META
Justicia devolvió predio a mujer desplazada por la guerrilla en el Meta
Una madre, su hija y su nieta, que fueron obligadas a abandonar el predio ubicado en la inspección de La Julia, debido a la presión ejercida por la guerrilla de las FARC, recuperaron una casa lote de 4.162 metros cuadrados.
Así lo contempla la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, que las declaró víctimas de desplazamiento y abandono forzado de tierras, y ordenó la restitución material del inmueble.
En el año 2000, la mujer adquirió la casa lote en la que construyó algunas mejoras; en ese lugar residía junto con su hija y su nieta. Allí tenían cultivos de yuca, plátano, maíz y un galpón de gallinas. Adicionalmente, ella poseía una parcela en zona rural del municipio de La Macarena, que visitaba semanalmente, para ver los animales, pero luego regresaba a La Julia.
La tragedia para esta madre cabeza de hogar comenzó cuando al encontrarse en La Macarena, fue objeto de amenazas por parte de guerrilleros del frente 40 de las Farc, quienes la acusaron de ser auxiliadora del ejército. Ante estos hechos que se sumaron a los constantes enfrentamientos registrados en zona rural de La Uribe, en 2010, las mujeres se vieron obligadas a desplazarse inicialmente hacia al Caquetá y después a Bogotá para proteger sus vidas.
El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, César Santoyo, informó que con la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, esta mujer víctima acudió a las oficinas de la entidad en Villavicencio, donde presentó su solicitud, posteriormente se ejerció su representación judicial, logrando que la justicia ordenara la restitución jurídica y material del predio.
Agregó el director Santoyo, que esta sentencia transforma la vida de la mujer cabeza de hogar, porque además de la devolución material de esta casa lote, ella recibirá un proyecto productivo y tendrá acceso a las diferentes medidas de reparación integral por parte del Estado, entre las que están: alivio de pasivos por concepto de impuesto predial y de servicios públicos domiciliarios, atención en salud, subsidio para construcción de vivienda e inclusión en los programas de atención social con enfoque diferencial.
Fuente: Unidad para la Restitución de Tierras
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
