CASANARE
La resolución de casos de homicidio en Casanare llegó al 70% entre 2020 y 2023
La Seccional Casanare de Fiscalías alcanzó cifras históricas en la lucha contra los crímenes que más afectan a la población de este departamento del oriente colombiano, entre los años 2020 y 2023.
De esta manera se logró, por ejemplo, que la tasa de homicidios resueltos pasara del 46% al 70%, al finalizar este periodo.
Otro logro importante tiene que ver con uno de los delitos que más afecta la convivencia de los hogares: la violencia intrafamiliar. En este sentido se pasó del 24% en el 2020 al 95% los casos resueltos en el 2024.
La Seccional también arrojó importantes resultados en la lucha contra el crimen organizado impactando bandas delincuenciales dedicadas al narcotráfico y al secuestro.
Desmantelado grupo delincuencial Los Berlín, dedicado al tráfico de estupefacientes (2021)
Este grupo delincuencial denominado Los Berlín, integrado por ocho hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad venezolana, se dedicaba a la distribución y comercialización de estupefacientes en los municipios de Yopal, Paz de Ariporo, Maní y el corregimiento de La Chaparrera entre otros.
Fue desvertebrado gracias a las investigaciones del CTI Casanare en coordinación con la Policía Nacional, donde se pudo poner al descubierto su modo de operar, los diferentes canales que tenían para distribuir los alucinógenos y descubrir que buena parte de su clientela eran los niños, niñas y jóvenes de los sectores más vulnerables de la capital del Casanare que frecuentaban polideportivos y parques.
Actualmente el proceso judicial en contra de estas personas se encuentra en etapa de juicio oral y por solicitud de la Fiscalía hoy se encuentran detenidos de manera preventiva en la cárcel.
Golpe al corazón de Los de la Décima (2022 -2023)
En este caso las investigaciones iniciaron en 2022 y terminaron en el presente año. Se logró infiltrar con personal encubierto una de las más grandes organizaciones delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes, denominada Los de la Décima. Además se hicieron interceptaciones telefónicas que permitieron conocer en detalle cada uno de sus movimientos.
El fiscal destacado para este caso imputó a cinco mujeres y ocho hombres por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico fabricación o porte de estupefacientes. Los contundentes elementos materiales probatorios que recaudó, permitieron que un juez con función de control de garantías les dictara a todos medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Actualmente, 11 de ellos aceptaron su responsabilidad en la comisión de dichos delitos y celebraron preacuerdos con la Fiscalía y serán condenados a penas que oscilan entre los 6 y 8 años de prisión. Los demás continúan en juicio.
Duro golpe contra secuestradores (2023)
Las cifras de la presente vigencia son contundentes:
Se recibieron 7 casos de secuestro de los cuales se resolvieron 6, para un porcentaje del 85%.
Durante el presente año se asestó un duro golpe a los secuestradores de la mamá del alcalde del municipio de Villanueva (Casanare), raptada el pasado 11 de julio.
Gracias a la rápida reacción del CTI y los Gaula del Ejército y de la Policía Nacional, se logró dar con el paradero de la mujer. En el operativo fue capturado el hombre que la transportaba en un vehículo de propiedad de la víctima.
De las investigaciones adelantadas por el fiscal destacado para este caso, se desprendió que eran varias las personas las responsables, y por lo que fueron capturadas otras tres personas, entre ellas la mujer que fue la encargada de cuidar en su vivienda a la secuestrada.
Ante la contundencia de los elementos materiales probatorios recaudados y presentados por la Fiscalía, Jhon Arley Arias llegó a preacuerdo con el ente acusador y hoy se encuentra pendiente de lectura de fallo en su contra que lo sentencia a 14 años de prisión.
Con relación a Yeison Arquímedes Plata, quien fue capturado el pasado 11 de septiembre, y quien se encuentra privado de la libertad en centro carcelario, está adelantando preacuerdo con la Fiscalía y está pendiente para verificación por parte del juzgado del Circuito de Monterrey.
En cuanto a Carlos Alonso Gómez y Sonia Torres, ellos se encuentran con medida de aseguramiento carcelaria. Ya se presentó el correspondiente escrito de acusación y está pendiente que se adelante la audiencia de acusación por parte de un juzgado de Monterrey (Casanare).
Una mujer perdió la vida en la mañana de este jueves en un trágico accidente de tránsito registrado en el cruce de la calle 30 con carrera 33, en la ciudad de Yopal. La víctima fue identificada como Andrea Lilian Montaña Montaña, de 39 años, natural del municipio de Chámeza, quien se movilizaba en una motocicleta Yamaha de placa PDA 16E cuando colisionó contra un vehículo KIA Sportage de placas PIP207.
El impacto fue tan fuerte que la mujer perdió la vida en el lugar de los hechos. Al sitio acudieron unidades de tránsito y personal de criminalística, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron la recolección de información para establecer cómo ocurrió este siniestro vial.
Preliminarmente se conoció que la víctima fatal se desplazaba por la carrera 33 en sentido norte sur, mientras que el vehículo particular lo hacía por la calle 30 en sentido hacia la vía Mate´pantano. En el mencionado cruce se produjo la violenta colisión contra el costado izquierdo de la camioneta. El impacto quedó reflejado contra las dos puertas del automotor.
Detrás de esta tragedia queda una historia que golpea profundamente a una familia. Andrea era madre soltera y deja dos hijos, quienes hoy deben enfrentar la dolorosa ausencia de su ser querido, una realidad que viven muchas familias cuando la vida se apaga de forma repentina en las vías.
Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras este hecho vuelve a poner sobre la mesa el drama humano que dejan los siniestros viales: hogares marcados por el duelo, proyectos de vida truncados y familias que deben aprender a seguir adelante con una silla vacía en casa.
Los restos óseos hallados durante la construcción de obras de alcantarillado en la ciudadela La Bendición, en Yopal, correspondían a Ángela Patricia Salas Ruiz, una joven de 22 años que había sido reportada como desaparecida por sus familiares desde agosto de 2024.
La identificación se logró mediante pruebas de ADN practicadas por el Instituto de Medicina Legal, que permitieron cotejar el material genético con muestras de familiares cercanos.
De acuerdo con la información conocida, el análisis forense permitió establecer que los restos encontrados pertenecen a la joven desaparecida, cerrando así casi dos años de incertidumbre para sus allegados. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial confirmando públicamente este resultado, aunque los familiares ya lo hicieron.
Los restos fueron encontrados de manera accidental en abril de 2025, cuando se adelantaban excavaciones para la instalación de tuberías del sistema de alcantarillado en este sector de la capital casanareña. Trabajadores que realizaban la obra detectaron el material óseo, lo que obligó a suspender temporalmente las labores mientras unidades forenses realizaban el levantamiento correspondiente.
Posteriormente, los restos fueron trasladados a Medicina Legal para los análisis científicos que permitieran establecer su identidad. Mientras se espera un comunicado oficial de las autoridades, el caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las personas desaparecidas y las circunstancias que rodean este tipo de hechos en la región.
Por este caso, los familiares de la víctima siempre han puesto la lupa sobre un sujeto conocido con el alias de “Vitamina”, quien era la pareja sentimental de Ángela Patricia para la época de su desaparición, de quien se conoció que en estos momentos se encuentra detenido en la Cárcel de La Guafilla por otros delitos.
Lea también: Continúa búsqueda de joven mujer desaparecida en Yopal desde el 25 de agosto
La Secretaría de Hacienda de Casanare reportó un notable incremento en el recaudo del impuesto vehicular, alcanzando la cifra de 2.600 millones de pesos. Este monto incluye 600 millones provenientes del cobro coactivo, lo que representa un crecimiento del 23% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando el recaudo se situó en 400 millones de pesos.
Este aumento no solo fortalece las finanzas del departamento, proporcionando más recursos para la inversión pública en infraestructura y servicios, sino que también evidencia la confianza de los contribuyentes en las campañas de beneficios tributarios ofrecidas por la administración. Estos resultados son vitales para impulsar el desarrollo regional.
El impacto de las campañas ha sido significativo en la normalización de deudas, con 1.300 personas acercándose a las oficinas para ponerse al día con sus obligaciones. Adicionalmente, 242 procesos de cobro coactivo han sido cerrados exitosamente tras el pago de las deudas, lo que demuestra la efectividad de las medidas implementadas.
La administración departamental enfatiza que regularizar estas deudas ofrece seguridad jurídica a los ciudadanos. Al saldar sus obligaciones, la Secretaría de Hacienda procede de inmediato al levantamiento de medidas cautelares, previniendo embargos de cuentas bancarias y propiedades, y permitiendo a los propietarios circular y disponer de sus bienes con tranquilidad.
“Estamos logrando una recuperación de cartera histórica que se traduce en bienestar para el departamento y tranquilidad para las familias, quienes hoy pueden circular y disponer de sus bienes sin el temor de procesos legales”, manifestó Diana Nossa, directora de la Oficina de Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda de Casanare.
A pesar de los resultados positivos, la gobernación advierte que aún existe un número considerable de vehículos con deudas pendientes que, si bien no han entrado en etapa coactiva, están próximos a ser ejecutados. Por ello, se extiende una invitación final a los propietarios en mora para que aprovechen los descuentos vigentes y eviten futuros procesos de cobro que puedan afectar su patrimonio.
