CASANARE
Jairo Cristancho anunció su apoyo a Luis Eduardo Castro
El Representante a la Cámara por Casanare y perteneciente al partido Centro Democrático, Jairo Cristancho Tarache, hizo público su apoyo a la candidatura del abogado Luis Eduardo Castro, para la Alcaldía de Yopal. El Parlamentario junto con su asesor Rubiel Vargas Pinto tomaron la decisión de adherirse a la iniciativa política Yopal Ciudad Segura, teniendo en cuenta que el partido del uribismo no definió candidato para la administración municipal.
El anuncio se realizó en una rueda de prensa donde el Congresista especificó que tomó la decisión por sentirse identificado en las 4 líneas principales del programa de gobierno del candidato: Seguridad, Vivienda, Empelo y Reactivación Económica.
Seguridad
Es el principal eslabón de campaña del abogado Luis Eduardo Castro, donde su eslogan ‘Gobierno con Autoridad’ envía el mensaje de ser un alcalde con carácter y contundencia para afrontar la enorme descomposición social que atraviesa Yopal en estos momentos por flagelos como riñas, hurtos, violencia de género, entre otros.
“Soy de un partido que pregona la seguridad democrática en todo el país, es por eso que me siento identificado con el Dr Luis Eduardo Castro, porque su programa de gobierno gira entorno a la seguridad, porque necesitamos un mandatario que sepa de administración pública y tenga capacidad de establecer el orden en la ciudad”, manifestó el Parlamentario.
Por su parte el candidato del partido Alianza Social Independiente (ASI), reiteró su compromiso de tener mano dura contra la delincuencia que tiene azotada a Yopal, mediante operativos de registro y control con las autoridades, así como la recuperación de sitios públicos como parques, zonas verdes y la extinción de dominio a los bienes inmuebles que se presten para la distribución de alucinógenos.
Vivienda
Fue la segunda temática tratada en la adhesión del Representante a la Cámara, en ese sentido el Congresista resaltó su cercanía y amistad con el Ministro de Vivienda, Jhonatan Malagón, lo que facilitaría aún mucho más la ejecución de todo el programa de vivienda que plantea el candidato. Agregó que si es una propuesta viable cuando se tienen los proyectos definidos y estructurados.
El Parlamentario Jairo Cristancho aseguró, “la vivienda gratis ya se acabó en el país, pero hoy en día tenemos grandes beneficios como el subsidio concurrente, que empezó a otorgar el Gobierno Nacional este año y está basado en que los beneficiarios puedan acceder a una vivienda digna sin la necesidad de dar una cuota inicial, teniendo en cuenta que es la suma entre los subsidios que otorga las cajas de compensación y el Ministerio de Vivienda”.
El candidato Luis Eduardo Castro una vez más demostró que su programa de vivienda es una propuesta real y viable, afirmó que tiene un gran equipo de talento humano yopaleño trabajando en la estructuración de los proyectos, por ende, su iniciativa está muy avanzada. Además, anunció que el municipio de Yopal cuenta en estos momentos con 40 hectáreas de terreno con servicios públicos disponibles para su uso.
Sumado a esto, el candidato del partido ASI, aseguró que una familia prestante y tradicional de Yopal aprueba su proyecto político y por ende entrega otras 40 hectáreas, 20 a titulo de donación y otras 20 para el pago de impuesto predial, con esto se ratifica que si hay predios suficientes para la ejecución de cada una de las modalidades de vivienda planteadas por el candidato.
Finalizando la rueda de prensa, el Representante a la Cámara y el candidato a la Alcaldía de Yopal, acordaron iniciar los tramites necesarios para tener una oficina en la ciudad de Bogotá con el objetivo de hacer mayor presencia ante el Gobierno Nacional y de esta manera facilitar la gestión de recursos para la ejecución de cada una de las propuestas planteadas por Luis Eduardo Castro, con el objetivo de hacer de Yopal una ciudad segura.
Fuente: Campaña Luis Eduardo Castro
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
