REGIÓN
Juez de restitución de tierras de Villavicencio admitió demanda que busca derechos del pueblo Nükak
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, admitió la demanda a favor del pueblo Nükak, en contacto inicial*, lo cual permite avanzar hacia el restablecimiento de los derechos territoriales de este pueblo ancestral, asentado en los municipios de San José de Guaviare y El Retorno en el departamento de Guaviare.
En su providencia, el juez señala que la URT cumplió con los requisitos de procedibilidad para iniciar la acción de restitución exigidos en el Decreto 4633 de 2011, y por esta razón, resolvió:
“Aplicar el enfoque diferencial étnico a favor del resguardo Nukak y, en consecuencia, darle trámite expedito a este asunto con relación a los demás procesos además de garantizar que el proceso judicial contribuya a la eliminación de esquemas de discriminación, marginación y garantizando de esta forma la protección especial de los derechos de las comunidades indígenas víctimas del conflicto armado interno, especialmente de sus mujeres y niños”.
Además, el Juzgado ordenó dar continuidad a las medidas cautelares y demás órdenes proferidas en favor de este pueblo originario de contacto inicial*.
La Unidad de Restitución de Tierras como apoderada judicial de los Nükak, busca con esta acción judicial, que los 632 sobrevivientes del pueblo ancestral accedan al derecho fundamental de restitución y al goce efectivo de su territorio, constituido por 954.480 hectáreas, de acuerdo con su cultura, costumbres, cosmovisión y formas propias de organización; así como la implementación de las medidas de atención y asistencia humanitaria; la prestación de servicios de salud, la recuperación de sus prácticas culturales, seguridad alimentaria a través de la caza y la pesca, además de la recuperación y el fortalecimiento del gobierno propio, entre otras pretensiones.
Algunas afectaciones territoriales identificadas por la Unidad a través del equipo étnico de la Dirección Territorial Meta son: la colonización a partir de los años 60, presencia de grupos armados ilegales, epidemia de gripe que desencadenó en el exterminio de más del 50 % de su población entre 1990 y 1996; proliferación de cultivos de uso ilícitos y acciones conexas a actividades de narcotráfico y otras violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derechos Internacional Humanitario.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
REGIÓN
Alarma en Sogamoso, disidencias de las Farc están citando a contratistas del municipio
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.

El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
REGIÓN
Confirman condena a 27 años de cárcel para hombre que asesinó a niña de 11 años en Sogamoso
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
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