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CASANARE

JEP le dijo NO al exgobernador William Pérez, por no hacer aportes a la verdad

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William Hernán Pérez Espinel, quien fue gobernador de Casanare entre 2001 y 2003, fue condenado por la justicia ordinaria por tener vínculos con grupos paramilitares y también por corrupción en el manejo de contratos cuando ejerció este cargo. Justamente por ese primer delito buscaba un espacio en la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP—; sin embargo, la Sala de Definición de este tribunal le cerró la puerta el miércoles 10 de agosto.

De acuerdo con la magistratura de esta sala, Pérez Espinel no realizó ninguna contribución a la verdad adicional a la ya conocida en la justicia ordinaria; incluso, negó que hubiera nexos entre integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia y su candidatura a la gobernación de ese departamento más allá de que en un principio había aceptado los vínculos con integrantes de este grupo al mando de alias Martín Llanos.

Pérez Espinel, condenado a 56 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia en 2016, ya había tocado las puertas de la justicia especial de paz para que revisara sus expedientes, pues según su defensa, los delitos por los cuales fue sancionado guardan relación con el conflicto armado interno: reveló que, durante su campaña, mientras las AUC le brindaban proselitismo, este les otorgaba a cambio poder político, económico y libertad militar en todo Casanare.

Por otra parte, la Sala de Definición encontró que su plan de aportes a la verdad estuvo lleno de aseveraciones que no se podían comprobar; incluso, negó haber financiado a algún grupo armado en el departamento con recursos públicos. En ese sentido, el tribunal señaló que dichas afirmaciones del condenado “se apartan del deber de aportar verdad, pues implica una contradicción frente a lo que se ha propuesto en los anteriores planes, lo cual presenta retroceso para el aporte de verdad”.

Sumado a eso, la sala notó que Pérez no había hecho más confesiones sobre las intervenciones de varias cooperativas de seguridad y los contratos otorgados a las AUC financiados también con el erario.

De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, el exgobernador está vinculado a un total de 16 procesos en condición de indiciado por los delitos de enriquecimiento ilícito, contratación sin el cumplimiento de requisitos, peculado por apropiación, concierto para delinquir y concusión. En 2018 logró ver una pequeña luz en este tribunal, pues en ese año su caso fue analizado y posteriormente, determinó que debía hacer aportes más determinantes sobre sus vínculos con las autodefensas.

Sin embargo, en el auto de 60 páginas conocido en la tarde del 10 de agosto, el tribunal de justicia transicional detalla que;“Se tiene que a pesar de los múltiples requerimientos dados al señor William Hernán Pérez Espinel, (…) no proporcionó los datos específicos que permitieran verificar su dicho, las acciones que realizó y las demás personas que se vieron involucradas en los hechos relatados y no meramente aseveraciones genéricas”.

Ahora, William Pérez Espinel deberá continuar pagando su condena en un centro reclusorio hasta tanto haga un aporte diferente al ya efectuado en la justicia ordinaria. En ese sentido, el tribunal indicó que“debe señalar sobre cuáles hechos aportará relatos veraces, qué parte de la realidad del conflicto coadyuvará a esclarecer” y qué partes de esa verdad le pueden servir a los otros componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Fuente: Con información de infobae.com

CASANARE

Formulan cargos a 2 policías de carreteras por muerte de joven en Casanare en 2021

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SEBASTIÁN

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el entonces intendente de la Policía y jefe del  cuadrante vial No. 3 Araguaney de la Seccional de Tránsito y Transporte de Casanare, Geiler Camacho Molano y el patrullero Emmanuel Iván Silva Rodríguez (2021), por la muerte del joven Johan Sebastián Ortega, de 20 años, quien se movilizaba en una motocicleta junto con su compañera, por la vía Yopal – Paz de Ariporo.

Los hechos ocurrieron el 11 de septiembre de 2021, en el kilómetro 25 de la citada vía. Allí, tras una persecución policial el intendente Camacho Molano habría disparado su arma de fuego de dotación oficial contra el ciudadano causándole una grave herida en el cuello que le produjo instantes después la muerte.

Advierte el Ministerio Público que la acción se habría producido por el hecho de no atender de manera inmediata el llamado que se le hizo para detener la motocicleta, razón que no se constituía, a juicio de la Procuraduría, razón válida para dispararle.

El Ministerio Público también cuestionó la conducta del patrullero Silva Rodríguez, quien, al parecer, sin justa causa, no habría auxiliado al joven que resultó gravemente herido por el disparo que le propinó el intendente Molano.

De acuerdo con las pruebas recaudadas el investigado no lo habría trasladado de manera inmediata, pese a contar con el vehículo policial para hacerlo y, una vez decidió transportarlo, se detuvo en dos oportunidades perdiendo tiempo valioso para la atención médica que requería el ciudadano, quien ingresó al Hospital Regional de la Orinoquia sin signos vitales.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la conducta de los uniformados como falta gravísima a título de dolo.

¿Cómo fueron los hechos?

Como se recuerda en este caso que causó conmoción en Casanare, los dos jóvenes se desplazaban en motocicleta hacia una finca y pararon antes del retén, como lo narró en su momento Jenny Carolina Prieto, la mujer que acompañaba a la víctima mortal, al momento de los hechos, quien narró pormenorizadamente cómo fueron los mismos, lanzando graves acusaciones contra la Policía Nacional, señalando además que nada de lo que se les acusa es cierto, y que al joven le dispararon a quemarropa luego de una persecución policial. Este fue el relato de la joven, para la época de los hechos.

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CASANARE

Yopal refuerza detección temprana del VIH y búsqueda activa, este año se han registrado 7 casos

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VIH

El municipio de Yopal ha fortalecido significativamente sus estrategias de detección temprana y atención integral del VIH en los últimos años. Esto se ha logrado mediante la ampliación de la búsqueda activa institucional y el incremento de tamizajes en los servicios de salud.

Según el seguimiento epidemiológico de la Secretaría de Salud Municipal, en 2024 se notificaron 90 casos, en 2025 la cifra fue de 100 y, en lo corrido de 2026, se han registrado 7 casos. Las autoridades sanitarias atribuyen este incremento, en parte, al fortalecimiento de las acciones de detección, que permiten identificar y vincular oportunamente a las personas a tratamiento.

Las medidas implementadas incluyen la expansión de pruebas diagnósticas en diversos puntos de atención, el desarrollo de jornadas de sensibilización y una estrecha articulación con los prestadores de servicios de salud. Esto asegura un seguimiento clínico adecuado y el acceso a una atención integral para quienes lo necesitan.

Se enfatiza que un diagnóstico temprano es crucial para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, reducir significativamente el riesgo de transmisión del virus y asegurar el inicio oportuno de los tratamientos, lo que contribuye a controlar la propagación.

Finalmente, la Secretaría de Salud recomienda a la comunidad mantener prácticas de autocuidado, como el uso constante de preservativos en todas las relaciones sexuales, realizarse la prueba de VIH periódicamente y acudir a los servicios de salud ante cualquier inquietud o síntoma, promoviendo la prevención activa.

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CASANARE

Alcaldía de Yopal acerca servicios a personas con discapacidad en San Rafael de Morichal

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La Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud Municipal de Yopal realizaron una jornada de caracterización y revisión de historias clínicas en el corregimiento de San Rafael de Morichal, dirigida a personas con discapacidad. Esta iniciativa busca expedir el Certificado de Discapacidad sin necesidad de que los ciudadanos se trasladen al casco urbano.

Un equipo interdisciplinario de la Administración Municipal llevó directamente al territorio este proceso, evitando que los habitantes de la zona rural deban incurrir en gastos y dificultades de desplazamiento para realizar el trámite esencial para el reconocimiento de su condición.

El Certificado de Discapacidad es un documento fundamental que identifica y caracteriza la condición de la persona mediante una valoración clínica multidisciplinaria. Esto permite reconocer sus necesidades y orientar de forma diferenciada las intervenciones institucionales en salud y atención social, fortaleciendo la planeación de estrategias.

La secretaria de Desarrollo Social, Marcela Hernández, enfatizó que estas jornadas facilitan el acceso a los servicios en áreas donde los traslados son complejos. Señaló que la administración está “acercando la oferta institucional a las comunidades”, y el programa de Discapacidad adelanta una búsqueda activa para consolidar información que permita una atención diferencial y oportuna.

El proceso contó con el acompañamiento activo de la Secretaría de Salud Municipal, que se encargó de la revisión de las historias clínicas. Esto fue crucial para la valoración multidisciplinaria necesaria para acceder al Certificado de Discapacidad, cumpliendo con los lineamientos técnicos vigentes.

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