CASANARE
Jovencita víctima de violencia logró cupo en consejo de juventud de Monterrey
Según Linda Barrera, elegida delegada por trámite especial para las víctimas de su municipio, la participación de toda la población juvenil del país es fundamental este domingo, “porque en los consejos que se eligen, tendrán quién los guíe y les permitirá consolidar todas sus propuestas para que no se pierdan”.
“Uno de los principales temas para trabajar es la educación porque es un derecho esencial de las víctimas y más de los jóvenes. Muchos de ellos estudian hasta secundaria y se quedan ahí por falta de recursos. Quiero apoyar los talleres tecnológicos y ser la vocera de ellos y apoyarlos en la solución de las problemáticas que tienen”, recalcó.
Cabe recordar que de acuerdo con la Ley estatutaria 1622 de 2013 (modificada por la Ley1885 de 2018), los (as) jóvenes víctimas del conflicto armado tienen una curul especial en la conformación de los Consejos municipales y locales de juventud. Esto aplica para municipios y localidades donde existan organizaciones juveniles de campesinos, comunidades de indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros, ROM, raizales de San Andrés y Providencia o en general de comunidades étnicas, y población joven víctima.
Este domingo es la elección de la mayoría de consejos de juventud en todo el territorio nacional con más de 41.000 aspirantes. Los elegidos serán interlocutores de la política pública de juventud, líderes del control político, veedores de todos los temas de juventud y sus representantes ante el Ejecutivo, el Congreso, las gobernaciones, las asambleas, los concejos y las alcaldías.
El número de elegidos en cada municipio o localidad dependerá del número de habitantes. En municipios donde la población supera 100.001 habitantes se elegirán 17 consejeros. Si los habitantes del municipio están entre 20.001 y 100.000 se elegirán 13 y en los de menos de 20.000, solo tendràn7 curules.
La Registraduría Nacional dispuso para esta jornada de 19.991 mesas de votación en los 6.058 puestos en el país y 123.096 jurados para garantizar la transparencia de la jornada. El mandato será hasta 2025 y no tendrán remuneración por su trabajo.
Fuente: Unidad para las Víctimas
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
