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Juez ordena compensar campesinos víctimas de la violencia en Cubarral
José Betrán*, y su familia integrada por la esposa y tres hijos, volverá a tener vivienda propia, gracias al fallo proferido por el Juzgado Primero del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio. En cumplimiento de esta sentencia, el Grupo Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras los compensará por los cuatro predios que abandonaron por cuenta de la violencia que azotó la zona rural de Cubarral, Meta.
A finales de los años 70 don José* y sus hijos adquirieron cuatro fincas que suman 19 hectáreas, ubicadas en la vereda Las palomas, en los cuales residían y se dedicaban a labores de campo. Su tragedia comenzó en el año 2002, cuando se incrementó la presencia de grupos armados que lo obligaron a renunciar a la presidencia de la Junta de Acción Comunal porque lo tildaron de ser auxiliador de la guerrilla, además un jefe paramilitar retuvo a su esposa y a uno de sus hijos obligándolos a desplazarse a otro municipio.
En la sentencia, el juez decretó que a la familia Beltrán* le asiste el derecho a la restitución de tierras y ordenó la compensación por equivalencia, debido a que los cuatro predios no podrán ser habitados por encontrarse inmersos en el Área de Manejo Especial de la Macarena “AMEM” y también el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio los ubica en zona de preservación.
El juzgado además ordenó el traspaso del dominio de los cuatro predios a la corporación ambiental Cormacarena mientras que la Unidad compensará a las víctimas con nuevos predios.
La Directora de la Unidad en Meta Jenny Andrea Capote, explicó que la “Ley 1448 dispone que en los casos en los cuales la restitución jurídica y material del inmueble despojado sea imposible o cuando el despojado no puede retornar al mismo, por razones de riesgo e integridad para su vida e integridad personal, se le ofrecerán alternativas de restitución por equivalencia para acceder a terrenos de similares características y condiciones en otra ubicación” concluyó.
Fuente: Unidad para la Restitución de Tierras
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
