META
Juez devolvió predio rural a víctimas del paramilitarismo en Puerto López
Después de 20 años de desplazamiento y tras recibir su casa lote de 202 metros cuadrados, con el acompañamiento de la Dirección Territorial Meta de Unidad de Restitución de Tierras, María del Rosario Rivas y su familia pasarán la mejor de las navidades en su predio restituido, ubicado en la vereda Altamira del municipio de Puerto López.
En cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, el acto de entrega material del inmueble a sus legítimos dueños estuvo a cargo del juez comisionado y los colaboradores de la Unidad. Además, contó con el acompañamiento de la Fuerza Pública.
“Estoy feliz de recibir mi predio porque después de tantos años, hoy nuevamente soy la dueña del lote por el que tanto he luchado. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los profesionales que hicieron esto posible”, expresó emocionada la señora Rivas, quien no pudo ocultar la alegría en su rostro.
En 1996 doña María y su esposo compraron este predio a la Junta de Acción Comunal de la vereda. Pero un año más tarde, fueron obligados desplazarse y abandonarlo, por cuenta de la presencia y presiones de los paramilitares conocidos como ‘Los Butragueños’ y ‘Los Carranceros’, del Bloque Centauros de las Autodefensas, quienes perpetraron toda clase de desmanes en la zona, como desapariciones forzadas y reclutamientos, entre otros.
Siete años después, en el año 2000, intentaron retornar a su propiedad, pero se encontraron con que el inmueble había sido vendido a otra persona. Entonces, la familia acudió a la Unidad de Restitución de Tierras para que les hiciera el respectivo acompañamiento y ejerciera su representación ante la justicia.
En el fallo, el Tribunal, además de ordenar la devolución del lote a la familia Rivas, declaró que el opositor no pudo probar la buena fe exenta de culpa, por considerar que antes de adquirir el predio debió indagar por las circunstancias del abandono
de este, al tiempo que evidenció que no se trataba de una persona vulnerable, ni dependía del inmueble para garantizarle la subsistencia.
En la sentencia también se ordena a varias entidades del Estado el acompañamiento a esta familia, para que acceda a la reparación integral; lo que significa que también obtendrá beneficios, como subsidio de vivienda, asesoría técnica y condonación de deudas por concepto de impuesto predial, entre otros.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio profirió un fallo que reconoce a una familia integrada por una pareja de esposos y sus dos hijos, como víctimas de abandono forzado tras la masacre paramilitar ocurrida en el corregimiento de Puerto Alvira, municipio de Mapiripán (Meta), en mayo de 1998.
La decisión judicial ordena que los solicitantes reciban compensación por la pérdida de un predio de 671 metros cuadrados, donde funcionaba una cafetería y se ofrecía arriendo de habitaciones. Este fue abandonado por la violencia que azotó al caserío durante aquel año.
El fallo también reconoció a dos mujeres, que ingresaron años después con autorización de la Junta de Acción Comunal de Puerto Alvira, como segundas ocupantes vulnerables, debido a que carecen de otra vivienda y dependen del inmueble para subsistir, por lo que estableció que podrán continuar habitándolo bajo medidas de protección.
El fallo resalta que la restitución de tierras, en el marco de la Ley 1448 de 2011, es un derecho fundamental y que la justicia debe garantizar soluciones que no generen nuevos conflictos, aplicando el principio de acción sin daño.
Robert Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, entidad que llevó el caso ante el juzgado, señaló que “este fallo es un avance en la reparación a las víctimas y refleja la complejidad de la restitución: se reconocen los derechos de quienes fueron despojados, sin desconocer la vulnerabilidad de quienes hoy habitan el predio”.
La URT, a través del Grupo Fondo, compensará a la familia víctima con un nuevo predio en el lugar de su residencia actual.
Con esta providencia, la justicia busca equilibrar derechos y garantizar reparación, en un municipio donde hay 1.660 solicitudes de restitución relacionadas con hechos del conflicto armado.
Fuente: Comunicaciones Restitución de Tierras
Con el fin de aplicar medidas fitosanitarias para control y erradicación de la mosca del Mediterráneo, contribuir a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico de la región, el ICA realizó una jornada de supervisión y toma de muestras de las frutas que llegan para comercialización a la Central de Abastos de Villavicencio, actividades dirigidas a evitar la dispersión de la plaga y protección del estatus fitosanitario en áreas libres y de baja prevalencia de la mosca.
En la central de abastos de esta ciudad, se adelantaron actividades en 28 puntos de monitoreo, así como en predios traspatios del anillo vial circundante. El área tratada fue de cerca de 18 hectáreas con 538 árboles, entre mango, guayaba, pomarrosa, cítricos y una gran variedad de especies nativas y forestales.
Se utilizaron los insumos autorizados para las acciones de control, botellas plásticas para trampeo masivo y paneles amarillos para captura de adultos de mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata). Adicionalmente, y para reforzar las acciones de vigilancia, se realizó muestreo de frutos para determinar hospederos de la mosca de la fruta.
El ICA en el Meta trabaja para proteger los cultivos de exportación de fruta fresca como mangostino, rambután, papaya y cítricos en las zonas productoras de frutales del piedemonte, altillanura, Bajo y Alto Ariari y otros cultivos frutícolas como sandía, mango y piña, entre otros, que hacen parte de la economía campesina en los municipios de estas provincias.
Estas acciones contribuyen al fortalecimiento en la prevención de la mosca de la fruta mediante el trabajo en equipo con productores y comercializadores en implementación de acciones de manejo para contribuir al mejoramiento en la calidad e inocuidad de la fruta para consumo interno y permitir el acceso a nuevos mercados de exportación.
Fuente: Comunicaciones ICA
La Fiscalía General de la Nación judicializó a una mujer identificada como Vanessa Alexandra Contreras Nieto, como responsable de hurtar a un ciudadano extranjero en la ciudad de Villavicencio, en agosto de 2024.
Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Meta le imputó el delito de hurto calificado y agravado. La procesada aceptó su responsabilidad en el hecho.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando Contreras Nieto contactó por una página web de citas a la víctima, con quien se encontró en el lugar donde se hospedaba.
Se conoció que esta mujer le suministró una sustancia tóxica que lo puso en estado de indefensión, para después apoderarse de sus pertenencias, avaluadas en más de 24 millones de pesos.
Un juez de control de garantías le impuso a Contreras Nieto medida de aseguramiento en el lugar de domicilio.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
