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JEP le dijo NO al exgobernador William Pérez, por no hacer aportes a la verdad

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William Hernán Pérez Espinel, quien fue gobernador de Casanare entre 2001 y 2003, fue condenado por la justicia ordinaria por tener vínculos con grupos paramilitares y también por corrupción en el manejo de contratos cuando ejerció este cargo. Justamente por ese primer delito buscaba un espacio en la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP—; sin embargo, la Sala de Definición de este tribunal le cerró la puerta el miércoles 10 de agosto.

De acuerdo con la magistratura de esta sala, Pérez Espinel no realizó ninguna contribución a la verdad adicional a la ya conocida en la justicia ordinaria; incluso, negó que hubiera nexos entre integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia y su candidatura a la gobernación de ese departamento más allá de que en un principio había aceptado los vínculos con integrantes de este grupo al mando de alias Martín Llanos.

Pérez Espinel, condenado a 56 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia en 2016, ya había tocado las puertas de la justicia especial de paz para que revisara sus expedientes, pues según su defensa, los delitos por los cuales fue sancionado guardan relación con el conflicto armado interno: reveló que, durante su campaña, mientras las AUC le brindaban proselitismo, este les otorgaba a cambio poder político, económico y libertad militar en todo Casanare.

Por otra parte, la Sala de Definición encontró que su plan de aportes a la verdad estuvo lleno de aseveraciones que no se podían comprobar; incluso, negó haber financiado a algún grupo armado en el departamento con recursos públicos. En ese sentido, el tribunal señaló que dichas afirmaciones del condenado “se apartan del deber de aportar verdad, pues implica una contradicción frente a lo que se ha propuesto en los anteriores planes, lo cual presenta retroceso para el aporte de verdad”.

Sumado a eso, la sala notó que Pérez no había hecho más confesiones sobre las intervenciones de varias cooperativas de seguridad y los contratos otorgados a las AUC financiados también con el erario.

De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, el exgobernador está vinculado a un total de 16 procesos en condición de indiciado por los delitos de enriquecimiento ilícito, contratación sin el cumplimiento de requisitos, peculado por apropiación, concierto para delinquir y concusión. En 2018 logró ver una pequeña luz en este tribunal, pues en ese año su caso fue analizado y posteriormente, determinó que debía hacer aportes más determinantes sobre sus vínculos con las autodefensas.

Sin embargo, en el auto de 60 páginas conocido en la tarde del 10 de agosto, el tribunal de justicia transicional detalla que;“Se tiene que a pesar de los múltiples requerimientos dados al señor William Hernán Pérez Espinel, (…) no proporcionó los datos específicos que permitieran verificar su dicho, las acciones que realizó y las demás personas que se vieron involucradas en los hechos relatados y no meramente aseveraciones genéricas”.

Ahora, William Pérez Espinel deberá continuar pagando su condena en un centro reclusorio hasta tanto haga un aporte diferente al ya efectuado en la justicia ordinaria. En ese sentido, el tribunal indicó que“debe señalar sobre cuáles hechos aportará relatos veraces, qué parte de la realidad del conflicto coadyuvará a esclarecer” y qué partes de esa verdad le pueden servir a los otros componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Fuente: Con información de infobae.com

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Capresoca responde que no es responsable de las obligaciones de PROMED con personal de enfermería

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Capresoca EPS se pronunció frente a la manifestación realizada este lunes por personal de enfermería vinculado a la IPS PROMED, quienes exigen el pago de honorarios por servicios prestados en el marco del contrato N.° 165 de 2025. La entidad aclaró que dicho contrato tenía una duración de nueve meses y un valor superior a los 7.400 millones de pesos.

Según Capresoca, con corte a febrero de 2026 se han girado más de 5.110 millones de pesos, equivalentes al 68 % del valor total del contrato, tras cumplir con los procesos de radicación, auditoría y aprobación de cuentas. Asimismo, indicó que el contrato se encuentra actualmente en etapa de liquidación, con un valor proyectado pendiente de pago cercano a los 1.389 millones de pesos, luego de aplicar descuentos por glosas, retenciones y saldos no ejecutados.

Que responda PROMED

La EPS precisó que el pago restante se realizará una vez se completen los trámites administrativos en las áreas contable, financiera y jurídica, y se cuente con la respectiva disponibilidad presupuestal. Sin embargo, enfatizó que, conforme a lo establecido en el contrato y la normativa laboral vigente, no tiene responsabilidad sobre las obligaciones laborales adquiridas por PROMED con su personal, al tratarse de un prestador autónomo.

Finalmente, Capresoca indicó que los trabajadores afectados pueden acudir a las instancias legales correspondientes para reclamar sus derechos, proceso que, según la entidad, es necesario para activar posibles mecanismos ante la aseguradora que respalda el contrato. La situación mantiene la preocupación del personal de salud, que continúa a la espera del pago por los servicios prestados.

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Gobernación de Casanare y Agrosavia le apuestan al Centro de Investigación para la Orinoquia en Casanare

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El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, sostuvo una reunión con el director general de Agrosavia, Miguel Serrano López, junto con su equipo de trabajo, para avanzar en acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario.

El mandatario señaló que se definieron cuatro frentes de trabajo. Entre ellos, la presentación ante el OCAD de Ciencia y Tecnología del proyecto del Centro de Investigación para la Orinoquia del sector agropecuario, nuevas iniciativas conforme al Plan de Acción 2026, la estrategia de fortalecimiento y continuidad del equipo de Agrosavia en el departamento, y el plan de acción para la recuperación, salvaguarda y manejo de la raza criolla en Casanare.

Ortiz Zorro expresó que junto a Agrosavia se dejarán las bases del desarrollo agroindustrial que necesita Casanare. Indicó que durante la jornada se compartieron resultados de investigación y se definió una ruta para articular acciones que fortalezcan la productividad agropecuaria del departamento.

Por su parte, el director de Agrosavia explicó que en conjunto con la Gobernación se identificaron ejes estratégicos enfocados en la integración de componentes concretos de investigación orientados al sector agropecuario. Señaló que esta articulación incluye la protección del ganado criollo casanareño, considerado patrimonio nacional y patrimonio de Casanare, además de la gestión de recursos en alianza con el Ministerio de Agricultura para consolidar una propuesta de centro de investigación con sede en el departamento y proyección para toda la Orinoquia.

Finalmente, el secretario de Agricultura, Alexi Duarte, informó que, Agrosavia y el gobernador se comprometieron con la formulación del proyecto del Centro para la Investigación de la Orinoquia, además de la inscripción del banco de germoplasma de la raza Criollo Casanare al Sistema Nacional de Bancos de Germoplasma.

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Se va Catasig de Yopal, Gestión Catastral será reasumida por el IGAC, empalme durará tres meses

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Así lo dio a conocer el alcalde Marco Tulio Ruíz, en la Mesa de Diálogo sobre Catastro Multipropósito que contó con presencia de comunidad, alcaldes, gobernador de Casanare y delegadas de la Superintendencia de Notariado y Registro y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

De acuerdo con la Superintendencia de Notariado y Registro, la intervención solicitada desde 2025 por el alcalde Marco Tulio Ruíz Riaño, permitió activar funciones de inspección, vigilancia y control.

“Se aperturó un proceso sancionatorio administrativo al gestor; el informe evidencia falencias y vulneraciones a la norma catastral. Estamos próximos a emitir el auto de cargos”, explicó Leidy Escamilla, coordinadora del grupo de Inspección y Vigilancia de la Superintendencia de Notariado y Registro, quien también destacó el trabajo técnico de la Alcaldía de Yopal.

Durante la mesa también se confirmó que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) asumirá el servicio catastral en Yopal, mientras avanza un proceso sancionatorio administrativo contra el actual operador Catasig por presuntas fallas en la actualización catastral urbana.

Cecilia Cogollo, directora de Gestión Catastral del IGAC, informó que ya inició el proceso de empalme con Catasig para garantizar la continuidad del servicio bajo criterios de orden y confianza ciudadana. En este contexto, el alcalde Marco Tulio Ruíz reiteró que la prioridad ha sido la defensa de los ciudadanos, decisión que se reflejó en no permitir un ajuste automático en el sector rural.

La Administración Municipal ratificó su postura ante el Gobierno Nacional: avanzar en un proceso transparente, ajustado a la norma y centrado en el bienestar de la comunidad, con el objetivo de restablecer la confianza en el sistema catastral de Yopal.

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