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Justicia ordena compensar a comerciante desterrado por las Farc en Mapiripán
Un comerciante de víveres y de combustible quien fue obligado a abandonar su predio ubicado en la inspección de Puerto Alvira, en Mapiripán, será compensado por la Unidad de Restitución de Tierras.
Así lo contempla el fallo proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Villavicencio, que declaró víctima de desplazamiento al adulto mayor y ordenó medidas para su reparación integral.
En 1996 este hombre dedicado a la comercialización gasolina y de productos de la canasta familiar, comenzó a habitar el predio de 256 metros cuadrados que le otorgó la Junta de Acción Comunal. Allí construyó dos habitaciones, cocina sala comedor y dos baños que compartía con su único hijo.
El comerciante fue objeto de extorsión por parte del frente 44 de las FARC que le fijó como vacuna la entrega mensual de 10 tambores de gasolina o el pago de $3 millones. Las Constantes presiones, sumadas a la incursión paramilitar en el año 2008, motivaron al adulto a abandonar el predio que habitó por 16 años y a emprender la huida hacia Villavicencio para salvaguardar su vida y la de su hijo.
El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, César Santoyo, indicó que con el paso del tiempo y la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, el comerciante solicitó el acompañamiento de esta entidad que ejerció su representación judicial, logrando así que la justicia emitiera sentencia a su favor.
“En esta sentencia, el juez ordena a la Unidad la aplicación de la compensación como medida reparadora, debido a que el reclamante no podrá retornar al predio por ser un adulto mayor quien sufre de diabetes, recientemente fue sometido a una cirugía de corazón abierto, ya perdió el arraigo y aún teme por su seguridad”, explicó Santoyo.
Así las cosas, la URT a través del grupo Fondo, le comprará una vivienda de similares características a la que abandonó por cuenta del conflicto armado, mientras que el inmueble de Puerto Alvira, pasará al inventario de los bienes baldíos de la nación.
Gracias a la sentencia, el Estado saldará la deuda con esta víctima de la violencia quien actualmente reside en un albergue en Bogotá. “Ahora este hombre podrá tener una vejez digna porque además, tendrá acceso a la oferta institucional y recibirá atención con enfoque diferencial”, puntualizó Santoyo.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras – URT
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
