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Juez ordena compensar a mujer cabeza de hogar perseguida por la guerrilla en el Meta
La mujer, quien en repetidas ocasiones fue perseguida y amenazada por la exguerrilla de las Farc – EP, será compensada por la URT según lo ordenado por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Villavicencio.
El fallo reconoció su condición de víctima de abandono forzado de tierras, debido a que fue obligada a dejar su vivienda ubicada en el casco urbano de la inspección de La Julia, en el municipio de Uribe, en el Meta.
La mujer adquirió la propiedad, de 357 metros, en 1993. Una vez adelantó obras de remodelación se trasladó a vivir con sus cinco hijos y allí cultivó plátano, yuca y mango. Vivía feliz. Pero esa tranquilidad se vio afectada debido a que el grupo armado, la obligó a afiliarse a la milicia, la inscribió en un listado y debía asistir a todas las reuniones convocadas en los campamentos.
El 3 de noviembre de 2009 la mujer fue conminada a usar camuflado, a portar armamento y a dirigirse a San Vicente del Caguán. Ella se negó y su decisión la llevó a dejar su hogar en menos de 24 horas, el comandante guerrillero conocido con el alias de “Rogelio”, le manifestó que por incumplir la orden debía irse de la región.
No tuvo más remedio que desplazarse hacia Bogotá, y estando en la capital recibió nuevas amenazas por lo cual huyó hacia Venezuela. En ese país, tampoco pudo radicarse y regresó a Colombia. Compra un predio en Saravena en Arauca y una vez instalada el frente 45 de las Farc-EP la obliga a desplazarse hacia Villavicencio. Con el paso del tiempo, esta familia intentó regresar a su predio en zona rural de La Uribe, pero se encontró con que había sido vendido a otra persona.
La URT llevó el caso ante la justicia que falló a su favor y ordenó la restitución mediante la compensación por equivalencia, es decir, que se le comprará otro predio de similares características a los que abandonó. Entre tanto, el juez consideró que los actuales residentes en el predio demostraron la calidad se segundos ocupantes de buena fe y, por tanto, seguirán viviendo en ese terreno.
Además de la compensación con una nueva vivienda en el sitio que elija, la mujer cabeza de hogar y hoy adulta mayor, tiene derecho a la oferta institucional del Estado, priorizando su condición de mujer vulnerable.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
