CASANARE
JEP firmó memorando de entendimiento por las víctimas con Gobernación de Casanare y Alcaldía de Yopal
Aplicar las sanciones propias con las que los comparecientes imputados como máximos responsables aportarán a la reparación del daño causado a las víctimas y a sus comunidades, requiere una firme articulación institucional y el compromiso del Estado en los ámbitos nacional y territorial.
Siguiendo este camino, la JEP, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal, firmaron un memorando de entendimiento para facilitar la satisfacción de los derechos de las víctimas y la materialización del derecho a la paz, a través de medidas que contribuyan a la reparación y restauración de las víctimas del conflicto armado en este departamento.
Con este memorando se impulsan procesos restaurativos en los que podrán trabajar comparecientes identificados como máximos responsables, esto como parte del cumplimiento de sus sanciones propias. Así mismo, se vincularán a estos proyectos comparecientes no seleccionados como máximos responsables y que son objeto de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. Entre tanto, se terminará de adecuar la arquitectura institucional, a nivel nacional, que se requiere para la correcta implementación y el cumplimiento de estas sanciones, garantizando los derechos y las demandas de las víctimas.
A la fecha, la Jurisdicción ha acreditado a más de 500 víctimas en los macrocasos 01, 03, 06 y 07, que investigan secuestros, asesinatos y desapariciones presentados como bajas en combate por agentes del Estado, victimización de miembros de la Unión Patriótica y reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, respectivamente.
Sobre el Caso de la JEP con más víctimas acreditadas en Casanare
450 de las más de 500 víctimas acreditadas por la JEP en Casanare, son del Caso 03 que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que, durante 2005 y 2008, integrantes de la Brigada XVI y de varios batallones de la región, agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública y terceros civiles asesinaron a 296 personas en 17 municipios de Casanare, tres de Boyacá, dos de Meta y uno de Arauca.
Por estos hechos, la Sala imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y dos civiles. La Sala estableció que los comparecientes imputados presentaron a personas asesinadas en estado de indefensión como dadas de baja en combate, en una práctica sistemática y generalizada consistente en la presentación de resultados operacionales ficticios.
La JEP, a través de la Sala de Reconocimiento de Verdad, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y los equipos de la Secretaría Ejecutiva, ha mantenido espacios de escucha y diálogo con las víctimas de Casanare. Entre el 20 y el 23 de septiembre de 2024, en Yopal, víctimas y comparecientes del Caso 03, tanto máximos como no máximos responsables, tuvieron un encuentro privado colectivo, de carácter restaurativo, como parte del proceso dialógico de la Jurisdicción.
Los días 1 y 2 de noviembre continuarán los diálogos en torno al conjunto de propuestas e iniciativas de las víctimas y los comparecientes acerca de los trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador (TOAR) que podrán formar parte de las sanciones propias que el Tribunal para la Paz les impondrá a los comparecientes que hayan aportado a la verdad y reconozcan su responsabilidad sobre los crímenes investigados.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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