CASANARE
Investigan subsidios de vivienda rural entregados durante el primer gobierno de “Tocayera” en Orocué
La Contraloría General de la República investiga al alcalde de Orocué, Anderson Bernal Tello, dentro de un proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en un programa de vivienda rural, adelantado durante su anterior mandato.
Según el auto de apertura del proceso, todo se originó dentro de una auditoría adelantada por la entidad en 2022 al proyecto que construyó la segunda fase del programa de vivienda campesina del municipio de Orocué, en la cual se detectó la presunta existencia de un daño al patrimonio público, por la ejecución del proyecto.
El proyecto total se desarrolló por un valor de $2.727 millones de pesos, y el presunto daño fiscal es de $991 millones de pesos, por lo que se abrió el proceso de responsabilidad fiscal que involucra al actual alcalde Anderson Salvador Bernal Tello y otras personas, incluido el también ex alcalde Monchy Yobanny Moreno Gualdrón.
Dentro de las múltiples inconsistencias que se encontraron en el mencionado programa de vivienda rural desarrollado durante el primer mandato del alcalde Anderson Bernal Tello, se entregaron subsidios a personas que no cumplían con la totalidad de requisitos para ser beneficiarios, como por ejemplo el certificado del Sisbén que era un documento o requisito indispensable para postularse y ser acreedor del subsidio, como lo establece el numeral 8 del Decreto Municipal 10 de 2018, que estipula los requisitos para acceder a programas de vivienda.
Se encontró además, que en 29 de los 60 beneficiarios su certificado del Sisbén no cumple con la fecha de antigüedad requerida o fecha de ingreso de la persona o de su núcleo familiar. “… pasando por encima de lo establecido en el Decreto 010 de 28 de febrero del 2018 en el artículo 16 numeral 8 que dispone “Certificado del SISBÉN, el cual debe contener fecha de ingreso al sistema, superior a cinco (5) años, puntaje, nivel conformación del núcleo familiar”, se lee en el auto de apertura del proceso por parte de la Contraloría General de la República Gerencia Departamental de Casanare.
Materiales de mala calidad
El informe de auditoría encontró también, que en algunas de las viviendas construidas con los subsidios otorgados se utilizaron materiales de mala calidad o con deficiencias técnicas en la construcción, encontrando que no se construyó como lo habían contratado sino de manera diferente.
Se encontró además, que algunas de las viviendas entregadas a personas que no cumplían con los requisitos estaban deshabitadas a la hora de realizar la visita por parte del ente de control, y otra se encontraba arrendada. Se cuestiona por parte de la Contraloría General de la República, que la Alcaldía de Orocué no inició acciones para restituir estos subsidios entregados de manera irregular.
Como si fuera poco, se otorgó uno de estos subsidios a la persona que para la fecha de los hechos era el representante legal de la empresa contratada para hacer la interventoría a la construcción de los subsidios. Es decir, se entregó un subsidio al interventor del contrato.
Reprocha también la Contraloría General de la República, que el municipio le giró los recursos al constructor de los subsidios de vivienda sin ningún tipo de póliza que amparara el buen manejo de los recursos, “y sin que existiera negocio jurídico que le permita a la entidad territorial reclamar al contratista por aspectos como la estabilidad de la obra construida y la calidad de la misma”.
Como medida cautelar dentro de la investigación por el proceso de responsabilidad fiscal, la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República ordenó la búsqueda de bienes de los funcionarios involucrados, para activar medidas cautelares como embargos, “para garantizar el pago del probable daño fiscal”.
Fuente: El Diario del Llanol – HOLA Casanare
CASANARE
Gobernador y ministro de Salud inspeccionan obras del hospital de Maní y exigen acelerar trabajos
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, realizaron una visita al municipio de Maní para verificar el avance en la construcción del hospital de primer nivel, una obra largamente esperada por la comunidad y respaldada por el Gobierno nacional, con una inversión cercana a los 20.500 millones de pesos.
Durante el recorrido, las autoridades constataron que el proyecto registra actualmente un avance del 13 % en su ejecución. Frente a este panorama, el ministro Jaramillo hizo un llamado directo al contratista para que incremente el ritmo de trabajo y garantice una mayor eficiencia en el desarrollo de la obra, con el fin de cumplir los tiempos establecidos y responder a las expectativas de la población.
Por su parte, la gerente de Red Salud Casanare, Lady Patricia Bohórquez, explicó que, aunque el porcentaje de avance aún es bajo, el proyecto se encuentra dentro del cronograma previsto. Señaló además que ya se superó la etapa de cimentación, considerada la más compleja y demorada del proceso constructivo.
Bohórquez reiteró que, de mantenerse el cumplimiento del cronograma, el nuevo hospital de baja complejidad estaría listo para entrar en funcionamiento en el mes de julio, fortaleciendo la atención en salud del municipio de Maní y mejorando el acceso oportuno a servicios médicos básicos para sus habitantes.
Tras la visita a Casanare del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de la directora del DNP, Natalia Molina, se ratificó la asignación de los recursos para la construcción de la nueva torre de alta complejidad del Hospital Regional de la Orinoquia (HORO), una gestión liderada por el gobernador César Ortiz Zorro que hace realidad uno de los proyectos más esperados del departamento.
La financiación aprobada asciende a 106 mil millones de pesos, de los cuales 46.700 millones provienen del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y 60.000 millones del Ministerio de Salud. Estos recursos permitirán avanzar en una obra concebida para atender una de las problemáticas más graves del sistema de salud en Casanare, las constantes remisiones de pacientes hacia ciudades como Bogotá, Tunja o Villavicencio, muchas veces con desenlaces fatales por la espera o por la distancia.
El gobernador agradeció al ministro, al presidente y al personal que participó en la estructuración del proyecto, y señaló que se cumple una promesa hecha todos los casanareños, especialmente a las familias obligadas a desplazarse fuera del departamento para acceder a atención especializada.
De igual manera, Zorro afirmó que este proyecto representa el día más feliz de su vida y recordó que solo el año pasado se registraron 9.000 remisiones de pacientes hacia otras zonas del país, una situación que calificó como una tragedia para Casanare. Según explicó, con la nueva torre ese panorama va a cambiar, ya que permitirá prestar más de 23 especialidades médicas y quirúrgicas sin que los pacientes tengan que salir del departamento.
El costo total de la infraestructura es de 225 mil millones de pesos, de los cuales el Gobierno nacional aporta 106 mil millones y la Gobernación de Casanare asumirá el valor restante. La nueva torre ofrecerá servicios como anestesiología, cardiología general y pediátrica, cirugía general, pediátrica, de mama, de tejidos blandos, gastrointestinal, plástica y oncológica, además de oncología, cirugía maxilofacial, neonatología, neurocirugía, dermatología, gastroenterología, ginecoobstetricia, medicina interna, nefrología, neurología, nutrición y dietética, ortopedia, otorrinolaringología, urología, psicología y hematología, entre otros.
Además, el gobernador indicó que este proyecto abre la puerta a la creación de una cátedra de medicina en el departamento, con el fin de que los jóvenes puedan formarse como médicos sin salir de Casanare, un proceso que ya se viene trabajando con la Universidad Nacional y la UPTC.
Durante años, la salud mental en Yopal fue un tema relegado al silencio y atendido, en la mayoría de los casos, desde lo privado, con grandes limitaciones para las familias más vulnerables. Hoy, esa deuda histórica empieza a saldarse: el municipio contará con el hospital público de salud mental de la Orinoquía, una infraestructura pensada para cuidar la vida, prevenir tragedias y brindar atención digna y oportuna. Esta decisión se consolida bajo la administración del alcalde Marco Tulio Ruiz, como una respuesta institucional a una de las problemáticas sociales más sensibles del territorio.
Desde esta apuesta pública, la salud mental adquiere un lugar prioritario dentro del municipio, reconociendo que existen dolores que no se curan con medicamentos, pero sí con una adecuada intervención de profesionales especializados, acompañamiento oportuno y espacios diseñados para una atención integral. Con este proyecto, Yopal se posiciona a la vanguardia de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, al convertirse en sede del hospital público de salud mental de la Orinoquía colombiana.
La viabilidad de esta iniciativa, que contempla una inversión cercana a los 25.000 millones de pesos, fue posible gracias al trabajo articulado del alcalde Marco Tulio Ruiz, el apoyo de la senadora Sonia Bernal y el respaldo del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El proyecto fue estructurado por profesionales de la ESE Salud Yopal y de diferentes dependencias de la alcaldía, logrando su aprobación en un tiempo récord de ocho meses.
¿Qué tendrá el nuevo hospital?
El nuevo hospital contará con áreas de urgencias, hospitalización, laboratorio, farmacia y apoyos terapéuticos, convirtiéndose en una alternativa pública y accesible para las familias que hoy no cuentan con los recursos suficientes para asumir los costos de una atención privada o que deben desplazarse a otras regiones del país. Además del hospital de salud mental, el Ministerio de Salud también respaldó recursos para fortalecer la atención primaria en el territorio, mediante la remodelación del PAPS de Quebradaseca y de los CAPS de El Morro y La Chaparrera, ampliando así la capacidad de atención y prevención en salud para comunidades rurales y urbanas.
En materia de talento humano, cerca de 300 profesionales entre enfermeras, psicólogos, psiquiatras, neurólogos y médicos familiaristas serán capacitados para implementar el modelo de atención requerido en salud mental. A esto se suma la formación de 750 gestores comunitarios, quienes desde el territorio permitirán identificar de manera temprana a las personas que requieren acompañamiento profesional. Las cifras evidencian la urgencia de esta intervención: en el año 2024 se registraron 9 suicidios en Yopal y en 2025 la cifra ascendió a 8 casos. En el departamento de Casanare, 331 personas atentaron contra su vida, una realidad que exige respuestas inmediatas desde lo público y que hoy empieza a ser atendida con acciones concretas.
