CASANARE
Investigan subsidios de vivienda rural entregados durante el primer gobierno de “Tocayera” en Orocué
La Contraloría General de la República investiga al alcalde de Orocué, Anderson Bernal Tello, dentro de un proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en un programa de vivienda rural, adelantado durante su anterior mandato.
Según el auto de apertura del proceso, todo se originó dentro de una auditoría adelantada por la entidad en 2022 al proyecto que construyó la segunda fase del programa de vivienda campesina del municipio de Orocué, en la cual se detectó la presunta existencia de un daño al patrimonio público, por la ejecución del proyecto.
El proyecto total se desarrolló por un valor de $2.727 millones de pesos, y el presunto daño fiscal es de $991 millones de pesos, por lo que se abrió el proceso de responsabilidad fiscal que involucra al actual alcalde Anderson Salvador Bernal Tello y otras personas, incluido el también ex alcalde Monchy Yobanny Moreno Gualdrón.
Dentro de las múltiples inconsistencias que se encontraron en el mencionado programa de vivienda rural desarrollado durante el primer mandato del alcalde Anderson Bernal Tello, se entregaron subsidios a personas que no cumplían con la totalidad de requisitos para ser beneficiarios, como por ejemplo el certificado del Sisbén que era un documento o requisito indispensable para postularse y ser acreedor del subsidio, como lo establece el numeral 8 del Decreto Municipal 10 de 2018, que estipula los requisitos para acceder a programas de vivienda.
Se encontró además, que en 29 de los 60 beneficiarios su certificado del Sisbén no cumple con la fecha de antigüedad requerida o fecha de ingreso de la persona o de su núcleo familiar. “… pasando por encima de lo establecido en el Decreto 010 de 28 de febrero del 2018 en el artículo 16 numeral 8 que dispone “Certificado del SISBÉN, el cual debe contener fecha de ingreso al sistema, superior a cinco (5) años, puntaje, nivel conformación del núcleo familiar”, se lee en el auto de apertura del proceso por parte de la Contraloría General de la República Gerencia Departamental de Casanare.
Materiales de mala calidad
El informe de auditoría encontró también, que en algunas de las viviendas construidas con los subsidios otorgados se utilizaron materiales de mala calidad o con deficiencias técnicas en la construcción, encontrando que no se construyó como lo habían contratado sino de manera diferente.
Se encontró además, que algunas de las viviendas entregadas a personas que no cumplían con los requisitos estaban deshabitadas a la hora de realizar la visita por parte del ente de control, y otra se encontraba arrendada. Se cuestiona por parte de la Contraloría General de la República, que la Alcaldía de Orocué no inició acciones para restituir estos subsidios entregados de manera irregular.
Como si fuera poco, se otorgó uno de estos subsidios a la persona que para la fecha de los hechos era el representante legal de la empresa contratada para hacer la interventoría a la construcción de los subsidios. Es decir, se entregó un subsidio al interventor del contrato.
Reprocha también la Contraloría General de la República, que el municipio le giró los recursos al constructor de los subsidios de vivienda sin ningún tipo de póliza que amparara el buen manejo de los recursos, “y sin que existiera negocio jurídico que le permita a la entidad territorial reclamar al contratista por aspectos como la estabilidad de la obra construida y la calidad de la misma”.
Como medida cautelar dentro de la investigación por el proceso de responsabilidad fiscal, la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República ordenó la búsqueda de bienes de los funcionarios involucrados, para activar medidas cautelares como embargos, “para garantizar el pago del probable daño fiscal”.
Fuente: El Diario del Llanol – HOLA Casanare
Una denuncia pública radicada ante organismos de control advierte presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de CAPRESOCA EPS en Casanare, relacionadas con giros millonarios a terceros que no cumplirían requisitos legales ni contractuales. El documento señala posibles hechos de favorecimiento indebido, incumplimiento de normas técnicas y un eventual detrimento patrimonial en el uso de dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que prende alertas sobre la transparencia en la administración de la entidad. Los hechos se dieron durante la administración de la suspendida Agente Interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto.
El caso más delicado expuesto corresponde a un giro por $1.222 millones a la Fundación Cuerpo en Movimiento (FUCEM), realizado el 28 de enero de 2026, pese a que —según la denuncia— esta IPS no se encontraba habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni tendría contratos publicados en SECOP II. De confirmarse, este hecho podría constituir una violación a las normas que prohíben transferir recursos públicos de salud a prestadores no habilitados, comprometiendo la legalidad del pago y la garantía de calidad en la prestación de servicios .
Adicionalmente, se cuestiona el manejo contractual con la empresa CURE LATAM SAS, a la cual CAPRESOCA habría girado $794 millones en enero, equivalente al 40% del valor total de un contrato anual de $2.000 millones. La denuncia advierte que estos pagos se habrían realizado sin evidencia de facturación previa, pese a que el contrato establece desembolsos condicionados a cuentas radicadas y auditadas. Este punto sugiere posibles fallas en los controles internos y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como riesgos de pagos anticipados injustificados .
El documento también señala inconsistencias en los reportes financieros, como el uso de numeraciones de factura no verificables ante la DIAN, lo que podría afectar la trazabilidad de los recursos. En conjunto, los hechos descritos reflejan presuntas debilidades estructurales en la gestión de la EPS, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, y motivan el llamado a investigaciones fiscales, disciplinarias y administrativas para establecer responsabilidades y determinar si existió daño al erario .
CASANARE
Estrategia de autoconstrucción de Zorro llegó a Monterrey con la construcción de un box culvert
El gobernador César Ortiz Zorro impulsa en el municipio de Monterrey la construcción de un box culvert en el sector del Caño Grande, vereda Bellavista, sector Las Víctimas, una obra que avanza mediante el modelo de autoconstrucción con participación activa de la comunidad.
En este punto, se desarrolla una conexión que fortalecerá la movilidad y la agroindustria de la zona, consolidando esfuerzos conjuntos para mejorar la infraestructura rural del municipio.
El proyecto cuenta con el trabajo articulado de la comunidad, concejales del municipio y el Gobierno departamental, que ha aportado 16 tubos de 36 pulgadas y maquinaria para su ejecución.
Durante una visita técnica, el secretario de Infraestructura de Casanare, Álvaro Rivera, verificó los avances de la obra, la cual busca mejorar la conectividad rural y fortalecer la dinámica agroproductiva de este importante sector.
Esta intervención registra avances significativos y se consolida como un ejemplo del modelo de autoconstrucción promovido por el Gobierno de las Oportunidades, que permite la articulación efectiva entre comunidad, autoridades locales y Gobierno departamental para sacar adelante soluciones en el territorio.
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
