CASANARE
“Las denuncias en mi contra son protagonismo político”: Niyer Lozano
Hace algunas semanas el Concejal del municipio de Hato Corozal, Yurien Esneider Moreno denunció ante la Fiscalía al Alcalde Alexander Martínez Parra y al Director del Instituto Agustín Codazzi (IGAC) en Casanare, Niyer Lozano, por presuntas irregularidades en un contrato interadministrativo.
En la denuncia el Concejal afirmó que el objeto del contrato que es la conservación catastral de 1.000 predios y que tenía un costo de $68’000.000 no se cumplió y además se habría registrado la contratación si el lleno de los requisitos legales.
Ante esta situación, el Director del IGAC en Casanare respondió a los cuestionamientos donde aseguró que la denuncia está enfocada a generar protagonismo político para próximas campañas.
“El contrato si se firmó y se ejecutó, aún no se ha podido liquidar por diferencias graficas que consisten en la inexistencia de puntos geodésicos en el municipio, lo que puede generar diferencias en las coordenadas, son situaciones completamente técnicas”, manifestó el funcionario.
El Director del IGAC en Casanare también aseguró que el contrato no fue firmado por él, sino por la subdirectora de catastro a nivel nacional, por lo tanto, los recursos del contrato los recibe directamente el Instituto para cubrir los gastos de diseño e impresión de los mapas geográficos.
Sobre la denuncia del Concejal donde aseguró que el IGAC habría ‘maquillado’ algunas cifras para dar por ejecutado el contrato, el director indicó que se trató de un proceso de conservación dinámica catastral, que se basa específicamente en el cambio y actualización de la información en cada uno de los predios intervenidos.
Por último el Director del IGAC para el departamento se refirió a la subcontratación de una firma de abogados dentro del contrato, ante ello explicó que el proceso estuvo a cargo de la Alcaldía de Hato Corozal, sin embargo, se tuvieron que cumplir unos requisitos y que este personal debe hacer su actividad dentro del instituto, porque el IGAC es el operador técnico del contrato.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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