CASANARE
JEP firmó memorando de entendimiento por las víctimas con Gobernación de Casanare y Alcaldía de Yopal
Aplicar las sanciones propias con las que los comparecientes imputados como máximos responsables aportarán a la reparación del daño causado a las víctimas y a sus comunidades, requiere una firme articulación institucional y el compromiso del Estado en los ámbitos nacional y territorial.
Siguiendo este camino, la JEP, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal, firmaron un memorando de entendimiento para facilitar la satisfacción de los derechos de las víctimas y la materialización del derecho a la paz, a través de medidas que contribuyan a la reparación y restauración de las víctimas del conflicto armado en este departamento.
Con este memorando se impulsan procesos restaurativos en los que podrán trabajar comparecientes identificados como máximos responsables, esto como parte del cumplimiento de sus sanciones propias. Así mismo, se vincularán a estos proyectos comparecientes no seleccionados como máximos responsables y que son objeto de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. Entre tanto, se terminará de adecuar la arquitectura institucional, a nivel nacional, que se requiere para la correcta implementación y el cumplimiento de estas sanciones, garantizando los derechos y las demandas de las víctimas.
A la fecha, la Jurisdicción ha acreditado a más de 500 víctimas en los macrocasos 01, 03, 06 y 07, que investigan secuestros, asesinatos y desapariciones presentados como bajas en combate por agentes del Estado, victimización de miembros de la Unión Patriótica y reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, respectivamente.
Sobre el Caso de la JEP con más víctimas acreditadas en Casanare
450 de las más de 500 víctimas acreditadas por la JEP en Casanare, son del Caso 03 que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que, durante 2005 y 2008, integrantes de la Brigada XVI y de varios batallones de la región, agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública y terceros civiles asesinaron a 296 personas en 17 municipios de Casanare, tres de Boyacá, dos de Meta y uno de Arauca.
Por estos hechos, la Sala imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y dos civiles. La Sala estableció que los comparecientes imputados presentaron a personas asesinadas en estado de indefensión como dadas de baja en combate, en una práctica sistemática y generalizada consistente en la presentación de resultados operacionales ficticios.
La JEP, a través de la Sala de Reconocimiento de Verdad, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y los equipos de la Secretaría Ejecutiva, ha mantenido espacios de escucha y diálogo con las víctimas de Casanare. Entre el 20 y el 23 de septiembre de 2024, en Yopal, víctimas y comparecientes del Caso 03, tanto máximos como no máximos responsables, tuvieron un encuentro privado colectivo, de carácter restaurativo, como parte del proceso dialógico de la Jurisdicción.
Los días 1 y 2 de noviembre continuarán los diálogos en torno al conjunto de propuestas e iniciativas de las víctimas y los comparecientes acerca de los trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador (TOAR) que podrán formar parte de las sanciones propias que el Tribunal para la Paz les impondrá a los comparecientes que hayan aportado a la verdad y reconozcan su responsabilidad sobre los crímenes investigados.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
CASANARE
Contrato de $24 mil millones a microempresa barranquillera desata denuncias contra Capresoca EPS
Una denuncia pública radicada ante la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría, la Procuraduría y otros organismos de control pone bajo la lupa la contratación adelantada por Capresoca EPS para la vigencia 2026, durante la administración de la Agente Especial de Intervención, Betty Cecilia Anaya Nieto. El documento advierte posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos de la salud, con incrementos contractuales que superan ampliamente el crecimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Según la denuncia, el caso más crítico corresponde al contrato 003-2026, suscrito con PROVITALY SAS por un valor cercano a los $24 mil millones de pesos para el suministro de medicamentos bajo la modalidad de cápita. Según el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, sede de PROVITALY SAS, es una microempresa constituida en 2018, con un capital autorizado y suscrito de apenas seis millones de pesos, lo que genera serios cuestionamientos sobre su capacidad financiera, técnica y operativa para ejecutar un contrato de tal magnitud en 14 municipios de Casanare.
Contrato 003.2026 suscrito con PROVITALY SAS para el suministro de medicamentos en 14 municipios
Certificado de existencia y representación legal de PROVITALY SAS
La denuncia señala que este contrato representa un incremento aproximado del 26 % frente a la vigencia anterior, pese a que los recursos que lo financian —la UPC— solo aumentaron 16,49 % para 2026. Además, se advierte que no habría evidencia de estudios financieros rigurosos ni de verificación de experiencia previa del contratista, quien incluso no habría cumplido requisitos mínimos en convocatorias similares adelantadas por otras entidades del sector salud.
Otras alertas en la denuncia
A estas alertas se suman incrementos desproporcionados en los valores per cápita en los municipios con mayor concentración de afiliados, la inclusión de medicamentos con registros sanitarios vencidos y la fragmentación de rutas integrales de atención. El documento también denuncia presuntos sobrecostos en el contrato de transporte aéreo de pacientes, con alzas de hasta el 114 % en algunas rutas. Ante este panorama, los denunciantes solicitan a los entes de control investigar a fondo la contratación de Capresoca EPS y determinar posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales por el presunto detrimento de los recursos de la salud de los casanareños.
El Diario del Llano buscó respuesta de la Agente Interventora Betty Cecilia Anaya Nieto sobre el mencionado contrato 003.2026, pero la funcionaria no quiso pronunciarse al respecto, señalando que tenía que verificar los estudios previos del contrato.
Con el objetivo de acercar la vacunación a los barrios y facilitar el acceso a los servicios de salud, se habilitó un punto de vacunación en la Comuna VI, como parte del plan de intensificación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), buscando reducir el número de personas susceptibles a enfermedades prevenibles, aumentando el acceso y disminuyendo las oportunidades perdidas de vacunación, especialmente en población prioritaria.
Durante la jornada, se aplicaron todos los biológicos del esquema regular, con énfasis en la vacunación contra fiebre amarilla, tos ferina, sarampión, rubéola y Virus del Papiloma Humano (VPH). Además, en estos mismos puntos reforzará la vacunación en mujeres gestantes, como también la aplicación a niñas, niños y adolescentes entre los 9 y 17 años contra el VPH, y a menores de 6 años.
Esta iniciativa se articula con instituciones educativas, el ICBF y los diferentes actores del sistema de salud, garantizando el cumplimiento de la ruta de vacunación y fortaleciendo los procesos de información y educación en salud.
Bajo el lema “De regreso a clases con las vacunas al día “#VacúnateYa”, se invita a las familias de la Comuna VI a acercarse al punto de vacunación, revisar sus carnés y completar esquemas, recordando que la vacunación oportuna salva vidas y protege a toda la comunidad.
La Secretaría de Infraestructura de Casanare, a través del Banco de Maquinaria, lideró una mesa de trabajo articulada con autoridades locales y comunidades rurales de Hato Corozal, con el fin de planificar de manera conjunta las intervenciones viales proyectadas en el municipio.
En el encuentro participaron la alcaldesa de Hato Corozal, Tatiana Pirabán Gutiérrez; el secretario de Infraestructura municipal, Antonio Esteban Campuzano; el diputado Omar Ortega y representantes de las veredas El Guafal, El Rubí, Suní, San Nicolás y del centro poblado Puerto Colombia, quienes expusieron sus necesidades y aportaron a la priorización de los trabajos.
Se hará mantenimiento de 30 kilómetros
Como resultado de este ejercicio de concertación, se proyecta el mantenimiento de cerca de 30 kilómetros del corredor vial que comunica el casco urbano de Hato Corozal con Puerto Colombia, intervención que contará con dos frentes de maquinaria listos para iniciar labores una vez se dé apertura oficial al plan.
El gobernador César Ortiz Zorro y el secretario de Infraestructura departamental, Álvaro Rivera, resaltaron que este tipo de espacios fortalecen la planificación responsable, garantizan transparencia en la ejecución de las obras y reflejan el compromiso del Gobierno departamental con la conectividad, el desarrollo rural y el bienestar de las comunidades.
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