REGIÓN
Judicializados militares por apoderarse de combustible donado por la DIAN en Boyacá
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá, presentó ante un juez de control de garantías a los oficiales retirados del Ejército Nacional, coronel Jorge Armando Rodríguez Malaver y mayor José Weimar Agreda Romero; además del ex suboficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Jorge Andrés Sandino Rojas, y les imputó, de acuerdo a su responsabilidad, los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Los hechos investigados están relacionados al posible apoderamiento por parte de los militares, de más de 23 mil galones de combustible que fueron donados en 2016, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) al Batallón de Alta Montaña #2, ubicado en el municipio de El Espino (Boyacá).
De acuerdo con la investigación, la primera entrega del combustible por parte de la DIAN fue en octubre de 2016, la cual correspondía a 13.780 galones de ACPM, avaluados en $64.545.520, que presuntamente, fueron entregados en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) a Sandino Rojas quien fungía como suboficial de Acción Integral del Ejército, para que los trasladara a Boyacá.
Sin embargo, el material de prueba da cuenta que los dos oficiales retirados del Ejército, quienes para la fecha de los hechos se desempeñaban como comandante y subcomandante del batallón que sería beneficiario de la donación, habrían ordenado al suboficial llevar la carga de hidrocarburos a Tuluá (Valle del Cauca), donde aparentemente, fue comercializado en una estación de gasolina por 25 millones de pesos.
Una situación similar se habría registrado con 9.420 galones de gasolina y 266 galones de ACPM, por un valor total de $58.624.893, que fueron aportados por la DIAN en noviembre de 2016, también al Batallón de Alta Montaña # 2, pero que presuntamente, nunca llegaron a Boyacá, sino que por el contrario, habrían sido comercializados de manera irregular en la misma estación de servicios en Valle del Cauca por 30 millones de pesos.
Además, en las verificaciones realizadas por los investigadores, se detectó que posiblemente, los procesados consiguieron una certificación falsificada para simular que el combustible donado había sido guardado en un depósito de una estación de gasolina en Tunja (Boyacá), con el objetivo de presentarla en la inspección que regularmente realizan funcionarios de esa institución.
Durante la audiencia concentrada los ex uniformados no aceptaron los cargos endilgados por una fiscal adscrita a la fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública, de la Dirección Seccional Boyacá.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
