META
Juez devolvió predio rural a víctimas del paramilitarismo en Puerto López
Después de 20 años de desplazamiento y tras recibir su casa lote de 202 metros cuadrados, con el acompañamiento de la Dirección Territorial Meta de Unidad de Restitución de Tierras, María del Rosario Rivas y su familia pasarán la mejor de las navidades en su predio restituido, ubicado en la vereda Altamira del municipio de Puerto López.
En cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, el acto de entrega material del inmueble a sus legítimos dueños estuvo a cargo del juez comisionado y los colaboradores de la Unidad. Además, contó con el acompañamiento de la Fuerza Pública.
“Estoy feliz de recibir mi predio porque después de tantos años, hoy nuevamente soy la dueña del lote por el que tanto he luchado. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los profesionales que hicieron esto posible”, expresó emocionada la señora Rivas, quien no pudo ocultar la alegría en su rostro.
En 1996 doña María y su esposo compraron este predio a la Junta de Acción Comunal de la vereda. Pero un año más tarde, fueron obligados desplazarse y abandonarlo, por cuenta de la presencia y presiones de los paramilitares conocidos como ‘Los Butragueños’ y ‘Los Carranceros’, del Bloque Centauros de las Autodefensas, quienes perpetraron toda clase de desmanes en la zona, como desapariciones forzadas y reclutamientos, entre otros.
Siete años después, en el año 2000, intentaron retornar a su propiedad, pero se encontraron con que el inmueble había sido vendido a otra persona. Entonces, la familia acudió a la Unidad de Restitución de Tierras para que les hiciera el respectivo acompañamiento y ejerciera su representación ante la justicia.
En el fallo, el Tribunal, además de ordenar la devolución del lote a la familia Rivas, declaró que el opositor no pudo probar la buena fe exenta de culpa, por considerar que antes de adquirir el predio debió indagar por las circunstancias del abandono
de este, al tiempo que evidenció que no se trataba de una persona vulnerable, ni dependía del inmueble para garantizarle la subsistencia.
En la sentencia también se ordena a varias entidades del Estado el acompañamiento a esta familia, para que acceda a la reparación integral; lo que significa que también obtendrá beneficios, como subsidio de vivienda, asesoría técnica y condonación de deudas por concepto de impuesto predial, entre otros.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
En Mapiripán, la Unidad de Restitución de Tierras implementó un proyecto productivo urbano en favor de Luis Enrique Rivera Forero, quien fue víctima de desplazamiento y abandono forzado en 1997, tras la incursión paramilitar que derivó en la masacre en ese municipio, uno de los hechos más dolorosos del conflicto colombiano.
Después de 20 años de desarraigo, y tras un proceso judicial, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia, ordenó la restitución del predio ubicado en el casco urbano. Posterior a su retorno, la Unidad implementó su proyecto productivo con una inversión de 40 salarios mínimos legales vigentes, destinados a la adecuación del local comercial y la dotación de equipos y mobiliario que fortalecen su actividad económica como tendero.
Con estos recursos, la URT le entregó una nevera, mostrador, vitrinas, estanterías, kit ambiental, báscula digital, congelador, horno microondas, surtido de víveres, insumos de cafetería y una vitrina de calefacción, además de realizar mejoras locativas en su vivienda, donde funciona la tienda.
El proyecto incluye acompañamiento técnico durante dos años, tal como capacitaciones en administración y manejo de recursos, fortaleciendo su economía. “Agradezco a la Unidad por este proyecto, que me permite sostenimiento y tener ingresos para mi subsistencia y mi vejez”, expresó Luis Enrique, quien hoy reescribe su historia desde el predio que debió abandonar hace más de dos décadas.
Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, destacó: “hemos destinado más de $3.300 millones de pesos para la implementación de 120 proyectos productivos para familias beneficiarias de restitución de tierras en el departamento, fortaleciendo sus capacidades y garantizando reparación integral”.
El caso de Luis Enrique Rivera es ejemplo de justicia restaurativa: tras haber sido víctima de desplazamiento, hoy su tienda de abarrotes es un ejemplo de superación y de cómo la restitución de tierras está cumpliendo con dignidad a las víctimas.
