META
Justicia ordenó restituir tierras a familia víctima del desplazamiento forzado en Lejanías
Con sus corazones llenos de alegría y gratitud, Martha Cecilia, sus hermanos, sobrinos, nietos y demás integrantes de la familia Arce Caballero, recibieron las 114 hectáreas que les devolvió la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
En un conmovedor acto que se cumplió en la vereda Lucitania del municipio de Lejanías, en el Meta, con la presencia de profesionales y colaboradores de la URT, tal como la jueza municipal Carolina Guevara, el personero Héctor Cubides y la Fuerza Pública, se cumplió la orden Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio: la entrega de los predios ‘El Vergel’, de 44 hectáreas y 9.853 metros cuadrados; ‘El Vergel 2’, de 43 hectáreas y 7.766 metros cuadrados; así como ‘El Mirador’, de 25 hectáreas y 2.309 metros cuadrados, a sus legítimos dueños, que debieron abandonarlos por presión de las extintas Farc-Ep.
Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, recalcó: “nos llena de satisfacción oficializar la restitución de sus tierras a los 28 herederos que integran esta familia víctima de abandono forzado. Como contribución a su reparación integral, les otorgamos un subsidio por 40 salarios mínimos para la implementación del proyecto productivo de ganadería bovina de ceba y levante”.
Por su parte, la beneficiaria Martha Cecilia Arce agradeció el acompañamiento de la Unidad de Restitución de Tierras para hacer realidad el sueño de volver: “estamos felices de recibir nuestros predios. Es el mejor regalo de navidad, después de tanto sufrimiento. Ahora podemos seguir cultivando en compañía de nuestros hermanos, hijos, sobrinos y nietos”.
La historia de los Arce se remonta al año 1973, cuando adquirieron estos predios, que eran explotados con la siembra de fríjol, plátano y café. Además, en ellos tenían cría de reses, caballos, cerdos y gallinas. Su tranquilidad se vio afectada en 1991, por la presencia de guerrilleros de las Farc-Ep, que comenzaron a pedir contribuciones y amenazaron con reclutar a sus hijos.
En 2004, 12 hombres armados irrumpieron en la vivienda de los Arce y manifestaron que si no les entregaban a sus hijos debían irse de inmediato. Luego, los guerrilleros procedieron a prenderle fuego a la casa. Ante estos hechos, la familia huyó hacia Villavicencio.
Con el paso del tiempo y tras el fallecimiento de sus padres, los herederos acudieron a la URT, que asumió la representación judicial de los Arce y, como resultado de esa acción legal, hoy se concreta la restitución de sus predios.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras – Dirección Territorial Meta
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
