META
Justicia ordena compensar a mujer desplazada por los paramilitares en el Meta
Una mujer y sus cinco hijos, integrantes de una familia que fue desplazada por los paramilitares en Puerto Rico (Meta), será compensada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), tras ser reconocida como víctima de abandono forzado del predio de 274 metros cuadrados ubicado en el barrio El Jardín.
Así lo dispuso el Tribunal Superior de Bogotá, que además declaró como segundo ocupante a quien actualmente reside en la vivienda.
En el año 2003, la mujer y su esposo adquirieron el lote mediante cesión realizada por la Alcaldía Municipal. En él hicieron algunas mejoras para habitarlo junto con sus hijos. La tragedia para esta familia comenzó dos años después, por cuenta de la presencia de las autodefensas, que comenzaron a asecharlos a tal punto que, por orden del comandante conocido con el alias de ‘Pantera’, irrumpieron en la vivienda y agredieron físicamente a la mujer, quien resultó hospitalizada por las heridas que le dejaron en la cabeza.
Ante las amenazas, la familia se vio obligada a desplazarse hacia el municipio de Lejanías. Entre tanto, otra persona inició la ocupación del predio abandonado, argumentando había adquirido la propiedad el año 1998 y que también fue víctima del conflicto armado.
Tras la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, la familia desplazada acudió a la URT para que llevara la reclamación ante la justicia. En efecto, como resultado del trabajo de la entidad, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la restitución mediante compensación a la familia víctima de abandono forzado de su predio. Por lo tanto, la URT le comprará a sus integrantes una nueva vivienda en el sitio que elijan y tendrán derecho a la oferta institucional del Estado en materia de reparación Integral.
Así mismo, el tribunal consideró que el opositor es sujeto de protección porque también es víctima del conflicto armado; lo declaró como segundo ocupante, porque demostró que no tuvo ninguna relación con el despojo o abandono forzado del bien inmueble, lo que significa que continuará ejerciendo el dominio del predio y también tendrá derecho a la oferta institucional del Estado.
Este fallo representa un paso significativo hacia la justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado en el Meta. La URT reafirma su compromiso con los solicitantes y continúa trabajando para restablecer sus derechos territoriales.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
