CASANARE
JEP le dijo NO al exgobernador William Pérez, por no hacer aportes a la verdad
William Hernán Pérez Espinel, quien fue gobernador de Casanare entre 2001 y 2003, fue condenado por la justicia ordinaria por tener vínculos con grupos paramilitares y también por corrupción en el manejo de contratos cuando ejerció este cargo. Justamente por ese primer delito buscaba un espacio en la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP—; sin embargo, la Sala de Definición de este tribunal le cerró la puerta el miércoles 10 de agosto.
De acuerdo con la magistratura de esta sala, Pérez Espinel no realizó ninguna contribución a la verdad adicional a la ya conocida en la justicia ordinaria; incluso, negó que hubiera nexos entre integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia y su candidatura a la gobernación de ese departamento más allá de que en un principio había aceptado los vínculos con integrantes de este grupo al mando de alias Martín Llanos.
Pérez Espinel, condenado a 56 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia en 2016, ya había tocado las puertas de la justicia especial de paz para que revisara sus expedientes, pues según su defensa, los delitos por los cuales fue sancionado guardan relación con el conflicto armado interno: reveló que, durante su campaña, mientras las AUC le brindaban proselitismo, este les otorgaba a cambio poder político, económico y libertad militar en todo Casanare.
Por otra parte, la Sala de Definición encontró que su plan de aportes a la verdad estuvo lleno de aseveraciones que no se podían comprobar; incluso, negó haber financiado a algún grupo armado en el departamento con recursos públicos. En ese sentido, el tribunal señaló que dichas afirmaciones del condenado “se apartan del deber de aportar verdad, pues implica una contradicción frente a lo que se ha propuesto en los anteriores planes, lo cual presenta retroceso para el aporte de verdad”.
Sumado a eso, la sala notó que Pérez no había hecho más confesiones sobre las intervenciones de varias cooperativas de seguridad y los contratos otorgados a las AUC financiados también con el erario.
De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, el exgobernador está vinculado a un total de 16 procesos en condición de indiciado por los delitos de enriquecimiento ilícito, contratación sin el cumplimiento de requisitos, peculado por apropiación, concierto para delinquir y concusión. En 2018 logró ver una pequeña luz en este tribunal, pues en ese año su caso fue analizado y posteriormente, determinó que debía hacer aportes más determinantes sobre sus vínculos con las autodefensas.
Sin embargo, en el auto de 60 páginas conocido en la tarde del 10 de agosto, el tribunal de justicia transicional detalla que;“Se tiene que a pesar de los múltiples requerimientos dados al señor William Hernán Pérez Espinel, (…) no proporcionó los datos específicos que permitieran verificar su dicho, las acciones que realizó y las demás personas que se vieron involucradas en los hechos relatados y no meramente aseveraciones genéricas”.
Ahora, William Pérez Espinel deberá continuar pagando su condena en un centro reclusorio hasta tanto haga un aporte diferente al ya efectuado en la justicia ordinaria. En ese sentido, el tribunal indicó que“debe señalar sobre cuáles hechos aportará relatos veraces, qué parte de la realidad del conflicto coadyuvará a esclarecer” y qué partes de esa verdad le pueden servir a los otros componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Fuente: Con información de infobae.com
CASANARE
Gobernación de Casanare activa caravanas humanitarias para atender damnificados por emergencias
Ante las recientes emergencias registradas en diversos municipios de Casanare, el gobernador César Ortiz Zorro ha activado el equipo de atención humanitaria departamental. El objetivo es brindar una respuesta inmediata a las familias afectadas por las lluvias y otros eventos catastróficos que han impactado la región.
La primera jornada de estas caravanas humanitarias se llevó a cabo en Santa María de Palmarito, en el municipio de Maní, donde se entregaron ayudas con elementos de primera necesidad a los hogares damnificados por la temporada invernal. En el casco urbano de Maní, también se brindó apoyo a dos familias afectadas por un vendaval y un incendio estructural, en un esfuerzo coordinado con la Alcaldía y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
Las jornadas de atención humanitaria continuarán su recorrido por el departamento. Este jueves se tiene prevista una intervención en Paz de Ariporo, y el próximo viernes la caravana llegará a Pore, con el fin de asistir a nuevas familias que han sufrido los embates de emergencias recientes en sus comunidades.
Ayuda para familia que perdió su vivienda en incendio
Un caso destacado fue la atención a la familia de Julián Martínez y Sofía Tapón en Nunchía, cuya vivienda en la vereda Pretexto fue completamente destruida por un incendio. La emergencia consumió la estructura y todas sus pertenencias, incluyendo muebles, electrodomésticos, ropa y documentos esenciales.
Como parte de la asistencia, la Dirección de Gestión del Riesgo entregó láminas de zinc, amarres, lonas, mercados, colchonetas, toldillos y cobijas, entre otros elementos básicos para la recuperación. A esta ayuda se sumó la gestora social Diana Soler, quien proporcionó ropa para la menor, kits escolares y artículos de aseo personal.
Este trabajo humanitario, liderado por Wilson Porras, director de Gestión del Riesgo, se desarrolló en coordinación con la Alcaldía y los organismos de socorro, e incluyó acompañamiento psicológico a la familia afectada. Gracias a su red de apoyo, la familia no requirió traslado a un albergue temporal, recibiendo hospedaje en el núcleo familiar.
La Secretaría de Infraestructura de Casanare continúa con la ejecución de trabajos de rehabilitación, reparcheo y mantenimiento vial en corredores estratégicos del municipio de Yopal. El objetivo principal de estas intervenciones es mejorar la movilidad y garantizar condiciones de tránsito más seguras para los usuarios de estas importantes vías.
En el corredor que conecta Yopal con Morichal, Tilodirán y Quebrada Seca, las cuadrillas han avanzado significativamente en la recuperación de la carpeta asfáltica. A la fecha, se han intervenido aproximadamente 450 metros lineales en el sector El Atajo, 360 metros lineales en la Zona 13 y 195 metros lineales en La Cotiza, donde las labores aún prosiguen para optimizar la transitabilidad.
De manera simultánea, en el corregimiento de El Morro, específicamente en el sector de La Guamalera, se está llevando a cabo la atención de puntos críticos. En esta zona se han instalado 86 metros cúbicos de asfalto, lo que contribuye a mejorar sustancialmente las condiciones de circulación y seguridad vial. Estas acciones son parte de una estrategia impulsada por la Gobernación de Casanare, liderada por César Ortiz Zorro, y gestionada por el secretario de Infraestructura, Álvaro Rivera.
Sin embargo, durante el desarrollo de las obras, se han reportado situaciones de imprudencia por parte de algunos conductores. Estos han ignorado la señalización instalada en los frentes de trabajo, poniendo en riesgo la integridad tanto de los trabajadores como de los demás usuarios de la vía.
Ante esta situación, el secretario de Infraestructura ha emitido un llamado a la responsabilidad y al respeto por las normas de tránsito en los sectores donde se realizan las intervenciones. El funcionario enfatizó que, si bien estas labores pueden generar incomodidades temporales, son cruciales para mejorar las condiciones viales y la seguridad.
Las labores continuarán en los próximos días tanto en el corredor Morichal – Tilodirán – Quebrada Seca como en el sector de La Guamalera. Se solicita a conductores y transportadores transitar con paciencia, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal, respetando la señalización y los pasos regulados para garantizar la seguridad de todos.
CASANARE
Avanza legalización para demolición de Torres del Silencio, la próxima semana iniciarían las obras
Las familias beneficiarias del proyecto Torres del Silencio en Yopal informaron que el proceso para iniciar la demolición de las 40 estructuras se encuentra en su fase final de legalización, luego de que el contrato fuera adjudicado y se avanzara en los trámites administrativos pendientes. Según Eduardo Salcedo, vocero de la comunidad junto con la presidenta del Barrio La Esmeralda, las pólizas del contratista ya fueron aprobadas y actualmente se adelantan los procesos relacionados con la interventoría y el cumplimiento de obligaciones tributarias exigidas para la firma del acta de inicio.
Salcedo explicó que la documentación correspondiente a la interventoría ya fue publicada en la plataforma SECOP II y que, de acuerdo con los cronogramas de la Unidad de Contratación, se espera que la próxima semana queden completamente legalizados los procesos restantes para dar paso al inicio de las labores. Con estas actuaciones, la comunidad considera que se desvirtúan versiones que señalaban que la empresa adjudicataria no tendría la capacidad de ejecutar la demolición y que estaría buscando a última hora una firma local para asumir el proyecto.
De acuerdo con la información suministrada por el contratista, la demolición tendrá una duración de 45 días y se desarrollará de manera continua, incluyendo fines de semana y festivos. Los trabajos contemplan el uso de maquinaria amarilla, retiro permanente de escombros y la realización previa de visitas técnicas y actas de vecindad para proteger a los habitantes de los sectores aledaños.
Los líderes comunitarios reiteraron además el llamado a la Gobernación de Casanare para que avance simultáneamente en los trámites de la nueva fase constructiva, teniendo en cuenta que los recursos para el proyecto ya habrían sido garantizados. El objetivo, señalaron, es que una vez concluya la demolición se inicie de inmediato la construcción de las nuevas viviendas, evitando más retrasos para cerca de 400 familias que esperan una solución definitiva.
