CASANARE
JEP firmó memorando de entendimiento por las víctimas con Gobernación de Casanare y Alcaldía de Yopal
Aplicar las sanciones propias con las que los comparecientes imputados como máximos responsables aportarán a la reparación del daño causado a las víctimas y a sus comunidades, requiere una firme articulación institucional y el compromiso del Estado en los ámbitos nacional y territorial.
Siguiendo este camino, la JEP, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal, firmaron un memorando de entendimiento para facilitar la satisfacción de los derechos de las víctimas y la materialización del derecho a la paz, a través de medidas que contribuyan a la reparación y restauración de las víctimas del conflicto armado en este departamento.
Con este memorando se impulsan procesos restaurativos en los que podrán trabajar comparecientes identificados como máximos responsables, esto como parte del cumplimiento de sus sanciones propias. Así mismo, se vincularán a estos proyectos comparecientes no seleccionados como máximos responsables y que son objeto de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. Entre tanto, se terminará de adecuar la arquitectura institucional, a nivel nacional, que se requiere para la correcta implementación y el cumplimiento de estas sanciones, garantizando los derechos y las demandas de las víctimas.
A la fecha, la Jurisdicción ha acreditado a más de 500 víctimas en los macrocasos 01, 03, 06 y 07, que investigan secuestros, asesinatos y desapariciones presentados como bajas en combate por agentes del Estado, victimización de miembros de la Unión Patriótica y reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, respectivamente.
Sobre el Caso de la JEP con más víctimas acreditadas en Casanare
450 de las más de 500 víctimas acreditadas por la JEP en Casanare, son del Caso 03 que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que, durante 2005 y 2008, integrantes de la Brigada XVI y de varios batallones de la región, agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública y terceros civiles asesinaron a 296 personas en 17 municipios de Casanare, tres de Boyacá, dos de Meta y uno de Arauca.
Por estos hechos, la Sala imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y dos civiles. La Sala estableció que los comparecientes imputados presentaron a personas asesinadas en estado de indefensión como dadas de baja en combate, en una práctica sistemática y generalizada consistente en la presentación de resultados operacionales ficticios.
La JEP, a través de la Sala de Reconocimiento de Verdad, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y los equipos de la Secretaría Ejecutiva, ha mantenido espacios de escucha y diálogo con las víctimas de Casanare. Entre el 20 y el 23 de septiembre de 2024, en Yopal, víctimas y comparecientes del Caso 03, tanto máximos como no máximos responsables, tuvieron un encuentro privado colectivo, de carácter restaurativo, como parte del proceso dialógico de la Jurisdicción.
Los días 1 y 2 de noviembre continuarán los diálogos en torno al conjunto de propuestas e iniciativas de las víctimas y los comparecientes acerca de los trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador (TOAR) que podrán formar parte de las sanciones propias que el Tribunal para la Paz les impondrá a los comparecientes que hayan aportado a la verdad y reconozcan su responsabilidad sobre los crímenes investigados.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
