CASANARE
Leonardo Puentes tuvo que modificar Decreto para control vial en Yopal
Por inconstitucional, el Alcalde de Yopal Leonardo Puentes se vió en la obligación de modificar el Decreto 340 del 03 de diciembre del 2018, donde pretendía otorgarle funciones de autoridad de tránsito a los uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte dentro del casco urbano del municipio.
En dicho decreto el Alcalde de Yopal había entregado autorización para que los Policías pudieran impartir sanciones por infracciones de tránsito, es decir comparendos, pasando por encima de la Ley 769 de 2002 -Código Nacional de Tránsito-, donde se establece que los uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional solo podrán ejercer sus funciones fuera del perímetro urbano de una ciudad.
Ante esta ‘pifia’ jurídica por parte del Alcalde de Yopal, la Administración municipal tuvo que modificar el artículo primero del Decreto, eliminando la posibilidad de que los uniformados impusieran comparendos, por lo tanto, solamente podrán hacer acompañamiento de los operativos de control vial, pero los únicamente autorizados para impartir sanciones son los agentes de tránsito municipales, los llamados azules.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El cierre de la celebración del Mes de la Niñez en Yopal se realizará el próximo 30 de abril en el corregimiento de Morichal, donde se desarrollará una jornada especial con stands de actividades lúdicas, recreativas y entrega de refrigerios. El evento busca convertirse en un espacio de integración familiar que impacte de manera positiva a niños, niñas y adolescentes del municipio.
Esta celebración hace parte de la estrategia “Yopal Territorio para Jugar”, liderada por la Secretaría de Desarrollo Social a través del programa de Infancia y Adolescencia, que durante abril ha articulado acciones interinstitucionales para fortalecer la oferta dirigida a la población infantil.
En el marco de esta iniciativa, se estableció una agenda semanal con actividades en distintos entornos como salud, educación, hogar, comunitario y digital, priorizando barrios urbanos como Villa Flor, Cataluña, La Esmeralda, Cimarrón y Llano Lindo, así como sectores rurales entre ellos La Alemania, La Niata, El Charte, La Chaparrera, Morichal y Tilodirán.
La Administración Municipal destacó que estas acciones incluyen acompañamiento pedagógico, promoción de lectura, actividades culturales y deportivas con apoyo del Instituto de Cultura y Turismo y el Instituto de Deporte y Recreación de Yopal, reafirmando su compromiso con la garantía de los derechos de la niñez y su desarrollo integral a través del juego, la cultura y la recreación.
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Casanare se prepara para cumplir con la historia clínica digital compartida en todas las IPS
Casanare avanza en la transformación digital del sistema de salud con los preparativos para implementar la interoperabilidad de la historia clínica electrónica en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), un proceso liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social que busca mejorar la calidad y oportunidad en la atención a los usuarios.
Esta estrategia hace parte de una política nacional que permite integrar en un sistema único y seguro la información clínica de cada paciente, de manera que pueda ser consultada en cualquier lugar del país, sin importar la institución donde reciba atención . En Casanare, las IPS adelantan procesos de asistencia técnica, adecuación tecnológica y capacitación del talento humano para cumplir con los estándares exigidos por la normatividad vigente.
El proceso se enmarca en la Ley 2015 de 2020 y en la reciente reglamentación que impulsa el uso del Resumen Digital de Atención (RDA), un instrumento que permitirá compartir datos clave como diagnósticos, tratamientos y antecedentes médicos entre entidades de salud . Esta interoperabilidad facilitará la continuidad del cuidado, reducirá errores clínicos y evitará la duplicidad de exámenes.
A partir del 15 de abril de 2026, entra en vigencia obligatoria en Colombia la Historia Clínica Electrónica Interoperable (IHCE), un sistema nacional que conecta las historias clínicas de todas las IPS y EPS para mejorar la continuidad del cuidado, permitiendo el acceso seguro e inmediato al Resumen Digital de Atención (RDA) de los pacientes.
Con estos avances, el departamento se alinea con la transformación digital del sector salud en Colombia, enfocada en garantizar una atención más rápida, segura y completa. La meta es que la información médica acompañe al paciente durante toda su vida, optimizando la toma de decisiones médicas y fortaleciendo la eficiencia del sistema en todos los niveles de atención .
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Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
