META
Juez ordena compensar a mujer cabeza de hogar perseguida por la guerrilla en el Meta
La mujer, quien en repetidas ocasiones fue perseguida y amenazada por la exguerrilla de las Farc – EP, será compensada por la URT según lo ordenado por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Villavicencio.
El fallo reconoció su condición de víctima de abandono forzado de tierras, debido a que fue obligada a dejar su vivienda ubicada en el casco urbano de la inspección de La Julia, en el municipio de Uribe, en el Meta.
La mujer adquirió la propiedad, de 357 metros, en 1993. Una vez adelantó obras de remodelación se trasladó a vivir con sus cinco hijos y allí cultivó plátano, yuca y mango. Vivía feliz. Pero esa tranquilidad se vio afectada debido a que el grupo armado, la obligó a afiliarse a la milicia, la inscribió en un listado y debía asistir a todas las reuniones convocadas en los campamentos.
El 3 de noviembre de 2009 la mujer fue conminada a usar camuflado, a portar armamento y a dirigirse a San Vicente del Caguán. Ella se negó y su decisión la llevó a dejar su hogar en menos de 24 horas, el comandante guerrillero conocido con el alias de “Rogelio”, le manifestó que por incumplir la orden debía irse de la región.
No tuvo más remedio que desplazarse hacia Bogotá, y estando en la capital recibió nuevas amenazas por lo cual huyó hacia Venezuela. En ese país, tampoco pudo radicarse y regresó a Colombia. Compra un predio en Saravena en Arauca y una vez instalada el frente 45 de las Farc-EP la obliga a desplazarse hacia Villavicencio. Con el paso del tiempo, esta familia intentó regresar a su predio en zona rural de La Uribe, pero se encontró con que había sido vendido a otra persona.
La URT llevó el caso ante la justicia que falló a su favor y ordenó la restitución mediante la compensación por equivalencia, es decir, que se le comprará otro predio de similares características a los que abandonó. Entre tanto, el juez consideró que los actuales residentes en el predio demostraron la calidad se segundos ocupantes de buena fe y, por tanto, seguirán viviendo en ese terreno.
Además de la compensación con una nueva vivienda en el sitio que elija, la mujer cabeza de hogar y hoy adulta mayor, tiene derecho a la oferta institucional del Estado, priorizando su condición de mujer vulnerable.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
