META
Justicia ordena compensar a familia que fue obligada a abandonar su predio en Vistahermosa
La familia que fue desplazada por la violencia del casco urbano de Vistahermosa, Meta, está integrada por una pareja y sus dos hijos y fue declarada víctima de abandono forzado de su predio de 158 metros cuadrados.
En consecuencia, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio, ordenó compensar a sus miembros con una nueva vivienda en el sitio que ellos elijan; mientras que la mujer que ocupa actualmente el predio, fue reconocida como segundo ocupante y continuará habitándolo.
En el año 2000, los esposos adquirieron la casa lote a la cual le realizaron unas mejoras. El jefe del hogar se dedicaba a hacer acarreos y a transportar personas a las veredas, por lo que en algunas ocasiones se vio obligado a movilizar a guerrilleros, y a la postre, tras la llegada de los paramilitares, ocasionó que fuera tildado de auxiliador de las FARC-EP y conminado por alias “Rolando” a abandonar el municipio.
Luego de huir hacia Villavicencio, para salvaguardar sus vidas y con el paso del tiempo, la familia acudió a la Unidad de Restitución de Tierras, entidad que llevó su caso ante la justicia, logrando que sus integrantes fueran declarados víctimas de desplazamiento y abandono forzado de tierras y a la vez, que se ordenara la compensación.
En este caso, los miembros de la familia beneficiada con la sentencia, manifestaron que no están interesados en retornar, porque consideran que sus vidas continúan en riesgo y, además, sienten que ya perdieron el arraigo. Así las cosas, la Unidad les comprará un nuevo predio de similares características al que debieron abandonar.
En el fallo, además, se reconoce la condición de segundo ocupante a una mujer cabeza de hogar, quien llegó a vivir con sus hijos al predio deshabitado y después lo adquirió mediante carta venta de la alcaldía municipal. El juez consideró que se
trata de una persona vulnerable que también es víctima de violencia y, por lo tanto, continuará viviendo allí.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
