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Juez ordena compensar a mujer afectada por tomas guerrilleras en El Castillo
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras dispone que en los casos en los cuales la restitución material del inmueble despojado sea imposible, se ofrecerán alternativas de compensación que permitan a las víctimas acceder a terrenos de similares características, en otra ubicación.
Este es el caso de una mujer cabeza de hogar y sus ocho hijos, quienes volverán a tener vivienda propia, a cambio del predio urbano abandonado, tras ataques guerrilleros y en el que posteriormente se construyó el Parque de la Memoria de El castillo, Meta.
En 1972, la mujer adquirió el lote de 400 metros cuadrados, en el que realizó unas mejoras y a la vez sembró maíz, plátano, arroz y tenía gallinas para el consumo y venta.
La zozobra se apoderó de esta familia desde el año 1992, cuando guerrilleros del frente 26 de las FARC-Ep iniciaron un sinnúmero de ataques a la Estación de Policía, ubicada contiguo a la vivienda reclamada. Además, las hijas mayores se enamoraron y luego se comprometieron con policías, por lo que esta familia fue declarada objetivo militar y debió desplazarse hacia otra región como única opción para salvaguardar sus vidas.
Con la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, la madre cabeza de hogar acudió a la Unidad de Restitución de Tierras para que los profesionales de la entidad llevaran su caso ante la justicia, logrando que el Juez Primero Civil del Circuito Especializado, reconociera sus derechos como víctima de desplazamiento y abandono forzado de tierras
Con ocasión de la destrucción total del predio, y debido a que actualmente en ese terreno se encuentra el Parque de Memoria Histórica de El Castillo construido por la Gobernación del Meta, lo que impide la reconstrucción de la vivienda en condiciones similares a las que tenía antes del desplazamiento, como medida reparadora, el juez ordenó la compensación por equivalencia económica. En consecuencia, se les comprará una nueva casa en el municipio de su elección.
Esta familia también tendrá acceso a los beneficios de la oferta institucional del Estado en materia de reparación integral.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
