CASANARE
JEP le dijo NO al exgobernador William Pérez, por no hacer aportes a la verdad
William Hernán Pérez Espinel, quien fue gobernador de Casanare entre 2001 y 2003, fue condenado por la justicia ordinaria por tener vínculos con grupos paramilitares y también por corrupción en el manejo de contratos cuando ejerció este cargo. Justamente por ese primer delito buscaba un espacio en la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP—; sin embargo, la Sala de Definición de este tribunal le cerró la puerta el miércoles 10 de agosto.
De acuerdo con la magistratura de esta sala, Pérez Espinel no realizó ninguna contribución a la verdad adicional a la ya conocida en la justicia ordinaria; incluso, negó que hubiera nexos entre integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia y su candidatura a la gobernación de ese departamento más allá de que en un principio había aceptado los vínculos con integrantes de este grupo al mando de alias Martín Llanos.
Pérez Espinel, condenado a 56 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia en 2016, ya había tocado las puertas de la justicia especial de paz para que revisara sus expedientes, pues según su defensa, los delitos por los cuales fue sancionado guardan relación con el conflicto armado interno: reveló que, durante su campaña, mientras las AUC le brindaban proselitismo, este les otorgaba a cambio poder político, económico y libertad militar en todo Casanare.
Por otra parte, la Sala de Definición encontró que su plan de aportes a la verdad estuvo lleno de aseveraciones que no se podían comprobar; incluso, negó haber financiado a algún grupo armado en el departamento con recursos públicos. En ese sentido, el tribunal señaló que dichas afirmaciones del condenado “se apartan del deber de aportar verdad, pues implica una contradicción frente a lo que se ha propuesto en los anteriores planes, lo cual presenta retroceso para el aporte de verdad”.
Sumado a eso, la sala notó que Pérez no había hecho más confesiones sobre las intervenciones de varias cooperativas de seguridad y los contratos otorgados a las AUC financiados también con el erario.
De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, el exgobernador está vinculado a un total de 16 procesos en condición de indiciado por los delitos de enriquecimiento ilícito, contratación sin el cumplimiento de requisitos, peculado por apropiación, concierto para delinquir y concusión. En 2018 logró ver una pequeña luz en este tribunal, pues en ese año su caso fue analizado y posteriormente, determinó que debía hacer aportes más determinantes sobre sus vínculos con las autodefensas.
Sin embargo, en el auto de 60 páginas conocido en la tarde del 10 de agosto, el tribunal de justicia transicional detalla que;“Se tiene que a pesar de los múltiples requerimientos dados al señor William Hernán Pérez Espinel, (…) no proporcionó los datos específicos que permitieran verificar su dicho, las acciones que realizó y las demás personas que se vieron involucradas en los hechos relatados y no meramente aseveraciones genéricas”.
Ahora, William Pérez Espinel deberá continuar pagando su condena en un centro reclusorio hasta tanto haga un aporte diferente al ya efectuado en la justicia ordinaria. En ese sentido, el tribunal indicó que“debe señalar sobre cuáles hechos aportará relatos veraces, qué parte de la realidad del conflicto coadyuvará a esclarecer” y qué partes de esa verdad le pueden servir a los otros componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Fuente: Con información de infobae.com
La Secretaría de Salud de Casanare ha presentado los resultados del monitoreo del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) correspondiente a abril de 2026, abarcando las áreas urbanas del departamento. Este reporte se elaboró con base en la información recolectada durante ese mes y en cumplimiento de la Resolución 2115 de 2007, que establece los parámetros para la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.
El informe clasifica a seis municipios en riesgo medio: La Salina, Orocué, Pore, Recetor, Sabanalarga y Támara. Además, Chámeza y San Luis de Palenque fueron catalogados con riesgo bajo. Por otro lado, un grupo de once municipios, incluyendo Aguazul, Hato Corozal, Maní, Monterrey, Nunchía, Paz de Ariporo, Sácama, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal, registraron la clasificación de “sin riesgo”.
¿Qué es el IRCA?
El Índice de Riesgo de la Calidad de Agua (IRCA) se define como el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el incumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano. En el análisis de abril, se identificaron diversas variables no aceptables que contribuyeron a la clasificación de riesgo en los municipios afectados.
Entre las características o variables no aceptables destacadas por el laboratorio de salud pública para el cálculo del IRCA en abril, se encuentran: Coliformes Totales en La Salina; Color Aparente, Hierro, Fluoruros y Turbiedad en Orocué; Cloro Residual Libre y pH en Pore; Color Aparente, pH y Turbiedad en Recetor; Cloro Residual Libre en Sabanalarga; y Color Aparente, Hierro y Turbiedad en Támara. Para los municipios con riesgo bajo, Chámeza presentó fallas en Color Aparente y pH, y San Luis de Palenque en Color Aparente.
El área de Salud Pública realiza un monitoreo continuo a través de la vigilancia de los Sistemas de Suministro de Agua Urbanos. La Secretaría de Salud recomienda a la comunidad adoptar medidas preventivas ante posibles riesgos, tales como evitar el consumo directo de agua de la llave, hervir el agua durante más de cinco minutos antes de su consumo, y realizar periódicamente la limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua en las viviendas.
La Secretaría de Educación de Casanare ha puesto en marcha la estrategia “Educación en Territorio”, una iniciativa liderada por el gobernador César Ortiz Zorro y el secretario de Educación Diego Fernando Ardila. Su objetivo es fortalecer la presencia institucional y promover un diálogo cercano con las comunidades educativas de los 18 municipios no certificados del departamento.
El recorrido inaugural comenzó en el municipio de Orocué, desde la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, con la participación de rectores de diversas instituciones como Hakelin Pedraza (La Inmaculada), César Llanos (Luis Carlos Galán Sarmiento), Nubia Vargas (IEA Pudi), Gerzon Lizcano (Algarrobo) y Carmen Acero (Miralindo).
Durante estas jornadas, se abordaron temas cruciales para el mejoramiento del sistema educativo en Casanare, incluyendo la gestión de cobertura educativa, la gestión administrativa, la calidad educativa y el fortalecimiento del control interno disciplinario. Estos aspectos buscan optimizar el funcionamiento de las instituciones y responder a las necesidades locales.
Posteriormente, la estrategia se trasladó al municipio de Hato Corozal, específicamente a la Institución Educativa Antonio Martínez Delgado, donde rectores y funcionarios de la Secretaría de Educación participaron activamente. Edgar Mesa, rector de la institución, destacó la importancia de estos encuentros directos para “tener un diálogo cercano, expresar nuestras necesidades y conocer de primera mano las acciones que se vienen adelantando en beneficio de la educación”.
Varios directivos docentes resaltaron estos encuentros institucionales como una valiosa oportunidad para construir soluciones conjuntas y fortalecer el acompañamiento a las comunidades educativas en cada territorio. El secretario de Educación, Diego Fernando Ardila, subrayó que es fundamental para el Gobierno de las Oportunidades mantener una presencia activa en los municipios y escuchar directamente a todos los actores del sistema educativo.
La estrategia “Educación en Territorio” continuará su recorrido por los 18 municipios no certificados de Casanare, llevando espacios de diálogo y seguimiento a los procesos educativos junto a rectores, docentes, estudiantes y padres de familia del departamento, en búsqueda de una educación más cercana y participativa.
CASANARE
Aprueban Centro de Salud con enfoque multicultural para comunidades indígenas de Caño Mochuelo
Después de 30 años, las comunidades indígenas de Caño Mochuelo, en Hato Corozal, recibieron la noticia de la aprobación del Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS) de Getsemaní. El gobernador César Ortiz Zorro anunció que la obra beneficiará a más de 3.700 habitantes de 11 comunidades, con una inversión aproximada de 19.654 millones de pesos por parte del Gobierno nacional.
El proyecto contempla una infraestructura con un marcado enfoque multicultural, diseñada para respetar la identidad, tradiciones y medicina ancestral de los pueblos indígenas. El centro incluirá espacios adaptados como malocas, áreas para sobanderos, y zonas de parto y recuperación, integrando la medicina occidental con los saberes ancestrales de las comunidades.
El CAPS ofrecerá una amplia gama de servicios esenciales, que incluyen consulta externa, enfermería, odontología, psicología, nutrición, optometría, laboratorio clínico y farmacia. Estos servicios especializados buscan ampliar significativamente la cobertura en salud para las familias asentadas en este territorio.
El gobernador Zorro expresó su agradecimiento a la ORIC, al Ministerio de Salud, a los líderes indígenas y a las comunidades por esta iniciativa. Afirmó que este centro brindará “una salud digna, oportuna y humanizada, respetando la cultura y los saberes de los pueblos indígenas”. La aprobación de los recursos, por valor de $19.654.497.448 pesos, se formalizó mediante la Resolución 919 del 12 de mayo de 2026.
Adicionalmente, el proyecto CAPS contempla la construcción de una granja solar, una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y servicios de telemedicina, lo que fortalecerá la atención médica y responderá a la medida cautelar 098 de 2020.
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