CASANARE
Invima flexibiliza posición con mataderos de Casanare para que cumplan requisitos del Decreto 1500
En reunión con los 19 alcaldes de Casanare se puso en contexto la situación de las 4 plantas priorizadas que abastecerán de carne a todo el Departamento. Los municipios son: Yopal, Tauramena, Paz de Ariporo y Orocué.
Javier Enrique Guzmán, director de Operaciones Sanitarias del INVIMA, manifestó que ve con preocupación que los avances en el Plan Gradual de Cumplimiento no se han dado, pero que se hará gestión desde la entidad para lograr que los consumidores no tengan problemas.
“Se ve un gran compromiso de todos los Alcaldes por querer cumplir con la fecha límite estipulada, y nosotros vamos a tener un cierre gradual para que el departamento de Casanare no tenga problemas de abastecimiento y los consumidores de carne no se vean afectados”, manifestó el funcionario.
Aunque queda poco tiempo para cumplir con las exigencias del Decreto 1500, la Secretaría de Agricultura y el INVIMA expresaron a los Alcaldes que están haciendo todo lo posible para que antes del 8 de agosto las plantas tengan todos los requerimientos que exige la norma.
De igual forma, como algunas plantas no quedaron priorizadas dentro del Plan Gradual de Cumplimiento, se están haciendo los estudios técnicos y económicos para lograr la posibilidad de incluirlas, entre ellas están la de Aguazul y Trinidad, que cuentan con el apoyo de cada uno de los mandatarios municipales.
“Las 4 plantas priorizadas no se van a cerrar, es cierto que queda poco tiempo, pero a estas plantas se les va a dar plazo de un periodo no mayor a 2 años para que puedan cumplir el plan gradual, por lo tanto no serán cerradas”, indicó Camilo Montaguth, secretario de Agricultura Departamental.
Ante la problemática que se presenta en las Plantas de Beneficio Animal para cumplir con el Plan Gradual, se proyectaron alrededor de 6.500 millones de pesos dentro del Plan de Desarrollo para poder aportarle a las plantas priorizadas que abastecerán todo el Departamento, de acuerdo con lo manifestado por Montaguth Fernández.
Agregó que la Secretaría de Agricultura va a seguir realizando las mesas técnicas de los Planes Graduales de Cumplimiento, para poder apoyar a los Alcaldes a que cumplan lo establecido y que realicen las inversiones necesarias en la parte sanitaria, de infraestructura y locativa de las plantas.
Fuente: Prensa Gobernación de Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
