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Justicia ordena compensar a mujer desplazada por los paramilitares en el Meta
Una mujer y sus cinco hijos, integrantes de una familia que fue desplazada por los paramilitares en Puerto Rico (Meta), será compensada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), tras ser reconocida como víctima de abandono forzado del predio de 274 metros cuadrados ubicado en el barrio El Jardín.
Así lo dispuso el Tribunal Superior de Bogotá, que además declaró como segundo ocupante a quien actualmente reside en la vivienda.
En el año 2003, la mujer y su esposo adquirieron el lote mediante cesión realizada por la Alcaldía Municipal. En él hicieron algunas mejoras para habitarlo junto con sus hijos. La tragedia para esta familia comenzó dos años después, por cuenta de la presencia de las autodefensas, que comenzaron a asecharlos a tal punto que, por orden del comandante conocido con el alias de ‘Pantera’, irrumpieron en la vivienda y agredieron físicamente a la mujer, quien resultó hospitalizada por las heridas que le dejaron en la cabeza.
Ante las amenazas, la familia se vio obligada a desplazarse hacia el municipio de Lejanías. Entre tanto, otra persona inició la ocupación del predio abandonado, argumentando había adquirido la propiedad el año 1998 y que también fue víctima del conflicto armado.
Tras la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, la familia desplazada acudió a la URT para que llevara la reclamación ante la justicia. En efecto, como resultado del trabajo de la entidad, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la restitución mediante compensación a la familia víctima de abandono forzado de su predio. Por lo tanto, la URT le comprará a sus integrantes una nueva vivienda en el sitio que elijan y tendrán derecho a la oferta institucional del Estado en materia de reparación Integral.
Así mismo, el tribunal consideró que el opositor es sujeto de protección porque también es víctima del conflicto armado; lo declaró como segundo ocupante, porque demostró que no tuvo ninguna relación con el despojo o abandono forzado del bien inmueble, lo que significa que continuará ejerciendo el dominio del predio y también tendrá derecho a la oferta institucional del Estado.
Este fallo representa un paso significativo hacia la justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado en el Meta. La URT reafirma su compromiso con los solicitantes y continúa trabajando para restablecer sus derechos territoriales.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
