REGIÓN
Justicia ordena compensar a mujer víctima de los paramilitares en Paratebueno
Una mujer de 77 años y su núcleo familiar, quienes fueron víctimas de la violencia paramilitar en zona rural de Paratebueno, volverá a tener vivienda propia, por decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó restituir el predio mediante la figura de compensación.
“Después de 26 años, se hizo justicia para mi madre. Gracias a la Unidad de Restitución de Tierras, por el apoyo que nos brindaron, estamos felices porque tendremos una vida digna”, aseguró Rodrigo Antonio Vaca, uno de los hijos de la beneficiaria.
La historia de la familia Vaca se remonta al año 1986, cuando la mujer y su esposo (q.e.p.d) adquirieron el predio Las Gaviotas, de 4.819 metros cuadrados, ubicado en la vereda Macapay Bajo. Allí la mujer instaló una tienda en la que vendía abarrotes y cerveza, pero la tranquilidad se vio alterada en 1997, cuando hombres armados asesinaron a su hija. Este crimen fue confesado años después en Justicia y Paz por Luis Miguel Hidalgo alias “Ratón”, integrante del Bloque Héroes del Llano de las autodefensas.
Ante el asecho de los paramilitares, la mujer, que es analfabeta, no tuvo más remedio que firmar unos documentos por la venta de su predio y huir para salvaguardar su vida y la de sus otros hijos. Ella manifestó que no recuerda detalles de la venta de su propiedad.
Una vez entró en vigencia la Ley 1448 de 2011, ella y sus hijos acudieron a la sede de la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Villavicencio, para que llevara su caso ante la justicia. Gracias al acompañamiento judicial, el Tribunal Superior de Bogotá profirió sentencia mediante la cual ordenó la restitución por compensación, ya que el predio reclamado fue expropiado por la ANI porque está incluido dentro del proyecto de interés nacional para construir la vía Villavicencio-Yopal.
Entre tanto la URT, a través del Grupo Fondo, compensará a los beneficiarios con la compra de un nuevo predio en el sitio que ellos elijan y de similares características al que abandonaron por causa del conflicto.
El Tribunal declaró que no fue probado el actuar de buena fe exenta de culpa por parte del opositor. También, la justicia dispuso la reparación integral a las víctimas y la inclusión de la familia restituida en los proyectos y oferta institucional de las entidades del Estado, entre otros beneficios.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
