META
Juez ordena compensar a madre y sus cuatro hijas, víctimas de la violencia en el Meta
Rosa González* y sus cuatro hijas serán compensadas con un nuevo predio a cambio de los dos lotes que debieron abandonar por presión de las Farc Ep en la inspección de La Julia en Uribe, según lo ordenó el Tribunal Superior de Bogotá, al reconocer la condición de víctimas de las mujeres solicitantes.
En el año 2000, doña Rosa* adquirió dos predios: un lote de 738 metros cuadrados dedicado a cultivos y huerta casera y una casa lote de 280 metros cuadrados en la que construyó habitaciones y donde residía junto a sus hijos. Su tragedia comenzó cuando el mayor de ellos quien se dedicaba a movilizar personas en canoa para cruzar el rio, fue asediado por las Farc Ep que lo quería reclutar, además en 2003 siete hombres armados que se identificaron como integrantes el frente 40 de la organización guerrillera, irrumpieron en la residencia y se llevaron a la madre y a una de sus hijas, las acusaron de ser auxiliadoras de los paramilitares, las mantuvieron secuestradas por dos días y anunciaron que reclutarían a la joven.
Ante estas amenazas, la mujer y sus hijos huyeron hacia Villavicencio, pero en el año 2004 su único hijo varón fue asesinado al parecer como retaliación por negarse a pertenecer a la guerrilla. Esta situación devastó a la familia que nuevamente se desplazó hacia el eje cafetero.
Jenny Andrea Capote, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, informó que la entidad llevó este caso ante la justicia, que ordenó la restitución mediante la compensación, debido a que esta familia manifestó que no tiene deseos de regresar. Entre tanto, el Tribunal Superior de Bogotá, declaró la calidad de segundo ocupantes a quienes habitan actualmente en uno de los predios, por lo tanto seguirán residiendo en la casa lote.
Además de la compensación con una nueva vivienda en el sitio que elijan, la familia de Rosa* tiene derecho a un proyecto productico y a la oferta institucional de Estado como garantía para su reparación integral.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras Meta
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
