El río Cravo Sur, considerado uno de los cuatro con mayor caudal del departamento del Casanare, no solo es importante por albergar distintos ecosistemas como el piedemonte llanero, el páramo o las sabanas, o por ser lugar con tierras fértiles para cultivos como la caña o el café, sino que también es un referente importante de la cultura llanera: tanto así, que el compositor casanareño Carlos César Cachi Ortegón alguna vez le dedicó estas palabras al afluente: “Río eterno, de cuentos y sueños, río-amor”.

El pasado 23 de marzo, la Agencia Nacional de Minería (ANM) convocó a una audiencia pública en la ciudad de Yopal, para socializar dos de las 11 propuestas de contratos de concesión de pequeña y mediana minería que están en estudio para realizarse en la cuenca del río Cravo Sur. Son dos solicitudes mineras, ambas para realizarse en la jurisdicción de Yopal, las que ya acreditaron el cumplimiento de los requisitos técnicos, jurídicos y económicos, por lo que debieron ser socializadas con la comunidad. Hay siete más que se están estudiando para la zona.

Todas estas son para la extracción de materiales de construcción, como arenas, gravas y recebo. La Agencia aclaró que estos todavía no son proyectos mineros propiamente, ya que deben cumplir con requisitos legales que les permiten realizar futuras actividades, exploración y estudios ambientales para determinar si se puede o no llevar a cabo. A pesar de esto, algunos de los asistentes, entre los que estaban habitantes cercanos a la cuenca y ambientalistas interesados en el tema, manifestaron sus dudas con estas solicitudes, incluso durante el desarrollo de la audiencia.

A Jorge Prieto, exsenador por el Partido Verde y ambientalista, le preocupó que la misma convocatoria a esta reunión no fuera masiva, lo que impidió la asistencia de más personas. Otras personas coinciden con esa opinión. En la misma relatoría de la audiencia pública quedó registrada la intervención de habitantes de Yopal como Olga Mireya Cruz, quien cuestionó la escasa asistencia al evento.

Pero más allá de eso, algunos vecinos de la zona tienen dudas sobre los impactos ambientales que podrían tener estos proyectos. Los asistentes a la reunión expresaron preocupaciones sobre el impacto en la potabilidad del agua, posibles movimientos del cauce del río, las consecuencias en la estabilidad geológica de la zona e incluso la presencia prolongada de volquetas en los caminos hacia las veredas.

En total, de las 11 solicitudes que están en revisión, nueve se ubicarían en la jurisdicción de Yopal, una en el municipio de Orocué y otra en Labranzagrande (Boyacá). Las propuestas de los contratos abarcarían las áreas de más de 15 veredas en el departamento del Casanare, entre las que están La Upanema, Bellavista, La Manga, Barbascos, Santafé de Morichal, El Milagro, La Niata, La Guamalera, Brisas del Cravo y La Vega.

Aunque no todos los habitantes de estas veredas han expresado preocupación por las licencias, los vecinos de la vereda Barbascos y algunos del corregimiento El Morro han manifestado dudas en particular. Por ejemplo, durante la audiencia pública, Orlando Peña, presidente de una Junta de Acción Comunal de la vereda Barbascos, dijo que todos los habitantes de esa zona están preocupados por los posibles cambios del cauce del río y que, hoy en día, existe un problema constante de problemas con las volquetas en las veredas “que afecta a los finqueros que no pueden aprovechar pastos y cultivos por el polvo de los vehículos”.

Otros casanareños también están intranquilos por la posible concesión en la zona del corregimiento El Morro, en las veredas La Guamalera, Brisas del Cravo y La Vega. Allí está la Planta de Tratamiento de Agua Potable que abastece el municipio de Yopal y que toma su agua del río. La primera inquietud de los vecinos es si la cantidad y calidad del agua potable que más de 170 mil personas consumen en la capital del Casanare se mantendrá. Además de esto, también les preocupa la inestabilidad en esta zona, en la parte alta de la cuenca del río, indica Laura Miranda, directora de la Fundación Cunaguaro y coordinadora del proyecto “Cravo sur río vital”.

“La Planta de Tratamiento está en un área que no es la más segura de todas. Durante los inviernos, uno ve cómo las crecientes bajan con mucho sedimento y cómo se están disminuyendo las orillas del cauce”, explica. La carretera de El Morro, además, se disputa el terreno con el río en algunos tramos. “Las autoridades ambientales todavía no han garantizado la estabilización de los taludes alrededor, no tenemos certeza de qué tanta regulación pueda existir en este momento”, agrega.

Las dudas que genera las características de las áreas que se podían intervenir no se limitan únicamente al corregimiento El Morro. Diana Murillo, ingeniera ambiental de la Fundación Universitaria de San Gil con especialización en Gestión Ambiental, explica que, por sus condiciones geomorfológicas, Casanare sí tiene una tendencia a tener zonas inestables, con mayores riesgos a tener inundaciones y deslizamientos.

Murillo escribió hace poco un capítulo sobre la minería en la cuenca media y baja del Cravo Sur, en el libro “El reto de conservar y producir. Biodiversidad y sistemas productivos en la cuenca media y baja del río Cravo Sur”. En su investigación, revisó varios informes de gestión de riesgo para el río, a partir de los que pudo verificar que la minería por extracción “sí influye en que el río se coma cada vez más el terreno, y que haya un incremento del riesgo de inundaciones”. La ingeniera indica que, si bien es cierto que la minería no es el único factor que influye en la inestabilidad del área, sí puede ser un detonante. (Le puede interesar:

Andrea Barrera, directora de Conservación y soberanía ambiental de la Asociación de Becarios del Casanare (ABC) añade que es esta parte media del río, entre los municipios de Yopal, Aguazul y Tauramena, la que es especialmente inestable. “Ahorita en invierno es terrible, hay muchos derrumbes y pérdidas de la bancada. La carretera se ha caído varias veces”, dice.

Los casanareños también manifiestan dudas que les han surgido a partir de su experiencia con otros proyectos extractivos en la cuenca del río, como la industria petrolera. “La experiencia con el petróleo nos permitió aprender que no solo se podría afectar el agua, sino diferentes ecosistemas y especies, por lo que ahora digo no a la explotación del río”, dijo Sandra Hernández, representante de la comuna 1 de Yopal durante la audiencia pública.

Uno de los ejemplos de las críticas que produjeron los proyectos petroleros es la denuncia de desplazamiento del cauce del río. Habitantes de veredas de la cuenca media del río, por el corregimiento de El Morro, manifestaron que la construcción de un tramo del oleoducto “Citygate”, así como tres trituradoras mineras que funcionan en el territorio desde 2007, causaron pérdidas de “hasta nueve hectáreas de tierra firme en sus veredas”, registró el trabajo de grado de maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo de Cristhian Verdugo, de la Universidad de los Andes.

En su investigación, Verdugo habló con habitantes de la zona, entre quienes había varios que compartían quejas similares sobre la desviación del río. Uno de ellos, por ejemplo, manifestó que, antes de que funcionaran las trituradoras, su casa quedaba a 200 metros del río. Para 2019, el agua ya se había comido algo del terreno de su finca. Con los denunciantes, Verdugo realizó varios talleres en los que utilizaron imágenes satelitales de Google Earth entre 2007 y 2014 para ver cómo se había desplazado el río.

“Es normal que el cauce del río se desplace, pero lo que es extraño es que todas las pérdidas de terrenos firmes se den única o mayoritariamente hacia un lado, las veredas”, indica el investigador. Con las imágenes satelitales encontró que cerca del 75 % de la pérdida de tierra firme la sufrieron las comunidades, mientras que la empresa minera obtuvo el 87 % de la ganancia de tierra firme.

Algunos, incluso, opinan que ya es hora de ponerle freno a las nuevas actividades en la cuenca del río. “Yo no tengo mis reparos con las nuevas solicitudes por ser ambientalista fanática, sabemos que se tienen que hacer algunas cosas en pro del desarrollo. Pero ya hay bastantes proyectos que están extrayendo el agua”, dice Laura Miranda, de la Fundación Cunaguaro. 

¿Qué viene para las solicitudes en revisión?

Por ahora, informó la Agencia Nacional de Minería, los proyectos mineros están en proceso de cumplimiento de los requisitos legales para obtener, eventualmente, contratos de concesión minera que les permita realizar actividades de exploración o estudios ambientales. Este paso permitirá, a su vez, identificar si es posible desarrollar un proyecto minero de explotación en cada una de las zonas señaladas.

Una vez que los proyectos tengan los títulos, hayan cumplido con la etapa de exploración y la ANM haya aprobado su Programa de Trabajos y Obras, los titulares mineros deberán presentar ante la Corporación Autónoma de la Orinoquia el Plan de Manejo Ambiental para el área solicitada. Una vez este sea aprobado, se dará autorización para iniciar la explotación del mineral de acuerdo con las recomendaciones y observaciones de la Corporación. “En caso de no ser aprobado el instrumento ambiental correspondiente, no se podrán llevar a cabo labores de explotación del mineral solicitado”, enfatiza la ANM.

Fuente: El Espectador