Aplicar las sanciones propias con las que los comparecientes imputados como máximos responsables aportarán a la reparación del daño causado a las víctimas y a sus comunidades, requiere una firme articulación institucional y el compromiso del Estado en los ámbitos nacional y territorial.

Siguiendo este camino, la JEP, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal, firmaron un memorando de entendimiento para facilitar la satisfacción de los derechos de las víctimas y la materialización del derecho a la paz, a través de medidas que contribuyan a la reparación y restauración de las víctimas del conflicto armado en este departamento.

Con este memorando se impulsan procesos restaurativos en los que podrán trabajar comparecientes identificados como máximos responsables, esto como parte del cumplimiento de sus sanciones propias. Así mismo, se vincularán a estos proyectos comparecientes no seleccionados como máximos responsables y que son objeto de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. Entre tanto, se terminará de adecuar la arquitectura institucional, a nivel nacional, que se requiere para la correcta implementación y el cumplimiento de estas sanciones, garantizando los derechos y las demandas de las víctimas.

A la fecha, la Jurisdicción ha acreditado a más de 500 víctimas en los macrocasos 01, 03, 06 y 07, que investigan secuestros, asesinatos y desapariciones presentados como bajas en combate por agentes del Estado, victimización de miembros de la Unión Patriótica y reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, respectivamente.

Sobre el Caso de la JEP con más víctimas acreditadas en Casanare

450 de las más de 500 víctimas acreditadas por la JEP en Casanare, son del Caso 03 que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que, durante 2005 y 2008, integrantes de la Brigada XVI y de varios batallones de la región, agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública y terceros civiles asesinaron a 296 personas en 17 municipios de Casanare, tres de Boyacá, dos de Meta y uno de Arauca.

Por estos hechos, la Sala imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y dos civiles. La Sala estableció que los comparecientes imputados presentaron a personas asesinadas en estado de indefensión como dadas de baja en combate, en una práctica sistemática y generalizada consistente en la presentación de resultados operacionales ficticios.

La JEP, a través de la Sala de Reconocimiento de Verdad, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y los equipos de la Secretaría Ejecutiva, ha mantenido espacios de escucha y diálogo con las víctimas de Casanare. Entre el 20 y el 23 de septiembre de 2024, en Yopal, víctimas y comparecientes del Caso 03, tanto máximos como no máximos responsables, tuvieron un encuentro privado colectivo, de carácter restaurativo, como parte del proceso dialógico de la Jurisdicción.

Los días 1 y 2 de noviembre continuarán los diálogos en torno al conjunto de propuestas e iniciativas de las víctimas y los comparecientes acerca de los trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador (TOAR) que podrán formar parte de las sanciones propias que el Tribunal para la Paz les impondrá a los comparecientes que hayan aportado a la verdad y reconozcan su responsabilidad sobre los crímenes investigados.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP