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Juez devolvió predio rural a víctimas del paramilitarismo en Puerto López
Después de 20 años de desplazamiento y tras recibir su casa lote de 202 metros cuadrados, con el acompañamiento de la Dirección Territorial Meta de Unidad de Restitución de Tierras, María del Rosario Rivas y su familia pasarán la mejor de las navidades en su predio restituido, ubicado en la vereda Altamira del municipio de Puerto López.
En cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, el acto de entrega material del inmueble a sus legítimos dueños estuvo a cargo del juez comisionado y los colaboradores de la Unidad. Además, contó con el acompañamiento de la Fuerza Pública.
“Estoy feliz de recibir mi predio porque después de tantos años, hoy nuevamente soy la dueña del lote por el que tanto he luchado. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los profesionales que hicieron esto posible”, expresó emocionada la señora Rivas, quien no pudo ocultar la alegría en su rostro.
En 1996 doña María y su esposo compraron este predio a la Junta de Acción Comunal de la vereda. Pero un año más tarde, fueron obligados desplazarse y abandonarlo, por cuenta de la presencia y presiones de los paramilitares conocidos como ‘Los Butragueños’ y ‘Los Carranceros’, del Bloque Centauros de las Autodefensas, quienes perpetraron toda clase de desmanes en la zona, como desapariciones forzadas y reclutamientos, entre otros.
Siete años después, en el año 2000, intentaron retornar a su propiedad, pero se encontraron con que el inmueble había sido vendido a otra persona. Entonces, la familia acudió a la Unidad de Restitución de Tierras para que les hiciera el respectivo acompañamiento y ejerciera su representación ante la justicia.
En el fallo, el Tribunal, además de ordenar la devolución del lote a la familia Rivas, declaró que el opositor no pudo probar la buena fe exenta de culpa, por considerar que antes de adquirir el predio debió indagar por las circunstancias del abandono
de este, al tiempo que evidenció que no se trataba de una persona vulnerable, ni dependía del inmueble para garantizarle la subsistencia.
En la sentencia también se ordena a varias entidades del Estado el acompañamiento a esta familia, para que acceda a la reparación integral; lo que significa que también obtendrá beneficios, como subsidio de vivienda, asesoría técnica y condonación de deudas por concepto de impuesto predial, entre otros.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
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A la cárcel por atentar contra la vida de un hombre en Puerto Gaitán, capturados en flagrancia
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
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A la cárcel por maltratar e intentar asesinar a sus dos hijas de 8 meses y 12 años
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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