CASANARE
Jovencita víctima de violencia logró cupo en consejo de juventud de Monterrey
Según Linda Barrera, elegida delegada por trámite especial para las víctimas de su municipio, la participación de toda la población juvenil del país es fundamental este domingo, “porque en los consejos que se eligen, tendrán quién los guíe y les permitirá consolidar todas sus propuestas para que no se pierdan”.
“Uno de los principales temas para trabajar es la educación porque es un derecho esencial de las víctimas y más de los jóvenes. Muchos de ellos estudian hasta secundaria y se quedan ahí por falta de recursos. Quiero apoyar los talleres tecnológicos y ser la vocera de ellos y apoyarlos en la solución de las problemáticas que tienen”, recalcó.
Cabe recordar que de acuerdo con la Ley estatutaria 1622 de 2013 (modificada por la Ley1885 de 2018), los (as) jóvenes víctimas del conflicto armado tienen una curul especial en la conformación de los Consejos municipales y locales de juventud. Esto aplica para municipios y localidades donde existan organizaciones juveniles de campesinos, comunidades de indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros, ROM, raizales de San Andrés y Providencia o en general de comunidades étnicas, y población joven víctima.
Este domingo es la elección de la mayoría de consejos de juventud en todo el territorio nacional con más de 41.000 aspirantes. Los elegidos serán interlocutores de la política pública de juventud, líderes del control político, veedores de todos los temas de juventud y sus representantes ante el Ejecutivo, el Congreso, las gobernaciones, las asambleas, los concejos y las alcaldías.
El número de elegidos en cada municipio o localidad dependerá del número de habitantes. En municipios donde la población supera 100.001 habitantes se elegirán 17 consejeros. Si los habitantes del municipio están entre 20.001 y 100.000 se elegirán 13 y en los de menos de 20.000, solo tendràn7 curules.
La Registraduría Nacional dispuso para esta jornada de 19.991 mesas de votación en los 6.058 puestos en el país y 123.096 jurados para garantizar la transparencia de la jornada. El mandato será hasta 2025 y no tendrán remuneración por su trabajo.
Fuente: Unidad para las Víctimas
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
