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Justicia ordena compensar a mujer desplazada por los paramilitares en el Meta
Una mujer y sus cinco hijos, integrantes de una familia que fue desplazada por los paramilitares en Puerto Rico (Meta), será compensada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), tras ser reconocida como víctima de abandono forzado del predio de 274 metros cuadrados ubicado en el barrio El Jardín.
Así lo dispuso el Tribunal Superior de Bogotá, que además declaró como segundo ocupante a quien actualmente reside en la vivienda.
En el año 2003, la mujer y su esposo adquirieron el lote mediante cesión realizada por la Alcaldía Municipal. En él hicieron algunas mejoras para habitarlo junto con sus hijos. La tragedia para esta familia comenzó dos años después, por cuenta de la presencia de las autodefensas, que comenzaron a asecharlos a tal punto que, por orden del comandante conocido con el alias de ‘Pantera’, irrumpieron en la vivienda y agredieron físicamente a la mujer, quien resultó hospitalizada por las heridas que le dejaron en la cabeza.
Ante las amenazas, la familia se vio obligada a desplazarse hacia el municipio de Lejanías. Entre tanto, otra persona inició la ocupación del predio abandonado, argumentando había adquirido la propiedad el año 1998 y que también fue víctima del conflicto armado.
Tras la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, la familia desplazada acudió a la URT para que llevara la reclamación ante la justicia. En efecto, como resultado del trabajo de la entidad, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la restitución mediante compensación a la familia víctima de abandono forzado de su predio. Por lo tanto, la URT le comprará a sus integrantes una nueva vivienda en el sitio que elijan y tendrán derecho a la oferta institucional del Estado en materia de reparación Integral.
Así mismo, el tribunal consideró que el opositor es sujeto de protección porque también es víctima del conflicto armado; lo declaró como segundo ocupante, porque demostró que no tuvo ninguna relación con el despojo o abandono forzado del bien inmueble, lo que significa que continuará ejerciendo el dominio del predio y también tendrá derecho a la oferta institucional del Estado.
Este fallo representa un paso significativo hacia la justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado en el Meta. La URT reafirma su compromiso con los solicitantes y continúa trabajando para restablecer sus derechos territoriales.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)
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A la cárcel por atentar contra la vida de un hombre en Puerto Gaitán, capturados en flagrancia
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
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A la cárcel por maltratar e intentar asesinar a sus dos hijas de 8 meses y 12 años
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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