CASANARE
Investigan subsidios de vivienda rural entregados durante el primer gobierno de “Tocayera” en Orocué
La Contraloría General de la República investiga al alcalde de Orocué, Anderson Bernal Tello, dentro de un proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en un programa de vivienda rural, adelantado durante su anterior mandato.
Según el auto de apertura del proceso, todo se originó dentro de una auditoría adelantada por la entidad en 2022 al proyecto que construyó la segunda fase del programa de vivienda campesina del municipio de Orocué, en la cual se detectó la presunta existencia de un daño al patrimonio público, por la ejecución del proyecto.
El proyecto total se desarrolló por un valor de $2.727 millones de pesos, y el presunto daño fiscal es de $991 millones de pesos, por lo que se abrió el proceso de responsabilidad fiscal que involucra al actual alcalde Anderson Salvador Bernal Tello y otras personas, incluido el también ex alcalde Monchy Yobanny Moreno Gualdrón.
Dentro de las múltiples inconsistencias que se encontraron en el mencionado programa de vivienda rural desarrollado durante el primer mandato del alcalde Anderson Bernal Tello, se entregaron subsidios a personas que no cumplían con la totalidad de requisitos para ser beneficiarios, como por ejemplo el certificado del Sisbén que era un documento o requisito indispensable para postularse y ser acreedor del subsidio, como lo establece el numeral 8 del Decreto Municipal 10 de 2018, que estipula los requisitos para acceder a programas de vivienda.
Se encontró además, que en 29 de los 60 beneficiarios su certificado del Sisbén no cumple con la fecha de antigüedad requerida o fecha de ingreso de la persona o de su núcleo familiar. “… pasando por encima de lo establecido en el Decreto 010 de 28 de febrero del 2018 en el artículo 16 numeral 8 que dispone “Certificado del SISBÉN, el cual debe contener fecha de ingreso al sistema, superior a cinco (5) años, puntaje, nivel conformación del núcleo familiar”, se lee en el auto de apertura del proceso por parte de la Contraloría General de la República Gerencia Departamental de Casanare.
Materiales de mala calidad
El informe de auditoría encontró también, que en algunas de las viviendas construidas con los subsidios otorgados se utilizaron materiales de mala calidad o con deficiencias técnicas en la construcción, encontrando que no se construyó como lo habían contratado sino de manera diferente.
Se encontró además, que algunas de las viviendas entregadas a personas que no cumplían con los requisitos estaban deshabitadas a la hora de realizar la visita por parte del ente de control, y otra se encontraba arrendada. Se cuestiona por parte de la Contraloría General de la República, que la Alcaldía de Orocué no inició acciones para restituir estos subsidios entregados de manera irregular.
Como si fuera poco, se otorgó uno de estos subsidios a la persona que para la fecha de los hechos era el representante legal de la empresa contratada para hacer la interventoría a la construcción de los subsidios. Es decir, se entregó un subsidio al interventor del contrato.
Reprocha también la Contraloría General de la República, que el municipio le giró los recursos al constructor de los subsidios de vivienda sin ningún tipo de póliza que amparara el buen manejo de los recursos, “y sin que existiera negocio jurídico que le permita a la entidad territorial reclamar al contratista por aspectos como la estabilidad de la obra construida y la calidad de la misma”.
Como medida cautelar dentro de la investigación por el proceso de responsabilidad fiscal, la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República ordenó la búsqueda de bienes de los funcionarios involucrados, para activar medidas cautelares como embargos, “para garantizar el pago del probable daño fiscal”.
Fuente: El Diario del Llanol – HOLA Casanare
Las autoridades mantienen una alerta preventiva en Casanare ante posibles acciones de grupos armados ilegales y anunciaron que reforzarán los operativos de control en puntos estratégicos de Yopal. En ese contexto, fue activado un plan candado en la ciudad, con sobrevuelos y revisión de cámaras de seguridad, para establecer la ruta de escape de dos hombres que perpetraron un atentado con explosivos en la capital.
El ataque ocurrió la noche del martes contra la empresa de Seguridad Avizor, ubicada en la calle 11 con carrera 31, sobre la vía a Sirivana, a pocos metros de la Estación de Policía Yopal. Según testigos, los responsables se movilizaban en una motocicleta NKD y vestían prendas negras, además portaban cascos del mismo color.
De acuerdo con el coronel Pablo Galindo, comandante del Departamento de Policía Casanare, los sujetos lanzaron, al parecer, una granada contra las instalaciones de la empresa. La explosión causó daños materiales en ventanales y parte de la estructura del inmueble, pero no dejó personas heridas.
La información preliminar indica que el hecho podría estar relacionado con un presunto caso de extorsión. El oficial señaló que horas antes la empresa habría recibido una llamada a su línea corporativa por WhatsApp; sin embargo, hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal por exigencias económicas ante las autoridades.
Un hombre identificado como Bladimir Castillo Urintive, conocido con el alias de “Blacho”, fue asesinado la tarde del miércoles en inmediaciones de Torres de San Marcos, en Yopal. De acuerdo con información preliminar, la víctima recibió cuatro impactos de arma de fuego en la región torácica y, aunque fue trasladado de urgencia a un centro médico por dos hombres en motocicleta, ingresó sin signos vitales.
Versiones iniciales indican que antes del ataque se habría presentado un altercado con un individuo y no se descarta un posible ajuste de cuentas por temas de microtráfico. Según las autoridades, Castillo Urintive registraba antecedentes judiciales por hurto, receptación, porte ilegal de armas y tentativa de homicidio. Además, en 2023 fue judicializado por el ataque contra Jéferson Pidiache, hecho que dejó a la víctima en condición de discapacidad.
Según fuentes extraoficiales, el hoy occiso habría estado vinculado recientemente a actividades de microtráfico en el sector, situación que es materia de verificación por parte de las autoridades judiciales. Tras el crimen comenzó a circular un panfleto con membrete atribuido a las disidencias de las antiguas Farc, en el que se le señalaba como supuesto “objetivo militar”. Panfleto donde también figura el nombre del hombre asesinado la noche del lunes en la Marginal de la Selva, en inmediaciones del sitio donde se construye el nuevo Terminal de Transportes de Yopal.
Las autoridades investigan la autenticidad del documento y si el homicidio estaría relacionado con disputas delincuenciales en la zona. El caso quedó en manos de los organismos de investigación, que adelantan labores para esclarecer los móviles del hecho y dar con los responsables.
Sobre la media noche del martes 24 de febrero, en el sector de San Rafael de Morichal en Yopal, hombres armados ingresaron a un predio privado e incineraron una retroexcavadora perteneciente a la empresa Trimex, utilizada para cargar material de río a volqueteros. En el lugar fue hallada una bandera de Colombia con grafitis alusivos a disidencias de las Farc.
Los responsables se identificaron como integrantes de disidencias de las antiguas Farc, y las autoridades orientan las pesquisas hacia el Frente 28, estructura que delinque en la región. No se descarta que el ataque esté relacionado con presuntas exigencias extorsivas contra la empresa propietaria de la maquinaria o los dueños del predio.
Alejandro Durán, coordinador de seguridad de la Secretaría de Gobierno de Yopal, confirmó que unidades judiciales realizaron la inspección técnica para recolectar elementos materiales probatorios y verificar si existían amenazas previas. Señaló que se desplegó un operativo conjunto para esclarecer los móviles del ataque y dar con los responsables.
