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Juez ordena restituir 4 hectáreas a familia víctima de la guerrilla en el Meta

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Como resultado de las labores de representación judicial adelantadas por la Unidad de Restitución de Tierras, la justicia ordenó la devolución de un predio de 4 hectáreas y 4.663 metros cuadrados, ubicado en la vereda El Carmen del municipio de San Juanito, Meta, a sus legítimos dueños.

Esta familia, víctima de las Farc-EP, se convirtió en la primera beneficiaria de sentencia que restituye un predio en esta jurisdicción.

A mediados de los 80, la familia Torres adquirió el predio Buenavista, en el que residía y derivaba su sustento con los cultivos de maíz, papa y fríjol, así como con la cría de vacas lecheras. La tranquilidad en la vereda se vio afectada con la llegada de guerrilleros del frente 53 de las Farc-EP, quienes comenzaron a censar a los hijos, y más grave aún, comenzaron a aparecer personas muertas en la zona.

Ante los constantes enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, aunado al temor del reclutamiento, en el año 2004 los miembros de la familia tomaron la decisión de desplazarse a otro municipio.

Con el paso del tiempo, los Torres acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras, entidad que llevó su caso ante la justicia y hoy logró la devolución del predio a sus legítimos dueños.

En la sentencia proferida por la Juez Segunda Civil del Circuito Especializada en Restitución de Tierras, además de la entrega material de la propiedad, ordenó la reparación integral a las víctimas y su inclusión entre los beneficiarios de la política pública de retorno. También insta a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, para que realice la entrega del acto de adjudicación del baldío, entre otros beneficios.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

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A la cárcel por maltratar e intentar asesinar a sus dos hijas de 8 meses y 12 años

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Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.

Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.

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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López

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La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.

La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.

A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.

El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.

El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.

Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.

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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía

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La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.

La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.

A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.

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