CASANARE
Investigan subsidios de vivienda rural entregados durante el primer gobierno de “Tocayera” en Orocué
La Contraloría General de la República investiga al alcalde de Orocué, Anderson Bernal Tello, dentro de un proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en un programa de vivienda rural, adelantado durante su anterior mandato.
Según el auto de apertura del proceso, todo se originó dentro de una auditoría adelantada por la entidad en 2022 al proyecto que construyó la segunda fase del programa de vivienda campesina del municipio de Orocué, en la cual se detectó la presunta existencia de un daño al patrimonio público, por la ejecución del proyecto.
El proyecto total se desarrolló por un valor de $2.727 millones de pesos, y el presunto daño fiscal es de $991 millones de pesos, por lo que se abrió el proceso de responsabilidad fiscal que involucra al actual alcalde Anderson Salvador Bernal Tello y otras personas, incluido el también ex alcalde Monchy Yobanny Moreno Gualdrón.
Dentro de las múltiples inconsistencias que se encontraron en el mencionado programa de vivienda rural desarrollado durante el primer mandato del alcalde Anderson Bernal Tello, se entregaron subsidios a personas que no cumplían con la totalidad de requisitos para ser beneficiarios, como por ejemplo el certificado del Sisbén que era un documento o requisito indispensable para postularse y ser acreedor del subsidio, como lo establece el numeral 8 del Decreto Municipal 10 de 2018, que estipula los requisitos para acceder a programas de vivienda.
Se encontró además, que en 29 de los 60 beneficiarios su certificado del Sisbén no cumple con la fecha de antigüedad requerida o fecha de ingreso de la persona o de su núcleo familiar. “… pasando por encima de lo establecido en el Decreto 010 de 28 de febrero del 2018 en el artículo 16 numeral 8 que dispone “Certificado del SISBÉN, el cual debe contener fecha de ingreso al sistema, superior a cinco (5) años, puntaje, nivel conformación del núcleo familiar”, se lee en el auto de apertura del proceso por parte de la Contraloría General de la República Gerencia Departamental de Casanare.
Materiales de mala calidad
El informe de auditoría encontró también, que en algunas de las viviendas construidas con los subsidios otorgados se utilizaron materiales de mala calidad o con deficiencias técnicas en la construcción, encontrando que no se construyó como lo habían contratado sino de manera diferente.
Se encontró además, que algunas de las viviendas entregadas a personas que no cumplían con los requisitos estaban deshabitadas a la hora de realizar la visita por parte del ente de control, y otra se encontraba arrendada. Se cuestiona por parte de la Contraloría General de la República, que la Alcaldía de Orocué no inició acciones para restituir estos subsidios entregados de manera irregular.
Como si fuera poco, se otorgó uno de estos subsidios a la persona que para la fecha de los hechos era el representante legal de la empresa contratada para hacer la interventoría a la construcción de los subsidios. Es decir, se entregó un subsidio al interventor del contrato.
Reprocha también la Contraloría General de la República, que el municipio le giró los recursos al constructor de los subsidios de vivienda sin ningún tipo de póliza que amparara el buen manejo de los recursos, “y sin que existiera negocio jurídico que le permita a la entidad territorial reclamar al contratista por aspectos como la estabilidad de la obra construida y la calidad de la misma”.
Como medida cautelar dentro de la investigación por el proceso de responsabilidad fiscal, la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República ordenó la búsqueda de bienes de los funcionarios involucrados, para activar medidas cautelares como embargos, “para garantizar el pago del probable daño fiscal”.
Fuente: El Diario del Llanol – HOLA Casanare
La empresa GeoPark confirmó el hallazgo de una granada de fragmentación sin detonar en inmediaciones del campo Tigana, bloque Llanos 34, en el departamento de Casanare, zona rural del municipio de Tauramena, durante la tarde de este martes 6 de enero.
Según la compañía, el artefacto fue detectado de manera oportuna y presentaba el seguro puesto, lo que permitió una reacción inmediata sin que se produjeran riesgos mayores.
Tras la identificación del elemento explosivo, se activaron de forma inmediata los protocolos de seguridad establecidos. Como medida preventiva, el personal operativo fue evacuado, el área acordonada y se dio aviso a la fuerza pública especializada, que asumió el control de la situación.
GeoPark informó que no se registraron personas lesionadas ni afectaciones a la operación petrolera. Posteriormente, las autoridades realizaron una detonación controlada de la granada, garantizando la seguridad del personal y del entorno cercano al campo petrolero.
De manera preliminar, se investiga la posibilidad de que el hallazgo corresponda a acciones intimidatorias por parte de delincuentes contra la compañía petrolera. Las autoridades competentes adelantan las investigaciones para establecer el origen del artefacto y las circunstancias en las que fue abandonado, sin que hasta el momento se conozcan responsables o hipótesis concluyentes.
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El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, confirmó la consecución de los recursos necesarios para la construcción de la nueva Torre de Alta Complejidad del Hospital Regional de la Orinoquia (HORO). Este importante avance se concretó tras la confirmación de financiación por parte del Ministerio de Salud, a través de la Resolución 2697 del 23 de diciembre de 2025, y el interés del Departamento Nacional de Planeación en concurrir con aportes.
La inversión total para este proyecto asciende a 225.273 millones de pesos. De esta cifra, el Gobierno nacional, mediante la gestión del gobernador Zorro, aportará 106.700 millones de pesos, con 60.000 millones provenientes del Ministerio de Salud y 46.700 millones del DNP. La Gobernación de Casanare, por su parte, asignará 118.573 millones de pesos, consolidando la financiación para esta obra clave.
Ortiz Zorro destacó que la nueva torre transformará estructuralmente la atención en salud del departamento. Según el mandatario, la infraestructura permitirá reducir las largas esperas por remisiones y consolidará a Casanare como un modelo en la prestación de servicios, ofreciendo tecnología de última generación y una atención digna y humanizada para los usuarios del sistema.
El proyecto, fruto de la colaboración entre la Secretaría de Salud, Red Salud Casanare y el HORO, inicia ahora su fase de contratación, con un plazo de ejecución estimado en 23 meses. La futura torre contará con 23 especialidades, incluyendo consulta externa, anestesia, cirugía pediátrica y gastroenterología.
Además, incorporará servicios esenciales como unidad renal, unidad materno infantil de alto riesgo en obstetricia, unidad oncológica, unidad de trauma, y unidades de cuidados intensivos e intermedios. Con seis pisos de arquitectura moderna, el sexto nivel estará dedicado a docencia e investigación, apuntando a la certificación como hospital universitario. Actualmente, se avanza también en la estructuración del proyecto de dotación biomédica para la torre.
Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de Hugo Díaz la tarde de este domingo 4 de enero de 2026, en cercanías al Peaje de San Pedro en la vía Villanueva – Monterrey, en la vereda Aeropuerto, jurisdicción del municipio de Villanueva.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el siniestro vial involucró una camioneta Mazda CX-5 y una motocicleta Bajaj Boxer de placa MRF50C, en la que se movilizaba la víctima fatal.
Según el reporte de las autoridades, el automóvil se desplazaba en sentido Villanueva – Monterrey y, al parecer, habría invadido el carril contrario, colisionando de frente con la motocicleta que transitaba por la misma vía en sentido contrario.
El impacto fue tan brutal, que el motociclista quedó fuera de la vía con múltiples lesiones. Testigos cuestionan que la ambulancia tardó cerca de 20 minutos para llegar a atender la emergencia. Unidades de policía judicial del CTI adelantaron los actos urgentes que permitan esclarecer las circunstancias exactas del accidente.
Hugo Díaz era habitante del municipio de Barranca de Upía, donde era reconocido como una persona apreciada por su comunidad, que hoy lamenta profundamente su fallecimiento. Las autoridades continúan con la investigación para establecer responsabilidades.
