciones como la Universidad Nacional que realizó un peritaje contable y financiero durante 18 meses a estas cifras, comprobando lo denunciado.
Explicó el profesional, que en su momento la Empresa BP y Ecopetrol no quisieron facilitar la información completa de sus contabilidades, pero al contrastar las facturas entregadas se pudo constatar que habría un desfase cercano a los $20 billones de pesos.
“De esos $20 billones de pesos 4 son de regalías, y la gran mayoría para el departamento y para los municipios de Tauramena, Aguazul y Yopal”, explicó el denunciante.
La Acción Popular impetrada por este ciudadano para tratar de recuperar estos dineros entró este año en etapa alegatos de conclusión, habiendo renunciado a un peritaje técnico que no se pudo realizar, pero ahora se ha ordenado un nuevo peritaje técnico gracias a que la Gobernación de Casanare presentó un escrito solicitándolo, lo cual según el geólogo Velandia favoreció a las compañías petroleras e hizo retroceder el proceso.
“Acá lo que ha sucedido es que tanto el Estado colombiano como las multinacionales han dilatado el proceso, no han permitido que se llegue al final y han buscado todas las formas de dilatar el proceso”, anotó el autor de la Acción Popular.
El presidente de la Asamblea Departamental, José Antonio Barrera Blanco, indicó luego de conocer el informe sobre la investigación presentado a la plenaria de la Corporación, que solicitarán en un debate de control político a la Oficina de Defensa Judicial de la Gobernación de Casanare, se informe qué se ha hecho y cómo se ha apoyado esta Acción Popular para tratar de recuperar estos recursos, que serían de gran utilidad para el departamento, teniendo en cuenta el enorme descenso en el ingreso de recursos para Casanare por el nuevo Sistema General de Regalías.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
