CASANARE
JEP le dijo NO al exgobernador William Pérez, por no hacer aportes a la verdad
William Hernán Pérez Espinel, quien fue gobernador de Casanare entre 2001 y 2003, fue condenado por la justicia ordinaria por tener vínculos con grupos paramilitares y también por corrupción en el manejo de contratos cuando ejerció este cargo. Justamente por ese primer delito buscaba un espacio en la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP—; sin embargo, la Sala de Definición de este tribunal le cerró la puerta el miércoles 10 de agosto.
De acuerdo con la magistratura de esta sala, Pérez Espinel no realizó ninguna contribución a la verdad adicional a la ya conocida en la justicia ordinaria; incluso, negó que hubiera nexos entre integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia y su candidatura a la gobernación de ese departamento más allá de que en un principio había aceptado los vínculos con integrantes de este grupo al mando de alias Martín Llanos.
Pérez Espinel, condenado a 56 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia en 2016, ya había tocado las puertas de la justicia especial de paz para que revisara sus expedientes, pues según su defensa, los delitos por los cuales fue sancionado guardan relación con el conflicto armado interno: reveló que, durante su campaña, mientras las AUC le brindaban proselitismo, este les otorgaba a cambio poder político, económico y libertad militar en todo Casanare.
Por otra parte, la Sala de Definición encontró que su plan de aportes a la verdad estuvo lleno de aseveraciones que no se podían comprobar; incluso, negó haber financiado a algún grupo armado en el departamento con recursos públicos. En ese sentido, el tribunal señaló que dichas afirmaciones del condenado “se apartan del deber de aportar verdad, pues implica una contradicción frente a lo que se ha propuesto en los anteriores planes, lo cual presenta retroceso para el aporte de verdad”.
Sumado a eso, la sala notó que Pérez no había hecho más confesiones sobre las intervenciones de varias cooperativas de seguridad y los contratos otorgados a las AUC financiados también con el erario.
De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, el exgobernador está vinculado a un total de 16 procesos en condición de indiciado por los delitos de enriquecimiento ilícito, contratación sin el cumplimiento de requisitos, peculado por apropiación, concierto para delinquir y concusión. En 2018 logró ver una pequeña luz en este tribunal, pues en ese año su caso fue analizado y posteriormente, determinó que debía hacer aportes más determinantes sobre sus vínculos con las autodefensas.
Sin embargo, en el auto de 60 páginas conocido en la tarde del 10 de agosto, el tribunal de justicia transicional detalla que;“Se tiene que a pesar de los múltiples requerimientos dados al señor William Hernán Pérez Espinel, (…) no proporcionó los datos específicos que permitieran verificar su dicho, las acciones que realizó y las demás personas que se vieron involucradas en los hechos relatados y no meramente aseveraciones genéricas”.
Ahora, William Pérez Espinel deberá continuar pagando su condena en un centro reclusorio hasta tanto haga un aporte diferente al ya efectuado en la justicia ordinaria. En ese sentido, el tribunal indicó que“debe señalar sobre cuáles hechos aportará relatos veraces, qué parte de la realidad del conflicto coadyuvará a esclarecer” y qué partes de esa verdad le pueden servir a los otros componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Fuente: Con información de infobae.com
El fortalecimiento del sistema de salud en Casanare podría dar un paso histórico con la incorporación de un avión ambulancia para el traslado oportuno de pacientes, una iniciativa que ya cuenta con directriz del Ministerio de Salud y que fue confirmada por el gobernador César Ortiz Zorro tras la reciente visita del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo al departamento este jueves 15 de enero de 2026.
El mandatario departamental explicó que este proyecto se enmarca dentro de un plan integral orientado a modernizar la red pública de salud, que incluye la consolidación de un hospital de alta complejidad, la mejora en la dotación de equipos biomédicos y el fortalecimiento del transporte asistencial, en articulación con el Gobierno Nacional.
Ortiz Zorro destacó que la aeronave estaría destinada exclusivamente a la atención de emergencias médicas que requieren remisiones fuera del departamento, una necesidad urgente dadas las grandes distancias y las dificultades de acceso en varias zonas del territorio casanareño, lo que actualmente limita una atención oportuna y especializada.
Finalmente, el gobernador resaltó el respaldo del ministro de Salud, a quien calificó como un aliado estratégico para sacar adelante proyectos prioritarios del sector, señalando que esta gestión responde a un anhelo de años y que se espera avanzar en su materialización en el corto plazo.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cumplió una agenda de trabajo en el departamento de Casanare, donde visitó los municipios de Orocué, Paz de Ariporo y Hato Corozal, con el objetivo de revisar la infraestructura hospitalaria y avanzar en el fortalecimiento de la red pública de salud, adquiriendo compromisos concretos para mejorar la atención a las comunidades.
En Paz de Ariporo, el ministro recorrió el hospital local y anunció proyectos que ya cuentan con contratos en marcha, entre ellos la dotación de equipos biomédicos para poner en funcionamiento una sala de cirugía y el fortalecimiento del talento humano con especialistas en pediatría, ginecología, medicina interna y psiquiatría. También se confirmó la asignación de equipos de laboratorio automatizados, una ambulancia medicalizada y otra en proceso, además del envío de una comisión técnica que evaluará la edificación con miras a proyectar el hospital como centro de segundo nivel para el norte de Casanare.
Durante su visita a Hato Corozal, Jaramillo anunció la ampliación del centro de salud, con el fin de aumentar la capacidad resolutiva del municipio. Para ello, se enviará un equipo técnico que evaluará adecuaciones, mejoras y el desarrollo del nuevo proyecto, teniendo en cuenta el lote destinado para la expansión. Adicionalmente, se confirmó la recuperación de ocho puestos de salud para fortalecer la atención primaria en zonas rurales y urbanas.
Finalmente, en Orocué, el ministro, junto al gobernador César Augusto Ortiz y el alcalde Anderson Bernal, recorrió la Red Salud Casanare E.S.E., donde se adquirieron compromisos como la dotación de una unidad odontológica, la asignación de una ambulancia, la instalación de equipos de rayos X y el fortalecimiento de los Equipos Básicos de Salud, con el propósito de garantizar una atención oportuna, preventiva y continua a la población.
El Concejo Municipal de Yopal realizó una mesa de trabajo para analizar las denuncias presentadas por auxiliares de enfermería del Hospital Regional de la Orinoquía (HORO), relacionadas con las condiciones salariales y contractuales correspondientes a la vigencia 2026. Durante el encuentro, los concejales escucharon de manera directa las inquietudes del personal de salud y reiteraron su disposición de servir como puente institucional para la búsqueda de mejores garantías laborales.
La jornada contó con el acompañamiento de la Personería Municipal de Yopal, encabezada por el personero Yesid Camacho Flórez, quien junto a los cabildantes tomó atenta nota de las solicitudes del personal asistencial y administrativo. Entre las principales preocupaciones expuestas se encuentran la asignación de salarios justos, la estabilidad contractual y mejores condiciones para el ejercicio de sus funciones.
Aunque en esta oportunidad no se contó con la presencia de la administración departamental ni de las directivas del HORO, el Concejo Municipal manifestó que mantiene abiertas las puertas para propiciar un encuentro conjunto que permita avanzar en soluciones efectivas en favor del talento humano en salud.
Por su parte, el personero municipal anunció que oficiará a la Gobernación de Casanare, como ente responsable de la E.S.E. HORO, así como a la Asamblea Departamental y a la Procuraduría Regional, con el fin de articular esfuerzos que garanticen la dignificación laboral de los auxiliares de enfermería y la protección de sus derechos.
