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Justicia ha restituido más 71 mil hectáreas en favor de campesinos e indígenas del Meta

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Durante los 12 años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 1.240 personas han sido beneficiadas con 290 sentencias, que ordenan la devolución de 71.444 hectáreas a campesinos e indígenas que fueron despojados o debieron abandonar sus tierras forzosamente por cuenta del conflicto armado en los llanos orientales.

En lo corrido de 2023, la URT ha intervenido 61.352 hectáreas, mediante labores catastrales y con el uso de tecnología aérea; se han reclamado ante la justicia más de un 1.800.000 hectáreas de territorio ancestral y 77 casos de campesinos.

Además, tras su retorno al campo, 107 familias restituidas han puesto en marcha proyectos productivos agropecuarios que les garantizan su seguridad alimentaria y sostenibilidad, con una inversión superior a los $3.100 millones, en líneas como ganadería, porcicultura, apicultura y cultivos de cacao, aguacate, cítricos entre otros.

El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta y Guaviare, César Santoyo, explicó que Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, prorrogada hasta 2031, contempla que el proceso de restitución en la ruta individual (campesina) y colectiva (étnica) tiene tres etapas: una administrativa, otra judicial y la de cumplimiento.

Indicó que en la jurisdicción de la dirección territorial Meta y Guaviare se han recibido 11.728 solicitudes, de las cuales 8.929 se encuentran habilitadas para su intervención y 6.224 están con trámite finalizado. Recordó que en la administrativa se recibe la solicitud, se identifica al reclamante, su núcleo familiar y el predio; luego se determinan las circunstancias de abandono o despojo, se recoge información institucional y las pruebas, y finalmente se determina si el predio puede ser o no inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF).

En la etapa judicial, la Unidad ejerce la representación del solicitante de manera gratuita, y es por eso que, en Meta y Guaviare, 1.392 casos han sido llevados ante la justicia, de los cuales 77 corresponden a la vigencia 2023; asimismo, en lo corrido de este año, se destaca que 61.352 hectáreas han sido intervenidas con labores catastrales en respuesta a 183 solicitudes, y se han realizado 118 salidas a terreno con acompañamiento de la Fuerza Pública.

Finalmente, en la etapa de cumplimiento del proceso de restitución, se realiza la entrega material y jurídica del predio o las compensaciones con predio equivalente o dinero cuando el juez así lo determine. A la fecha, la justicia ha proferido 289 sentencias en beneficio de 268 familias, ha ordenado 155 compensaciones y la devolución de 55.409 hectáreas a campesinos del Meta.

La restitución es un derecho fundamental que transforma las vidas de quienes fueron víctimas porque además de permitirles gozar nuevamente del predio que había sido abandonado o de otro con similares características, incluye: el título de propiedad formalmente registrado, una solución o mejoramiento de vivienda, el establecimiento de un proyecto productivo y el alivio de pasivos. La URT en Meta ha priorizado 124 subsidios de vivienda.

Ruta étnica

César Santoyo, director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta y Guaviare, señaló que actualmente, la entidad lleva 40 casos étnicos, de los cuales 29 son de Meta, 11 de Guaviare y con los que están siendo reclamadas 2.277.000 hectáreas.

Como principales logros en favor de las comunidades indígenas, se destacan: la primera sentencia étnica que ordenó la restitución de 16.035 hectáreas del territorio ancestral Florida Kawananae ubicado en Puerto Gaitán y la radicación de demandas por medio de las cuales se reclaman 1.889.000 628 hectáreas. De estas, 954.000 hectáreas corresponden al pueblo Nukak, ubicado en Guaviare.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

REGIÓN

Mujer cabeza de hogar será compensada por predios abandonados ante amenazas de las Farc

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Una mujer cabeza de hogar y madre de ocho hijos será compensada tras años de sufrimiento a causa de la violencia. Esta historia, que se desarrolla en la inspección de Los Alpes, en  Medina (Cundinamarca), tuvo un final feliz gracias al acompañamiento brindado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

Medina, un municipio conocido como la ‘Puerta al Llano’, ha sido escenario de dolor por la presencia de grupos armados, tal como lo padecieron esta mujer y su esposo, quienes adquirieron hace varios años dos predios con una extensión de más de 38 hectáreas. En ellos construyeron su hogar, con habitaciones, cocina y sala para vivir con sus hijos. También desarrollaron cultivos de café y maíz.

Pero su tragedia comenzó cuando el Frente 53 de las Farc hizo presencia en la zona y decidió convocar a los pobladores a reuniones para inventariar sus bienes. Además, grupos paramilitares conocidos como ‘Los Carranceros’ y ‘Los Buitragueños’ también sembraron el terror en la vereda.

El 4 de julio de 1998 marcó un antes y un después en la vida de esta familia: la pareja de esposos fue interceptada por miembros de las Farc mientras se dirigía a uno de sus predios. Aquel día fatídico, le dijeron al hombre que debía hacerles un mandado y se lo llevaron; desde entonces, su paradero permanece desconocido. Ante el temor y los rumores sobre la instalación de artefactos explosivos en la vivienda, la mujer huyó con sus ocho hijos hacia otra ciudad.

Tras años de dolor, llega la reparación integral

Con la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011, ella decidió acudir a la Unidad de Restitución de Tierras para que llevara su caso ante la justicia. Hoy, tras la decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, se ordenó la compensación por sus tierras dada su avanzada edad y el hecho de que ya no desea regresar a la vereda.

El director territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras, Robert Gabriel Barreto Lara, informó que “la URT comprará un nuevo terreno donde la beneficiaria elija vivir. Además, la justicia impartió otras órdenes para garantizar su reparación integral mediante acceso a la oferta institucional del Estado”.

El juez también ordenó que los predios abandonados pasen a ser administrados por el Grupo Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras y, además, solicitó a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) investigar el caso del esposo.

“Nos llena de satisfacción informar sobre esta nueva sentencia de restitución, porque nos permite avanzar en la construcción de paz y justicia para las víctimas del conflicto amado en este territorio”, puntualizó Robert Gabriel Barreto.

Fuente: Comunicaciones URT

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Tribunal Administrativo de Boyacá anuló en primera instancia la elección del Alcalde de Tunja

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En decisión de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja, al acoger la teoría de los demandantes, de que el político se encontraba inhabilitado para ser elegido.

El Tribunal consideró que solo hasta diciembre de 2022, Krasnov terminó un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), yendo en contravía de la norma que señala que los candidatos a  cargos de elección popular no pueden haber contratado con el Estado en los últimos 12 meses previos a la elección.
Así las cosas, el contrato se terminó 10 meses antes de las votaciones, que fueron en octubre de 2023, por lo que su renuncia a la Universidad estuvo por fuera de los tiempos establecidos.
Los demandantes tambipén argumentaban que Krasnov no podía ser elegido por tener la doble nacionalidad ruso -ucraniana y colombiana, pero el Tribunal negó esta argumentación al aclarar que para optar por el cargo no es necesario ser colombiano de nacimiento.
Por ahora, se espera que el mandatario apele la decisión ante el Consejo de Estado, que entraría a definir en segunda instancia la continuidad de Krasnov en la Alcaldía de Tunja.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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REGIÓN

Corporinoquia emitió alertas por deslizamientos de tierra, inundaciones e incendios en su jurisdicción

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La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORINOQIA informó que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha emitido una serie de alertas ambientales, dirigidas a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) y a la población en general, con el fin de que se activen las alertas ante fenómenos naturales adversos que podrían impactar a la región.

Este boletín detalla las alertas emitidas y las recomendaciones pertinentes.

Tipos de alertas emitidas

1. Amenaza por deslizamientos de tierra: Se ha declarado alerta para los municipios de Guayabetal, Gutiérrez, Fosca y Paratebueno, por la posibilidad de deslizamientos de tierra.

2. Amenaza por inundación: Probabilidad de crecientes súbitas en el río Humea y sus afluentes, especialmente el río San Juanito. Especial atención en los municipios de Paratebueno y Medina.

Así mismo, Probabilidad de crecientes súbitas del río Guayuriba y sus afluentes, especialmente en la quebrada Blanca y en el río Negro a la altura de Quetame y Guayabetal (Cundinamarca). Se recomienda especial atención en los municipios de Villavicencio, Acacias y San Carlos de Guaroa (Meta).

3. Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal: Alertas en los municipios de Puerto Carreño, Vichada; Hato Corozal, La Salina, Paz de Ariporo y Trinidad, Casanare; Arauca, Tame, y Fortul, Arauca, ante la posibilidad de incendios forestales.

Recomendaciones a la población y Entidades

– Los municipios de mayor susceptibilidad a presencia de incendios, dado la combustibilidad de su cobertura vegetal, o qué históricamente han presentado mayor afectación por este tipo de eventos, deben hacer control y seguimiento a estas áreas, así como procesos comunitarios qué lleven a reducir su presencia.

– Implementar un sistema de monitoreo y creación de guarda-rayas en las áreas ambientalmente estratégicas a nivel municipal, que son susceptibles a la presencia de incendios.

– Con motivo de involucrar a las comunidades en la lucha contra los incendios forestales, se recomienda a la Entidad Territorial, conformar la red de vigías rurales como apoyo a la implementación de las estrategias municipales de respuesta en el marco del escenario por incendios forestales.

Fuente: Comunicaciones Corporinoquia

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