META
Justicia ordena compensar a mujer desplazada por los paramilitares en el Meta
Una mujer y sus cinco hijos, integrantes de una familia que fue desplazada por los paramilitares en Puerto Rico (Meta), será compensada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), tras ser reconocida como víctima de abandono forzado del predio de 274 metros cuadrados ubicado en el barrio El Jardín.
Así lo dispuso el Tribunal Superior de Bogotá, que además declaró como segundo ocupante a quien actualmente reside en la vivienda.
En el año 2003, la mujer y su esposo adquirieron el lote mediante cesión realizada por la Alcaldía Municipal. En él hicieron algunas mejoras para habitarlo junto con sus hijos. La tragedia para esta familia comenzó dos años después, por cuenta de la presencia de las autodefensas, que comenzaron a asecharlos a tal punto que, por orden del comandante conocido con el alias de ‘Pantera’, irrumpieron en la vivienda y agredieron físicamente a la mujer, quien resultó hospitalizada por las heridas que le dejaron en la cabeza.
Ante las amenazas, la familia se vio obligada a desplazarse hacia el municipio de Lejanías. Entre tanto, otra persona inició la ocupación del predio abandonado, argumentando había adquirido la propiedad el año 1998 y que también fue víctima del conflicto armado.
Tras la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, la familia desplazada acudió a la URT para que llevara la reclamación ante la justicia. En efecto, como resultado del trabajo de la entidad, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la restitución mediante compensación a la familia víctima de abandono forzado de su predio. Por lo tanto, la URT le comprará a sus integrantes una nueva vivienda en el sitio que elijan y tendrán derecho a la oferta institucional del Estado en materia de reparación Integral.
Así mismo, el tribunal consideró que el opositor es sujeto de protección porque también es víctima del conflicto armado; lo declaró como segundo ocupante, porque demostró que no tuvo ninguna relación con el despojo o abandono forzado del bien inmueble, lo que significa que continuará ejerciendo el dominio del predio y también tendrá derecho a la oferta institucional del Estado.
Este fallo representa un paso significativo hacia la justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado en el Meta. La URT reafirma su compromiso con los solicitantes y continúa trabajando para restablecer sus derechos territoriales.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
