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Juez ordena compensar campesinos víctimas de la violencia en Cubarral
José Betrán*, y su familia integrada por la esposa y tres hijos, volverá a tener vivienda propia, gracias al fallo proferido por el Juzgado Primero del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio. En cumplimiento de esta sentencia, el Grupo Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras los compensará por los cuatro predios que abandonaron por cuenta de la violencia que azotó la zona rural de Cubarral, Meta.
A finales de los años 70 don José* y sus hijos adquirieron cuatro fincas que suman 19 hectáreas, ubicadas en la vereda Las palomas, en los cuales residían y se dedicaban a labores de campo. Su tragedia comenzó en el año 2002, cuando se incrementó la presencia de grupos armados que lo obligaron a renunciar a la presidencia de la Junta de Acción Comunal porque lo tildaron de ser auxiliador de la guerrilla, además un jefe paramilitar retuvo a su esposa y a uno de sus hijos obligándolos a desplazarse a otro municipio.
En la sentencia, el juez decretó que a la familia Beltrán* le asiste el derecho a la restitución de tierras y ordenó la compensación por equivalencia, debido a que los cuatro predios no podrán ser habitados por encontrarse inmersos en el Área de Manejo Especial de la Macarena “AMEM” y también el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio los ubica en zona de preservación.
El juzgado además ordenó el traspaso del dominio de los cuatro predios a la corporación ambiental Cormacarena mientras que la Unidad compensará a las víctimas con nuevos predios.
La Directora de la Unidad en Meta Jenny Andrea Capote, explicó que la “Ley 1448 dispone que en los casos en los cuales la restitución jurídica y material del inmueble despojado sea imposible o cuando el despojado no puede retornar al mismo, por razones de riesgo e integridad para su vida e integridad personal, se le ofrecerán alternativas de restitución por equivalencia para acceder a terrenos de similares características y condiciones en otra ubicación” concluyó.
Fuente: Unidad para la Restitución de Tierras
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
