CASANARE
JEP firmó memorando de entendimiento por las víctimas con Gobernación de Casanare y Alcaldía de Yopal
Aplicar las sanciones propias con las que los comparecientes imputados como máximos responsables aportarán a la reparación del daño causado a las víctimas y a sus comunidades, requiere una firme articulación institucional y el compromiso del Estado en los ámbitos nacional y territorial.
Siguiendo este camino, la JEP, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal, firmaron un memorando de entendimiento para facilitar la satisfacción de los derechos de las víctimas y la materialización del derecho a la paz, a través de medidas que contribuyan a la reparación y restauración de las víctimas del conflicto armado en este departamento.
Con este memorando se impulsan procesos restaurativos en los que podrán trabajar comparecientes identificados como máximos responsables, esto como parte del cumplimiento de sus sanciones propias. Así mismo, se vincularán a estos proyectos comparecientes no seleccionados como máximos responsables y que son objeto de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. Entre tanto, se terminará de adecuar la arquitectura institucional, a nivel nacional, que se requiere para la correcta implementación y el cumplimiento de estas sanciones, garantizando los derechos y las demandas de las víctimas.
A la fecha, la Jurisdicción ha acreditado a más de 500 víctimas en los macrocasos 01, 03, 06 y 07, que investigan secuestros, asesinatos y desapariciones presentados como bajas en combate por agentes del Estado, victimización de miembros de la Unión Patriótica y reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, respectivamente.
Sobre el Caso de la JEP con más víctimas acreditadas en Casanare
450 de las más de 500 víctimas acreditadas por la JEP en Casanare, son del Caso 03 que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que, durante 2005 y 2008, integrantes de la Brigada XVI y de varios batallones de la región, agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública y terceros civiles asesinaron a 296 personas en 17 municipios de Casanare, tres de Boyacá, dos de Meta y uno de Arauca.
Por estos hechos, la Sala imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y dos civiles. La Sala estableció que los comparecientes imputados presentaron a personas asesinadas en estado de indefensión como dadas de baja en combate, en una práctica sistemática y generalizada consistente en la presentación de resultados operacionales ficticios.
La JEP, a través de la Sala de Reconocimiento de Verdad, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y los equipos de la Secretaría Ejecutiva, ha mantenido espacios de escucha y diálogo con las víctimas de Casanare. Entre el 20 y el 23 de septiembre de 2024, en Yopal, víctimas y comparecientes del Caso 03, tanto máximos como no máximos responsables, tuvieron un encuentro privado colectivo, de carácter restaurativo, como parte del proceso dialógico de la Jurisdicción.
Los días 1 y 2 de noviembre continuarán los diálogos en torno al conjunto de propuestas e iniciativas de las víctimas y los comparecientes acerca de los trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador (TOAR) que podrán formar parte de las sanciones propias que el Tribunal para la Paz les impondrá a los comparecientes que hayan aportado a la verdad y reconozcan su responsabilidad sobre los crímenes investigados.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
CASANARE
Yopal blinda la seguridad: sin barras visitantes y con estrictos controles para partido de alto riesgo
Tanto la Alcaldía de Yopal como la Gobernación de Casanare expidieron sendos decretos, mediante los cuales adoptan una serie de medidas especiales de seguridad con ocasión del partido entre Deportivo Pereira y Atlético Nacional, considerado de alto riesgo. Las administraciones municipal centró sus decisiones en prevenir alteraciones del orden público, estableciendo restricciones y controles estrictos en el marco del desarrollo de este evento deportivo.
Entre las principales disposiciones se encuentra la prohibición del ingreso de hinchadas organizadas visitantes provenientes de otros departamentos, así como la restricción en la venta de boletería destinada a estos grupos. Además, se limitó la realización de caravanas, desplazamientos colectivos y cualquier tipo de movilización masiva de barras que no cuente con autorización previa de las autoridades competentes.
El decreto también ordena a la Policía Nacional implementar operativos especiales de control, vigilancia y verificación en las vías de acceso al municipio y al departamento, con el objetivo de identificar y mitigar posibles riesgos. Estas acciones deberán aplicarse de manera proporcional y respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos.
De igual forma, se prohibió el ingreso y transporte de elementos que puedan generar violencia, como pólvora, armas blancas y objetos contundentes. Las medidas estarán vigentes entre el 24 y el 25 de abril de 2026, e incluyen la articulación entre autoridades locales, departamentales y la fuerza pública para garantizar la seguridad antes, durante y después del encuentro.
Asimismo, se ordenaron controles policiales en las vías de acceso al departamento y al municipio. Se prohibió el ingreso de menores de dieciocho (18) años a las localidades occidental norte y occidental sur, además se prohibió el ingreso de menores de catorce (14) años a la localidad occidental central.
De igual manera, se prohibió en Yopal la circulación de motocicletas con acompañante y/o parrillero con edad superior a 14 años, desde el día viernes veinticuatro (24) de abril a las 5:00 p.m. hasta el día sábado veinticinco (25) de abril del 2026 a las 10:00 p.m.
Los contribuyentes en Yopal pueden acceder a descuentos por pronto pago del impuesto predial 2026, con beneficios que varían según las características de cada predio y las fechas en que se realice el pago.
De acuerdo con las condiciones establecidas, existen dos grupos de incentivos: El primero aplica para predios excluidos de la Ley 44 de 1990, entre los que se encuentran lotes urbanizables no urbanizados, lotes urbanizados no edificados, predios nuevos y aquellos que incorporaron construcciones tras la actualización catastral.
Para estos casos, los descuentos son del 30% si el pago se realiza hasta el 31 de mayo, 20% hasta el 30 de julio y 10% hasta el 30 de septiembre. Este beneficio está dirigido a quienes hayan cumplido con el pago del impuesto predial de la vigencia 2025 hasta octubre del año anterior.
Por su parte, los demás predios también cuentan con incentivos por pronto pago. En estos casos, se ofrece un 15% de descuento hasta el 31 de mayo, 10% hasta el 31 de julio y 5% hasta el 30 de septiembre.
Además de estos beneficios, los contribuyentes pueden optar por el sistema de pago alternativo por cuotas, una opción que permite distribuir el valor del impuesto a lo largo del año y facilitar el cumplimiento de la obligación.
Los ciudadanos pueden reclamar su factura en los puntos de atención o descargarla a través del portal https://impuestos.yopal.gov.co/, así como realizar el pago en los lugares autorizados.
La recomendación es aprovechar estos descuentos dentro de los plazos establecidos, lo que no solo representa un ahorro, sino que también evita costos adicionales y facilita el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias.
