CASANARE
Investigan subsidios de vivienda rural entregados durante el primer gobierno de “Tocayera” en Orocué
La Contraloría General de la República investiga al alcalde de Orocué, Anderson Bernal Tello, dentro de un proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en un programa de vivienda rural, adelantado durante su anterior mandato.
Según el auto de apertura del proceso, todo se originó dentro de una auditoría adelantada por la entidad en 2022 al proyecto que construyó la segunda fase del programa de vivienda campesina del municipio de Orocué, en la cual se detectó la presunta existencia de un daño al patrimonio público, por la ejecución del proyecto.
El proyecto total se desarrolló por un valor de $2.727 millones de pesos, y el presunto daño fiscal es de $991 millones de pesos, por lo que se abrió el proceso de responsabilidad fiscal que involucra al actual alcalde Anderson Salvador Bernal Tello y otras personas, incluido el también ex alcalde Monchy Yobanny Moreno Gualdrón.
Dentro de las múltiples inconsistencias que se encontraron en el mencionado programa de vivienda rural desarrollado durante el primer mandato del alcalde Anderson Bernal Tello, se entregaron subsidios a personas que no cumplían con la totalidad de requisitos para ser beneficiarios, como por ejemplo el certificado del Sisbén que era un documento o requisito indispensable para postularse y ser acreedor del subsidio, como lo establece el numeral 8 del Decreto Municipal 10 de 2018, que estipula los requisitos para acceder a programas de vivienda.
Se encontró además, que en 29 de los 60 beneficiarios su certificado del Sisbén no cumple con la fecha de antigüedad requerida o fecha de ingreso de la persona o de su núcleo familiar. “… pasando por encima de lo establecido en el Decreto 010 de 28 de febrero del 2018 en el artículo 16 numeral 8 que dispone “Certificado del SISBÉN, el cual debe contener fecha de ingreso al sistema, superior a cinco (5) años, puntaje, nivel conformación del núcleo familiar”, se lee en el auto de apertura del proceso por parte de la Contraloría General de la República Gerencia Departamental de Casanare.
Materiales de mala calidad
El informe de auditoría encontró también, que en algunas de las viviendas construidas con los subsidios otorgados se utilizaron materiales de mala calidad o con deficiencias técnicas en la construcción, encontrando que no se construyó como lo habían contratado sino de manera diferente.
Se encontró además, que algunas de las viviendas entregadas a personas que no cumplían con los requisitos estaban deshabitadas a la hora de realizar la visita por parte del ente de control, y otra se encontraba arrendada. Se cuestiona por parte de la Contraloría General de la República, que la Alcaldía de Orocué no inició acciones para restituir estos subsidios entregados de manera irregular.
Como si fuera poco, se otorgó uno de estos subsidios a la persona que para la fecha de los hechos era el representante legal de la empresa contratada para hacer la interventoría a la construcción de los subsidios. Es decir, se entregó un subsidio al interventor del contrato.
Reprocha también la Contraloría General de la República, que el municipio le giró los recursos al constructor de los subsidios de vivienda sin ningún tipo de póliza que amparara el buen manejo de los recursos, “y sin que existiera negocio jurídico que le permita a la entidad territorial reclamar al contratista por aspectos como la estabilidad de la obra construida y la calidad de la misma”.
Como medida cautelar dentro de la investigación por el proceso de responsabilidad fiscal, la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República ordenó la búsqueda de bienes de los funcionarios involucrados, para activar medidas cautelares como embargos, “para garantizar el pago del probable daño fiscal”.
Fuente: El Diario del Llanol – HOLA Casanare
CASANARE
Alcaldía de Yopal refuerza controles frente a la Brigada 16 para no permitir estacionamiento
La Alcaldía de Yopal, a través de la Secretaría de Movilidad, adelanta jornadas de socialización y control en la Transversal 18 para garantizar el cumplimiento del Decreto 059 de 2025, que prohíbe de manera permanente el estacionamiento en este corredor vial entre las calles 6 y 10.
La medida busca mejorar la movilidad, mantener despejada una vía estratégica de la ciudad y fortalecer las condiciones de seguridad en este sector. Durante las jornadas, los agentes de tránsito desarrollan acciones de sensibilización dirigidas a usuarios y al gremio transportador.
Las autoridades también hicieron un llamado a los pasajeros para comprender que los conductores de servicio público deben cumplir la normatividad vigente, por lo que no pueden realizar paradas o estacionamientos en áreas prohibidas.
Según la administración municipal, la restricción responde a criterios técnicos y recomendaciones de seguridad relacionadas con el entorno del Cantón Militar, ubicado en esta zona de la ciudad, permitiendo reducir riesgos y mejorar el flujo vehicular.
La Secretaría de Movilidad reiteró la invitación a conductores y ciudadanos para acatar la señalización y respetar las disposiciones vigentes, recordando que el cumplimiento de estas medidas contribuye a una ciudad más organizada y segura.
Un múltiple homicidio sacudió la noche de este 16 de abril de 2026 al municipio de Villanueva, luego de que cinco hombres fueran asesinados con arma de fuego en la vereda El Fical. El hecho se registró hacia las 7:30 p.m. en un establecimiento conocido como “Casa de Tabla”, hasta donde llegaron dos sujetos en motocicleta que, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las víctimas.
De acuerdo con la información preliminar, los fallecidos fueron identificados como Ricardo Granada Diez, conocido como “Richi”; Ricardo Montaña Roa; Víctor Manuel Rodríguez Moreno, conocido como “Cagüeño”; Ilmer Johan Cáceres Moreno, conocido como “Rasguño”; y José Ariel Torres Macías, a quien llamaban “Cachicamo”. Las autoridades indicaron que las víctimas se encontraban en el lugar compartiendo luego de realizar labores relacionadas con la recolección de ganado en la zona.
Tras perpetrar el ataque, los sicarios huyeron del sitio con rumbo desconocido, lo que activó un operativo de las autoridades para dar con su paradero. Unidades de Policía y Ejército acordonaron el área y adelantan labores de investigación para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.
Circula en redes sociales un video que muestra la crudeza del ataque, donde se observa que las víctimas no tuvieron la menor oportunidad de defenderse. Algunos quedaron alrededor de una mesa de billar existente en el negocio, mientras se escucha música popular estridente.
De manera preliminar, se maneja como principal hipótesis un posible ajuste de cuentas relacionado con el delito de abigeato. Asimismo, se conoció que las víctimas registraban antecedentes por diferentes conductas delictivas, aspecto que es analizado dentro del proceso investigativo.
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, al tiempo que rechazó el hecho ofreció una recompensa de hasta $50 millones de pesos, para la persona que suministre información que permita la captura de los responsables del hecho.
CASANARE
Sindicatos dicen que Interventora temporal de Capresoca estructuró el modelo que agravó el caos
El sindicato Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado SUNET Casanare, solicitó al Gobierno Nacional la designación urgente de un agente interventor especial externo para CAPRESOCA EPS, tras cuestionar la reciente designación de Bibi Dayana Daniels Rueda como agente interventora sustituta temporal de la entidad, quien se venía desempeñando como Gerente Operativa.
La petición fue elevada al presidente Gustavo Petro, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud, en medio de crecientes preocupaciones por la prestación del servicio a más de 170.000 afiliados en el departamento.
Ante este panorama, SUNET pidió que se designe un interventor independiente externo con perfil técnico y sin conflictos de interés, y solicitó incluir a CAPRESOCA en un plan nacional de salvamento. Asimismo, defendió el carácter público de la EPS y su potencial como modelo de gestión en salud, reiterando la urgencia de medidas que garanticen la atención oportuna y la estabilidad institucional.
