CASANARE
Líderes comunales de Casanare llamados a ejercer control social
A propósito de la renovación de las directivas comunales, es indispensable que quienes lograron las dignidades como directivos de sus respectivas comunidades, deban prepararse académicamente para ejercer el control social y fiscal de la gestión pública.
Las Juntas de Acción Comunal, han tomado una gran importancia para ejercer el control social y la veeduría ciudadana que garantice la transparencia en el manejo de los recursos públicos, que se inviertan en sus respectivas jurisdicciones, dijo el vicecontralor departamental de Casanare José Alfredo Rojas Pérez, para responder la inquietud presentada por Ignacio Rozo, presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Vevea, del municipio de Maní.
Agregó el alto funcionario del organismo de control fiscal que, precisamente la estrategia “La Contraloría en su Municipio”, diseñada por la contralora Yaneth Constanza Holguín, estuvo dirigida a fomentar la participación ciudadana a través de las veedurías ciudadanas y las JAC en el control social en las zonas urbanas y rurales de los municipios de Casanare.
El Vicecontralor considera que las juntas de acción comunal, son el mecanismo ideal para que la población pueda exigir el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las autoridades territoriales, como garantes de sus derechos.
Por su parte el presidente de la vereda Bebea de Maní, Ignacio Rozo, considera a las Juntas de Acción Comunal, como los aliados de los mandatarios regionales y locales, de los contratistas y de quienes proyecten procesos de desarrollo con recursos del Estado, pues, son los líderes comunales quienes conocen de las necesidades de sus comunidades y la manera de solucionarlas.
Fuente: Contraloría Departamental de Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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