REGIÓN
Juez de restitución de tierras de Villavicencio admitió demanda que busca derechos del pueblo Nükak
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, admitió la demanda a favor del pueblo Nükak, en contacto inicial*, lo cual permite avanzar hacia el restablecimiento de los derechos territoriales de este pueblo ancestral, asentado en los municipios de San José de Guaviare y El Retorno en el departamento de Guaviare.
En su providencia, el juez señala que la URT cumplió con los requisitos de procedibilidad para iniciar la acción de restitución exigidos en el Decreto 4633 de 2011, y por esta razón, resolvió:
“Aplicar el enfoque diferencial étnico a favor del resguardo Nukak y, en consecuencia, darle trámite expedito a este asunto con relación a los demás procesos además de garantizar que el proceso judicial contribuya a la eliminación de esquemas de discriminación, marginación y garantizando de esta forma la protección especial de los derechos de las comunidades indígenas víctimas del conflicto armado interno, especialmente de sus mujeres y niños”.
Además, el Juzgado ordenó dar continuidad a las medidas cautelares y demás órdenes proferidas en favor de este pueblo originario de contacto inicial*.
La Unidad de Restitución de Tierras como apoderada judicial de los Nükak, busca con esta acción judicial, que los 632 sobrevivientes del pueblo ancestral accedan al derecho fundamental de restitución y al goce efectivo de su territorio, constituido por 954.480 hectáreas, de acuerdo con su cultura, costumbres, cosmovisión y formas propias de organización; así como la implementación de las medidas de atención y asistencia humanitaria; la prestación de servicios de salud, la recuperación de sus prácticas culturales, seguridad alimentaria a través de la caza y la pesca, además de la recuperación y el fortalecimiento del gobierno propio, entre otras pretensiones.
Algunas afectaciones territoriales identificadas por la Unidad a través del equipo étnico de la Dirección Territorial Meta son: la colonización a partir de los años 60, presencia de grupos armados ilegales, epidemia de gripe que desencadenó en el exterminio de más del 50 % de su población entre 1990 y 1996; proliferación de cultivos de uso ilícitos y acciones conexas a actividades de narcotráfico y otras violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derechos Internacional Humanitario.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
